El Govern busca rebajar el tributo a las ‘telecos’ un año después de crearlo
La Generalitat teme desincentivar las inversiones en zonas menos pobladas
A finales de abril del año pasado el Parlament aprobó un nuevo impuesto que afectaba a las empresas eléctricas y los operadores de telecomunicaciones. Menos de un año después el Govern trabaja en la modificación de ese tributo que sacó adelante junto a En Comú Podem. La idea, confirman desde el Departamento de Economía, es reducir la carga fisca...
A finales de abril del año pasado el Parlament aprobó un nuevo impuesto que afectaba a las empresas eléctricas y los operadores de telecomunicaciones. Menos de un año después el Govern trabaja en la modificación de ese tributo que sacó adelante junto a En Comú Podem. La idea, confirman desde el Departamento de Economía, es reducir la carga fiscal a las compañías de telefonía y su industria auxiliar, de forma que no se desincentive inversión en zonas menos rentables.
El impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente tenía un objetivo: gravar el impacto de las compañías eléctricas en el territorio en todo el proceso que va desde la producción hasta la distribución de energía, pero también iba a computar para calcular la base liquidable la extensión de su red. Y las torres que la sustentan, que también afectaba a los operadores de telecomunicaciones. Preveía la Generalitat ingresar por ese concepto 145 millones de euros, aunque en el primer año, 2020, el impacto sería solo de 72 millones de euros, aunque finalmente los derechos liquidados se quedaron limitados a 52,5 millones.
La presión para evitar esa ley fue continuada por parte de los dos sectores implicados. Y, de hecho, ha continuado desde su aprobación, sobre todo desde las grandes operadoras de telefonía. La pandemia y el trabajo en remoto se han convertido en el último argumento esgrimido por estas. Consideran que sin el despliegue actual de red hubiera sido imposible aguantar el aumento de demanda desde los hogares para hacer teletrabajo, en muchas ocasiones desde espacios alejados de las grandes conurbaciones. Así que lo defienden como modelo de sostenibilidad.
Y el Govern ha dado finalmente su brazo a torcer. Ha trasladado a los operadores de telecomunicaciones su intención de modificar el nuevo tributo aprobado hace 11 meses en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras. “Desde Vicepresidencia estamos estudiando, juntamente con el Departamento de Políticas Digitales, qué medida fiscal aplicar en las zonas montañosas y con menos densidad de población para no desfavorecer la digitalización, que es una prioridad”, admite la portavoz de la consejería que todavía dirige Pere Aragonès.
Aunque las compañías de telecomunicaciones están advertidas de que se está cocinando la revisión del tributo, no saben cómo culminará. La fórmula previsiblemente será un decreto ley que deberá ser convalidado por el Parlament.
El recurso a la modificación del IRPF
La base imponible se fija con el promedio de los tres últimos ejercicios de la producción bruta media o la extensión en kilómetros y en torres de las redes fijas. Así, por ejemplo, por cada kilómetro o torre de línea eléctrica de tensión inferior a 400 kilovoltios se pagarán 700 euros. Por tensiones superiores, el gravamen alcanzaba los 1.200 euros. Los enclaves de telecomunicaciones, por su parte, tributarán 700 euros. En su momento desde el sector eléctrico se defendió que se trataba de un impuesto inconstitucional y conminaron al Gobierno central a presentar, sin suerte, un recurso ante el Tribunal Constitucional para eliminarlo.
Este impuesto figuraba en la misma batería de impuestos en la que se aprobó la modificación de los tramos autonómicos del IRPF y que el Gobierno central sí decidió llevar al Constitucional este mismo mes. Aunque no está suspendida, la fórmula catalana para abaratar el impuesto de la renta a 205.000 contribuyentes se basaba en elevar el mínimo personal y familiar del contribuyente (de 5.550 a 6.105 euros) si las bases liquidables general y del ahorro superaban los 12.450 euros anuales. La Generalitat y el Gobierno de España tendrán que negociar si quieren echar atrás el recurso.