Uno de los saqueadores del Palau de la Música oculta ingresos a la justicia

Uno de los saqueadores confesos del Palau de la Música, Jordi Montull, ha ocultado una parte de sus ingresos al tribunal que trata de resarcir a los perjudicados por el expolio. En abril de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que ...

Uno de los saqueadores confesos del Palau de la Música, Jordi Montull, ha ocultado una parte de sus ingresos al tribunal que trata de resarcir a los perjudicados por el expolio. En abril de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condenó a Montull a siete años y medio de cárcel, al pago de una multa de 2,9 millones y a devolver —junto a Fèlix Millet— los 23 millones que robaron de la institución cultural. Dos meses más tarde, el hombre que fue mano derecha de Millet dijo al tribunal encargado de ejecutar la responsabilidad civil que sus únicos ingresos procedían de la pensión de jubilación, según la documentación consultada por EL PAÍS. Con los 2.000 euros de la prestación, afirmó, mantenía también a su esposa, Mercè Mir. No era cierto y esa mentira puede costarle ahora una nueva causa penal.

Montull ocultó que estaba percibiendo, además de la pensión, ingresos por el alquiler de una propiedad que tiene a medias con su pareja en la localidad costera de El Masnou (Barcelona). La vivienda permanece embargada por la justicia desde 2012, tres años después de que los Mossos d’Esquadra registraran el coliseo modernista y en plena instrucción del caso Palau, uno de los mayores escándalos de corrupción de la Cataluña contemporánea. La causa sirvió, entre otras cosas, para probar por primera vez la financiación ilegal de Convergència (CDC). El partido fue condenado por usar al Palau como tapadera para cobrar 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a empresas a cambio de adjudicarles obras públicas durante el último Gobierno de Jordi Pujol.

Con la condena firme, Montull remitió un escrito a la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que juzgó los hechos y que es la responsable también de que se ejecute la sentencia. En el texto se comprometía a pagar “500 euros al mes” para hacer frente a su responsabilidad civil “sin perjuicio de venir a mejor fortuna”. Reconocía que la cantidad “puede parecer irrisoria”, pero lo justificó en el hecho de que los únicos ingresos familiares procedían de la pensión. Su esposa, alegó, “carece de ingresos o ahorros propios”.

La Agencia Tributaria dio la pista del caso Palau —al detectar un trasiego excesivo de billetes de 500 euros en la institución— y es ahora también la que ha alertado sobre el alquiler de Montull, que consta en su declaración de IRPF desde 2019 y que fue “ocultado deliberadamente” a la justicia, según Hacienda. El pasado 6 de septiembre, la letrada de la administración de justicia (LAJ) —que lleva el peso de las ejecuciones de sentencias— puso en conocimiento de la Fiscalía que esa ocultación constituía un delito. “La realidad evidencia que [ni Montull ni Mir] informó a la sala de que la pensión de 2.000 euros no era sus únicos ingresos, lo que supone como mínimo una falta de colaboración en la ejecución de la sentencia”. También acordó el embargo de las rentas y pidió información sobre otros posibles inmuebles alquilados. Ese mismo mes de septiembre, el Departamento de Justicia de la Generalitat concedió a Montull el tercer grado penitenciario, lo que le permite pasar el día fuera y volver a la cárcel de Brians 2 solo a dormir.

La defensa de Montull ha recurrido el escrito al considerar que la LAJ se extralimitó en sus funciones. La decisión de los magistrados de la Sección Décima sobre si envían el caso a un juez para que abra un nuevo proceso penal contra Montull aún está pendiente.

Riesgo de delito

La Fiscalía ya se ha opuesto al recurso y concluye que Montull cometió un delito de frustración a la ejecución, que castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel a quien, entre otras cosas, oculte patrimonio “con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles”. El escrito de la fiscal Marta Marquina recuerda que, “a pesar del largo tiempo transcurrido”, Montull y Mir “no han satisfecho las cantidades económicas” a las que fueron condenados y han llevado a cabo un “incumplimiento reiterado” de sus obligaciones.

El resto de las acusaciones en el caso Palau también ven indicios de delito. La Generalitat recuerda que Montull “no ha consignado voluntariamente en la cuenta de esta sala los importes percibidos” por el alquiler de El Masnou. También el Palau de la Música reprocha que el ex número dos de la institución esté “disfrutando de unos fondos que deben ir encaminados a satisfacer las cuantiosas responsabilidades civiles” y exige averiguar si están cobrando otras cantidades por alquilar otros inmuebles embargados.

La biblioteca de Gemma Montull

Fèlix Millet y Jordi Montull fueron los dos principales condenados en el caso Palau. En un segundo nivel se sitúa la hija de Montull y exadministradora financiera del Palau de la Música, Gemma Montull. Fue condenada finalmente por el Tribunal Supremo a cuatro años de cárcel y al pago de una multa de 2,6 millones de euros. En octubre de 2020, la Audiencia de Barcelona suspendió su ingreso en prisión porque los tres delitos por los que fue condenada no superan (por separado) los dos años y porque es la primera vez que delinquía. A cambio, Montull se comprometió a no volver a delinquir durante cinco años, a pagar 500 euros al mes para resarcir el daño causado al Palau y a cumplir un año de trabajos en beneficio de la comunidad. La sala lo acordó entre otras cosas porque sus bienes (cinco inmuebles y dos aparcamientos por valor de un millón) estaban a disposición de la justicia.

La Secretaría de Medidas Alternativas del Departamento de Justicia de la Generalitat —que se encarga de organizar los trabajos en beneficio de la comunidad— envió un informe este septiembre detallando que, hasta la fecha, Montull había cumplido 15 de las 365 jornadas en la biblioteca municipal de Arenys de Mar. Más tarde, sin embargo, se fue a vivir a Terrassa y Justicia busca ahora “una entidad en su entorno” que “se adapte a sus necesidades” (solo puede de 14 a 16 horas) para cumplir la pena. La fiscal Marta Marquina ha remitido ya un escrito a la sala en el que exige que se cumplan los 365 días para que “no se desvirtúen o distorsionen los efectos” de la condena.