“Es vergonzoso el tiempo de espera para un piso”

El escaso parque de vivienda pública de la Generalitat, el fiasco de la renta garantizada, la falta de estabilidad en materia de legislación y planes educativos, sumados a los recortes que arrastra el sistema de enseñanza, desde primaria hasta la universidad, o el sanitario, son algunos de los reproches que ayuntamientos y afectados hacen al Govern y ...

El escaso parque de vivienda pública de la Generalitat, el fiasco de la renta garantizada, la falta de estabilidad en materia de legislación y planes educativos, sumados a los recortes que arrastra el sistema de enseñanza, desde primaria hasta la universidad, o el sanitario, son algunos de los reproches que ayuntamientos y afectados hacen al Govern y vinculan en parte o totalmente a la situación de parálisis.

Los testimonios que siguen son ejemplo de la falta de actuación en materia de vivienda pública, servicios sociales o educación e investigación.

Vega: “Parece que perder la casa no fuera suficiente”. En mayo hará dos años que Vega, de 56 años, y su hijo pequeño (en aquel momento era menor) fueron desahuciados del piso de alquiler en el que vivían en Barcelona. Desde entonces está en la lista para un piso de la mesa de emergencia. La espera media en esta lista es de dos años, y subiendo, porque las familias que aguardan son 1.300. Y desde entonces, en menos de dos años, Vega y su hijo han vivido realojados en cinco pisos distintos.

La mesa de emergencias depende del Consorcio de Vivienda. La Generalitat, que debería aportar el 60% de los pisos, aporta solo el 20%, mientras el Ayuntamiento de Barcelona pone el 80%, lamenta desde hace años la concejal de Vivienda, Lucía Martín. “La inactividad del Govern y la falta de políticas públicas de vivienda tienen un impacto directo en la vida de las personas. La espera de las familias que tienen derecho a un piso por haber sido desahuciadas o estar en riesgo de desahucio es vergonzosa”, considera uno de los portavoces de la PAH, Santi Mas de Xaxàs.

“Se relega y estigmatiza, como si haber perdido la casa no fuera suficiente”, llora Vega, y señala que la peor consecuencia de un desahucio es “que se rompen vínculos familiares”. “Tenemos un techo, pero estando realojado no estás tan bien, se nos vulnera el derecho a la intimidad, a la salud [en uno de los pisos había chinches] y afrontas situaciones humillantes”. Vega no señala a ninguna administración en concreto, pero entiende “que la falta de políticas de vivienda viene de lejos”. Ahora en el piso turístico, respira un poco aliviada. “Sí”, dice, “pero me doy cuenta de la depresión y ansiedad que arrastro por aguantar todo lo anterior”. El Ayuntamiento calcula que con los pisos para emergencias aportados en la última década, el Govern debería haber aportado 1.400, si hubiera cumplido su 60%.

Lorena Martínez: “Aún nos deben las pagas del 2014”. Los equipos docentes han tenido que ingeniárselas para cuadrar horarios, turnos y clases por el coronavirus en un contexto mermado ya de por sí por los recortes que la Generalitat hizo en Educación hace una década. “Exigimos que los reviertan”, reclama Lorena Martínez, maestra y afiliada en UGT.

La Generalitat y los sindicatos acordaron a finales del 2018 el pago de las pagas extra pendientes de los cursos 2013 y 2014; pero el abono no se ha completado. “El Govern nos debe aún las pagas del 2014”, apunta Martínez, “somos la única comunidad que no la ha cobrado. El departamento muestra voluntad para negociar la recuperación de los recortes, pero siempre se escuda en la falta de los presupuestos”.

Las escuelas reclaman que las restricciones por el coronavirus deriven en una reducción de las ratios en las aulas. “El departamento reclama calidad, pero nos encontramos aulas con 26 niños en plena pandemia, y algunos con necesidades especiales. Esto genera mucha impotencia porque los docentes no los podemos atender como se merecen”, opina Martínez. Según la maestra, el departamento ha dotado algunos centros de “personal extra”, pero las ayudas no han sido homogéneas. “Hay centros que no han recibido refuerzos”, lamenta.

Torres: “La universidad necesita estabilidad”. El presupuesto destinado a la educación universitaria superó por primera vez en 2020 las partidas de las cuentas de 2011. Pero el aumento, del 5%, es inferior al crecimiento del 29% del presupuesto de la Generalitat en el mismo periodo. “Necesitamos más financiamiento”, reclama Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Torres plantea cuál es el papel de la universidad para la evolución de un territorio, y reclama medidas a largo plazo: “Las universidades requieren políticas e inversiones a largo plazo, y para esto se necesita estabilidad”. El rector pide que los cambios en el Govern dejen de afectar a la educación superior. “Necesitamos pactos entre diferentes fuerzas políticas que permitan una política universitaria de largo recorrido y que sean independientes de los cambios políticos, como destinar un porcentaje del PIB a las universidades”.

El aumento de la capacidad económica de las universidades permitiría, explica Torres, “hacer políticas para retener el talen+doctorados industriales vinculados a las empresas para conectar directamente la formación con la producción. “Ha sido una política activa muy importante, pero para ver la importancia de la universidad para un gobierno es necesario ver la partida presupuestaria adjudicada”.

Francisco: “No trabajamos y el Govern nos debe la Renta”. Francisco tiene 37 años, dos hijos y no trabaja. Se dedica a la venta ambulante, pero asegura que en una semana consigue “unos 40 euros vendiendo mascarillas y calcetines”. Su mujer tampoco tiene empleo. Sin recursos, no pagan actualmente el alquiler de su vivienda de Barcelona, y espera obtener la prestación de la Renta Garantizada Mínima. “Le deben mucho dinero”, asegura un portavoz de la asesoría ALS, que gestiona su caso.

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una ley 2017 dirigida a las personas en situación de pobreza, sigue generando dudas entre el sector. La comisión que promovió la norma ya denunció en septiembre del 2020 que a su juicio la ley dejaba fuera en aquel momento al 71% de las personas que se encuentran en pobreza severa en Cataluña. ”Dijeron que tenían un dinero que no tienen”, denuncia el mismo portavoz de ALS. Mientras, Francisco es pesimista. “Dejé los estudios a los 15 ó 16 años”, explica, “y ahora nadie me da trabajo. Todos dicen que está la cosa parada”.