El tribunal superior catalán asume la causa contra Laura Borràs por los contratos a dedo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha declarado competente para investigar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por los contratos a dedo que adjudicó durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) de la Generalitat. Borràs fue investigada por el Tribunal Supremo porque era diputada en el Congreso. Tras las elecciones del 14-F en Cataluña, en las que lideró la candidatura de Junts per Catalunya, se convirtió en diputada autonómica,...

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha declarado competente para investigar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por los contratos a dedo que adjudicó durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) de la Generalitat. Borràs fue investigada por el Tribunal Supremo porque era diputada en el Congreso. Tras las elecciones del 14-F en Cataluña, en las que lideró la candidatura de Junts per Catalunya, se convirtió en diputada autonómica, de modo que la competencia para investigarla (y en su caso, juzgarla) corresponde al TSJC.

En un auto remitido este jueves, la sala civil y penal del TSJC se declara competente para investigar a Borràs por los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de fondos públicos y falsedad documental. “Atendido el avanzado estado de las actuaciones remitidas por el Supremo (...) es necesario seguir el procedimiento de investigación de los hechos”, señala el texto. El tribunal ha designado ponente de la instrucción al magistrado Jordi Seguí.

La presidenta del Parlament está investigada por fraccionar contratos de la ILC —por casi 260.000 euros— para adjudicárselos a dedo a un colaborador suyo, el informático Isaías H. Los hechos se produjeron en la etapa de Borràs al frente de la institución que promueve las letras catalanas (entre 2013 y 2018) y antes de dar el salto a la primera línea política de la mano del expresidente Quim Torra. La causa judicial amenaza la carrera política de Borràs, ya que los delitos que se le atribuyen no solo implican penas de cárcel, sino también de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Borràs ha negado siempre de forma tajante haber cometido cualquier irregularidad y ha atribuido la investigación abierta contra ella por corrupción a una maniobra del Estado para frenar el proceso independentista. Cuando fue citada ante el Supremo, se acogió a su derecho a no declarar.