La juez suspende el desahucio del gimnasio Sant Pau para dar tiempo al Ayuntamiento a negociar la compra

De nuevo en el último momento, apenas unas horas antes. La juez ha suspendido el desahucio del gimnasio social Sant Pau de Barcelona previsto para este viernes. La suspensión atiende la petición de Ayuntamiento de Barcelona que este jueves la ha solicitado para continuar negociando la compra del equipamiento con las empresas propietarias. Por ahora no ha fijado una nueva fecha para el lanzamiento. Fuentes de estas firmas propietarias han considerado la suspensión...

De nuevo en el último momento, apenas unas horas antes. La juez ha suspendido el desahucio del gimnasio social Sant Pau de Barcelona previsto para este viernes. La suspensión atiende la petición de Ayuntamiento de Barcelona que este jueves la ha solicitado para continuar negociando la compra del equipamiento con las empresas propietarias. Por ahora no ha fijado una nueva fecha para el lanzamiento. Fuentes de estas firmas propietarias han considerado la suspensión “nada ajustada a derecho” y han asegurado que la recurrirán.

A mediodía, el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a través de un escrito al juez el aplazamiento del desahucio. El Ayuntamiento ha explicado que sigue negociando con la propiedad la compra del gimnasio social, que funciona como equipamiento y desde que comenzó la pandemia ofrece duchas y ropero a más de 150 personas sin techo cada día. El servicio es fruto de un contrato con el Consistorio que expira también esta semana. Los responsables del Sant Pau han celebrado el gesto del Ayuntamiento, pero exigen que si no hay acuerdo con el precio se expropie el edificio.

La agonía de este equipamiento se ha convertido también una cuestión política dentro del Ayuntamiento, y es muy probable que marque el pleno ordinario de este viernes. Por la gestión de este conflicto en particular y porque el caso del Sant Pau abre un debate sobre las cantidades pagadas u ofrecidas por la ciudad por otras compras de inmuebles reclamados en su día por colectivos ciudadanos, como las casas de la calle de Encarnació, Torre Garcini o el hotel Buenos Aires.

El concejal de Presidencia, Jordi Martí, ha explicado que el Ayuntamiento y la Generalitat crearán un grupo de trabajo para explorar nuevas vías o “hipótesis” de solución: “Porque las capacidades de movimiento del Ayuntamiento son las que son” desde el punto de vista competencial y presupuestario, ha argumentado.

Contra el desahucio se han movilizado colectivos del distrito de Ciutat Vella y también, desde la oposición, los grupos municipales de ERC y Junts. La situación de ahora es casi idéntica a la de finales de enero, cuando el Consistorio y la propiedad se dieron un plazo de dos meses más para negociar. Al final, han sido tres meses, porque en paralelo la cooperativa que gestiona la instalación pidió un aplazamiento del desahucio hasta el 30 de abril. La instalación funciona sin contrato de alquiler desde el pasado verano, de ahí la orden de desahucio. El edificio tiene varios propietarios: Samaranch Viñas, Julia y CIA BC.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Laura Pérez, y el concejal de Presidencia, Jordi Martí, han comparecido este jueves a mediodía y han lanzado dos mensajes: su apoyo al equipamiento y el trabajo que realiza, y que el Ayuntamiento no puede pagar más de 9,7 millones de euros, porque la cifra es fruto de una tasación que tiene las garantías que requieren operaciones como esta. La propiedad pedía 14 millones, pero fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que ha rebajado sus pretensiones. Fuentes de las empresas propietarias no confirman las cantidades.

Además de mantener el gimnasio, la compra del edificio permitiría al Ayuntamiento edificar más plantas y destinarlas a hasta 47 pisos públicos, según el proyecto que tiene el consistorio sobre la mesa del despacho de arquitectos Straddle3.

Pérez ha manifestado que el Sant Pau es un “equipamiento con una vertiente social y comunitaria, de referencia en el territorio” y que el Consistorio tiene “toda la voluntad de seguir trabajando en el futuro, porque el trabajo que hacen es más importante que nunca, tanto para la entidad como para las personas que atiende”. Por su parte, sobre el precio del inmueble Martí ha insistido en que no lo pueden subir porque es que es fruto de una tasación en la que han participado expertos y peritos y se ha tenido en cuenta el mercado inmobiliario de la zona: “Vale esto y no vale otra cosa, estoy seguro de que se impondrá el sentido común, pero tiene que pasar el tiempo necesario para que llegue a buen puerto”.

El Sant Pau, en la calle que lleva el mismo nombre, en el barrio del Raval tocando a Sant Antoni, es un símbolo de la Barcelona que, sin ruido pero durante ocho décadas, se ha ocupado de los vecinos con menos recursos. Además de su papel como instalación deportiva —donde muchos usuarios no pagan cuotas— ahora ejerce de equipamiento público y su desalojo sería un golpe difícil de entender para parte de la ciudadanía y difícil de explicar para el gobierno municipal.

El director del equipamiento, Ernest Morera, ha celebrado el gesto, aunque ha manifestado que les hubiera gustado que llegara “una semana antes”. Además ha pedido al consistorio que expropie el edificio si no hay acuerdo sobre el precio entre la partes. “No entendemos como no se expropia si la propiedad no acepta el precio, entendemos que tiene que ser un juez quien fije el precio” ha lamentado. Tras conocer la suspensión, la cuenta de Twitter del Gimnasio ha agradecido el apoyo de entidades, movimientos por la vivienda y partidos y ha afirmado que mantienen la convocatoria para mañana a primera hora “por la gravedad de los desahucios que habrá en Ciutat Vella y el Poble Sec”. “Nos ponemos a su disposición”, han afirmado.

Desde ERC, el concejal Jordi Coronas ha pedido que el precio que se acabe pagando sea “justo y asumible”. Y ha recordado que la ciudad ha ofrecido casi ocho millones de euros para la operación de expropiación de dos casitas de la calle de la Encarnació, en Gràcia, donde también hay una encina centenaria. “Recuerdo que la ciudad paga ocho millones para salvar la encina de Gràcia y hacer 15 viviendas dotacionales, ¿Cuántos salen del edificio del Sant Pau y qué coste tiene el metro cuadrado en comparación con Gràcia?. ¿Y hotel Buenos Aires? ¿Y torre Garcini?”, ha preguntado en relación a otros edificios comprados.

Por parte de Junts, Elsa Artadi ha asegurado: “Si mañana no se para el desahucio, será culpa de Colau, que hace 15 años que tiene el tema sobre la mesa, lo ha mareado y no lo ha resuelto”.