La caja de solidaridad independentista se ve desbordada para abonar más multas millonarias
La entidad pide a los partidos, enfrentados por la investidura, una respuesta política y contundente más allá de las donaciones
La apertura de una nueva causa penal contra la anterior cúpula de la acción exterior de la Generalitat, por el supuesto desvío de fondos para “impulsar el procés”, ha desatado todas las alarmas en el independentismo. Hasta ahora, la caja de solidaridad, creada por las entidades independentistas, ha costeado 14 millones de euros en multas y asistencia jurídica, pero avisa de su limitación para afrontar las nuevas ...
La apertura de una nueva causa penal contra la anterior cúpula de la acción exterior de la Generalitat, por el supuesto desvío de fondos para “impulsar el procés”, ha desatado todas las alarmas en el independentismo. Hasta ahora, la caja de solidaridad, creada por las entidades independentistas, ha costeado 14 millones de euros en multas y asistencia jurídica, pero avisa de su limitación para afrontar las nuevas sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas, que algunas fuentes calculan que podrían llegar a sumar entre 35 y 40 millones de euros. Josep Cruanyes, portavoz de la caja de solidaridad, afirma que seguirán recibiendo donaciones, pero pide a los partidos una respuesta política contundente y llevar el caso a Naciones Unidas.
“Son cifras astronómicas. Es de una dimensión tan grande que requiere una respuesta internacional que va más allá de la caja”, afirma Cruanyes, que ya ha trasladado su petición a los partidos independentistas. “La caja se ha mantenido con solidaridades anónimas y tiene una fuerza inmensa. Y seguirá haciendo su papel, pero la respuesta política tiene que ir por delante”. Su propuesta de pedir a los partidos o al Govern que se impliquen se produce justo cuando Esquerra y Junts están divididos en las negociaciones para reeditar el Ejecutivo sin pactar la hoja de ruta independentista. Su relación está tan deteriorada que miembros de los dos partidos admiten que la cadena de multas no les va a cohesionar.
El papel de la caja de solidaridad afloró este jueves después de que el exsecretario general del Consejo de Diplomacia de Cataluña (Diplocat), Albert Royo, explicara en las redes sociales que tendrá que asumir una gran parte de la multa de 4,8 millones de euros —en total, 4,5— que ha impuesto el Tribunal de Cuentas a la excúpula de la acción exterior de la Generalitat. “Llamamiento a la solidaridad”, tuiteó el exdirigente del consejo de la Diplocat. Royo no puede afrontar esa suma con su patrimonio. La situación es similar a la que se enfrentan una decena de investigados, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont o el exconsejero de Acción Exterior, Raül Romeva (en prisión tras el juicio al procés por delitos de sedición y malversación).
Cruanyes y algunos investigados aseguran que la cifra podría aumentar como una bola de nieve revisando los diferentes ejercicios de la entidad desde la que, según la justicia, se promovió la independencia de Cataluña en el exterior. De hecho, el organismo se clausuró bajo la aplicación del artículo 155 en 2017. Fue el primer organismo que el expresident Quim Torra reactivó tras llegar a la Generalitat.
La Caja de Solidaridad puesta en marcha en 2017 por entidades como la ANC y Òmnium ha sido clave para pagar las fianzas y multas de decenas de políticos y activistas que se definen como “víctimas de la represión política”, como exconsejeros y exdiputados. También han colaborado los partidos con sus propios fondos (donaciones extraordinarias de los afiliados, por ejemplo) pero el grueso de las ayudas sale de los bolsillos de los ciudadanos que ven en la acción de la justicia una “represalia” contra el independentismo. Se ha llegado a recaudar más de 14 millones de euros y, por ejemplo, se sufragaron las multas por la organización de la consulta del 9-N (unos tres millones) o las de los altos cargos del Ejecutivo que están siendo investigados por los preparativos del 1-O (3,7 millones).
La actuación de las diferentes instancias del Estado contra líderes del procés ha impulsado las donaciones en el pasado, aprovechando momentos clave como las manifestaciones independentistas de cada Diada del 11 de septiembre. La situación no parece que se vaya a repetir ahora: los partidos son conscientes que será más complicado lograr que sus bases se movilicen y realice donaciones por la división en el seno del independentismo.
Dentro de los partidos también se ha reducido el margen de maniobra. Solo ERC cuenta con el patrimonio suficiente (sus sedes) para poder hacer frente a posibles acciones legales y los afectados de sus filas han recibido mensajes de tranquilidad por parte de la dirección. Junts es aún un partido con una estructura muy joven y no cuenta con bienes inmuebles considerables, con lo cual solo le queda pedir contribuciones a sus afiliados. Las finanzas del PDeCAT, por su parte, están en una situación complicada tras las responsabilidades por el caso Palau y el declive electoral.
En marzo, la Abogacía del Estado envió al Tribunal Supremo, de cara al trámite de los indultos, la certificación de que los condenados por el procés en el juicio penal habían hecho frente a los 4,12 millones de euros que se les reclamaba (también con la ayuda de la caja). En marzo del año pasado, la caja y los partidos ya tuvieron que emplearse a fondo para poder hacer frente a la multa de 4,5 que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había impuesto a los exresponsables de Economía, los republicanos Lluís Salvadó y Josep María Jové.
Los abogados elevaron un recurso en el que ponían de manifiesto el solapamiento entre las vías penales y administrativa y que ya se había pagado otra fianza por los mismos hechos al Tribunal de Cuentas. Los magistrados redujeron el importe a pagar, a la espera de que el órgano fiscalizador se pronunciara. Cruanyes califica las multas de “locura” y también considera que se pretende castigar dos veces el mismo hecho.
El Tribunal de Cuentas, en un informe, concluyó que entre otras irregularidades se hicieron contrataciones y otorgaron subvenciones “al margen de las competencias” de la Generalitat y “eludiendo la concurrencia pública”. El Tribunal puso en conocimiento de la Fiscalía que había algunos hechos que podrían implicar responsabilidades penales y, este jueves, trascendió que la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García, había abierto diligencias de investigación.
Además de Romeva y Royo, la causa de instrucción 18 se dirige contra otros ocho altos cargos: Roger Albinyana, responsable de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea (SAEUE); Teresa Prohias, directora de servicios de Presidència; Víctor Cullell, director de análisis y prospectiva de Presidència; Aleix Villatoro, secretario general del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia; Roser Clavell, secretaria general de Diplocat; Manuel José Vila, director general de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo; Gerard Figueras, presidente del Consejo Catalán de Deportes; y Antoni Reig, director del Consejo Catalán de Deportes.