La justicia ordena a la Generalitat que vacune “sin dilaciones” a policías y guardias civiles en Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado este martes que el Departamento de Salud de la Generalitat vacune a los guardias civiles y los policías nacionales destinados en Cataluña. Y le da 10 días para alcanzar la misma proporción de los Mossos d’Esquadra inmunizados. La decisión es una medida cautelar a raíz de una denuncia de los sindicatos Jupol y Jucil por la paralización de la vacunación de ambos colectivo...

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado este martes que el Departamento de Salud de la Generalitat vacune a los guardias civiles y los policías nacionales destinados en Cataluña. Y le da 10 días para alcanzar la misma proporción de los Mossos d’Esquadra inmunizados. La decisión es una medida cautelar a raíz de una denuncia de los sindicatos Jupol y Jucil por la paralización de la vacunación de ambos colectivos. El auto recoge, citando cifras de Salud, que a 22 de abril de 2021 han sido vacunados el 80,3% de los Mossos, el 71,2% de los policías locales y el 79,1% de la Guardia Urbana de Barcelona frente al 9,9% de los policías y el 6,3% de los guardias civiles.

La Generalitat confirmó que cumplirá el requerimiento judicial, pero el secretario general de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon, criticó la decisión de igualar los porcentajes de cobertura en todos los cuerpos. “No calificaré el criterio judicial, pero es ridículo. Cumpliremos con la orden judicial, aunque para ello dejaremos de vacunar a gente de 70 años. Ahí lo dejo”. El responsable concretó que de no haberse producido la interrupción cautelar de la vacunación con AstraZeneca a los menores de 55 años, los agentes “ya estarían inmunizados”, y explicó que Salud empezó a vacunar a los agentes policiales “cuando recibimos las listas del censo”, informa Bernat Coll.

El auto exige al Departamento de Salud de la Generalitat que “sin excusa alguna garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación” de los policías nacionales y los guardias civiles que prestan servicio en Cataluña. Dos días después, pasado el plazo máximo de los diez que le da a la administración catalana, deberá “informar a este Tribunal del estado de ejecución de la medida cautelar”. “No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están en activo puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población”, añade el tribunal, que asegura que los porcentajes de vacunación, sin entrar en el fondo de la cuestión, aportan una “apariencia de discriminación” de los funcionarios del Estado.

En su razonamiento, el tribunal no acepta las alegaciones del Departamento de Salud que se opone a las medidas cautelares. Esgrime, entre otros motivos, que ya se está vacunando a los policías y guardias de entre 60 y 65 años, y asegura que no ha habido discriminación. El tribunal recuerda que se está inmunizando a esos colectivos por criterio de edad y no en función de su profesión. Por todo ello, considera que es de “vital importancia suprimir el espacio de riesgo” hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo de la cuestión.

El TSJC también niega que la medida cautelar adoptada pueda suponer un “perjuicio para otros grupos de población”, atendiendo a las “nuevas remesas de dosis de vacuna” y que el “contingente de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña sea reducido”, con unos 7.000 agentes desplegados. “En todo caso, no parece razonable que a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del CNP y de la GC con destino en Cataluña”, concluye.

Las medidas cautelares también han sido defendidas la Fiscalía, a favor también de la reanudación de la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles que ejercen en esta comunidad, al considerar que sufren una “clara e injustificada situación de discriminación” respecto a los Mossos. En el informe remitido al TSJC, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía Superior de Cataluña apoya la petición de los sindicatos de Guardia Civil y Policía Nacional, Jucil y Jupol, respectivamente, para que se dicten medidas cautelares que ordenen al Departamento de Salud proseguir con la vacunación de los agentes de esos cuerpos.

Ambos sindicatos policiales presentaron una demanda en la que pedían al TSJC medidas cautelarísimas porque consideran que se ha frenado el proceso de vacunación de policías nacionales y guardias civiles, a diferencia del de Mossos d’Esquadra y Bomberos, lo que a su parecer vulnera el derecho fundamental “a la igualdad y la no discriminación”.

El alto tribunal rechazó esas medidas cautelarísimas —que se adoptan de forma urgente, sin tener en cuenta las alegaciones de la otra parte—, pero sí ha aceptado las medidas cautelares, tras escuchar al Departamento de Salud y al ministerio público. En su escrito, que avanza este martes el periódico El Mundo, la Fiscalía mantiene que, de ser ciertos los hechos alegados por los sindicatos policiales, “se habría causado —o se estaría causando— además de un patente incumplimiento normativo, una clara e injustificada situación de discriminación por parte de la administración sanitaria catalana”. Por ello, el ministerio público apoya las medidas cautelares solicitadas en la demanda, ya sea la reanudación de la vacunación —en el caso de que se haya “anulado sine die para dichos colectivos”— o la aplicación del plan nacional de vacunación covid-19, que establece que los agentes policiales son trabajadores esenciales y, como tales, tienen prioridad en la inmunización.

La vacunación a los policías y guardias civiles empezó un mes más tarde que la de los Mossos y las policías locales. Entonces, la administración central y la autonómica cerraron filas y alegaron que se había debido a problemas logísticos. Pero el 8 de abril, la vacunación se vio interrumpida indefinidamente con la decisión de vacunar con AstraZeneca exclusivamente a colectivos de entre 60 y 65 años. Los sindicatos de ambos cuerpos lideraron un litigio mediático y judicial, que dio el salto a la política la semana pasada cuando la ministra de Sanidad, Carolina Darias, acusó en el Senado a la Generalitat de ser la única comunidad que no vacunaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y anunció que a partir de ahora se haría cargo el Gobierno central. Darias aseguró que la media de vacunación en España es del 60%, aunque Sanidad no ha desglosado el porcentaje de agentes vacunados por comunidades autónomas.

La consejera de Salud, Alba Vergés, ha criticado la medida cautelar del TSJC que les obliga a vacunar a los policías y guardias civiles y ha acusado a los tribunales de “interferir en la gestión de la pandemia”. “En ningún momento hemos dicho que no les vacunaríamos”, ha insistido. Y ha alegado que la vacunación a ambos cuerpos se paró por la suspensión de la vacunación de AstraZeneca en toda España, que después se realizó a partir a partir de los 60 años, y posteriormente quedaron suspendidos todos los colectivos esenciales. “Por tanto, estas excepciones no nos parecen adecuadas”, ha defendido Vergés.

La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha esgrimido que la vacunación de las fuerzas y cuerpos del Estado empezó más tarde que la de los Mossos porque no disponían de todos los datos. “No es Cataluña sino el Estado el que paraliza todo por lo de AstraZeneca”, ha subrayado, en la misma línea que Vergés. “Hemos vacunado a todos los colectivos que tienen más de 60, pero están paradas las vacunaciones de todos los colectivos esenciales, pero son criterios que no son nuestros”, ha añadido.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña se vayan a vacunar antes que “las personas indefensas y pacíficas a las que golpearon de forma salvaje el 1-O”. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha dicho que los policías “continúan privilegiados y protegidos por el sistema español” y se ha referido a los agentes como “los que agredieron a ciudadanos al grito de ‘¡a por ellos!’”.