Violant Cervera defiende “repensar nuestro sistema de protección social”

La consejera de derechos sociales considera que debe aumentarse la prevención

Violant Cervera en el fórum de la Fundació Pere TarrésEL PAÍS

“Es necesario repensar nuestro sistema de protección social” aumentando la prevención y la capacidad de respuesta de las administraciones ante nuevas demandas. Éste fue uno de los hilos conductores de la intervención de la consejera de derechos sociales de la Generalitat, Violant Cervera, en el foro que organiza la ...

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“Es necesario repensar nuestro sistema de protección social” aumentando la prevención y la capacidad de respuesta de las administraciones ante nuevas demandas. Éste fue uno de los hilos conductores de la intervención de la consejera de derechos sociales de la Generalitat, Violant Cervera, en el foro que organiza la Fundació Pere Tarrés con la colaboración de EL PAÍS. Cevera fue presentada por Enric Canet, responsable de relaciones ciudadanas del Casal dels Infants del Raval.

Cervera hizo una descripción preocupante del panorama social en Cataluña tras la pandemia. Si la crisis de 2008 ya supuso un aumento de la desigualdad y la pobreza, recordó, la pandemia de 2020 ha “tenido impactos devastadores. La covid ha penetrado en las grietas y fragilidades de nuestra sociedad”. Y apoyó esta descripción con una serie de datos sobre como los sectores más débiles han visto multiplicadas sus dificultades. Por ejemplo, la población en riesgo de pobreza en 2019 era el 23,6% y un año después había crecido al 26,3%. “Un 10% de la población de Cataluña tiene dificultades para llegar a fin de mes y no puede afrontar gastos imprevistos”. También recordó que el paro afecta más a las mujeres (un 55%) sin contar la economía sumergida de cuidadoras y trabajadoras del hogar.

La consejera subrayó que el Gobierno catalán no tiene las suficientes herramientas políticas para actuar con plena eficacia. Citó una voluntad recentralizadora del Gobierno español (que aporta únicamente el 15% de la factura de la ley de la dependencia) y la existencia de sentencias que laminan el marco competencial. Con todo, afirmó, el Gobierno catalán continuará e intensificará las políticas de protección social. Cervera enumeró una apreciable serie de proyectos a corto o medio plazo aunque, por el momento, no pudo precisar en qué porcentaje aumentará el presupuesto del departamento para 2022. Con respecto a una de las nuevas responsabilidades de su consejería, la vivienda, afirmó que la idea es aumentar el actual porcentaje de vivienda de alquiler social y pasar del 1% del parque al 7%.

Cervera destacó la necesidad de una mayor transversalidad de las políticas y de un buen entendimiento con las organizaciones del tercer sector. Hizo un particular hincapié en que el nuevo modelo dote de mayor autonomía a las personas con alguna discapacidad garantizando que puedan vivir donde deseen. Propuso una agencia de atención integrada para planificar y responder a necesidades sociales y sanitarias. Otro ejemplo de colaboración institucional es el despliegue de 11 casas para atender de forma integral a menores víctimas de abusos sexuales, siguiendo un modelo de Save the Children, que permita que los trámites judiciales, policiales y la atención médica se presten en un único espacio. Otra propuesta fue la de mejorar los requisitos y sistema de evaluación de la Renta Garantizada, que actualmente llega a 168.000 beneficiarios, y un mejor encaje de la misma con el Ingreso Mínimo Vital.

El foro se celebró con un formato híbrido que combinaba la asistencia presencial con el seguimiento a través de Internet. Hubo cerca de 200 inscripciones. Durante el debate se planteó a la consejera qué respuesta dará su departamento a los contratos del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que reflejan procedimientos de adjudicación sin publicidad y complementos salariales de dudosa legalidad entre 2014 y 2019, según ha publicado El Periódico. Cervera, su actual presidenta, subrayó que en el citado consorcio participan la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y que ha sido la propia Intervención General de la Generalitat la que ha detectado el problema. “Me consta que algunas recomendaciones de la Intervención para subsanar determinadas irregularidades ya se han satisfecho. En cualquier caso, seguiremos todas las recomendaciones que nos lleguen de la Intervención”.

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