La Generalitat forzará a rebajar hasta un 50% de los alquileres de bares, comercios y hoteles

El Gobierno catalán hya aprobado este martes un decreto ley con el que prevé forzar a los propietarios de establecimientos que albergan bares y restaurantes, comercios, hoteles o gimnasios una reducción de un máximo del 50% del precio de alquiler para compensar la caída de ingresos forzada por las medidas para frenar la expansión de la covid. El objetivo es forzar un pacto entre arrendadores e inquilinos. Pero si no lo cierran en un mes, se activaría ...

El Gobierno catalán hya aprobado este martes un decreto ley con el que prevé forzar a los propietarios de establecimientos que albergan bares y restaurantes, comercios, hoteles o gimnasios una reducción de un máximo del 50% del precio de alquiler para compensar la caída de ingresos forzada por las medidas para frenar la expansión de la covid. El objetivo es forzar un pacto entre arrendadores e inquilinos. Pero si no lo cierran en un mes, se activaría casi de forma automática el descuento. Los restauradores celebran la medida, Foment del Treball advierte sobre la inseguridad jurídica que provoca y la posibilidad de que sea recurrida.

La iniciativa es un intento del Govern de congraciarse con el sector de la restauración después de que este clamara la semana pasada contra la decisión de cerrar bares y restaurantes ante la acelerada propagación de la covid-19 en Cataluña. En esa lógica respondió el Gremio de Restauradores de Barcelona, al calificar de “histórica” una medida que entienden que asume una reivindicación persistente desde que en marzo pasado la pandemia impactó en sus negocios: el necesario reparto de las pérdidas en un intento de salvar unos negocios aquejados por la falta de ingresos con rebajas en los alquileres. De otra forma, entienden, quedarán abocados al cierre.

La iniciativa, sin embargo, ha logrado dividir al empresariado catalán, puesto que Foment del Treball advirtió de que el decreto “provoca inseguridad jurídica y es de dudosa constitucionalidad”, lo que abriría un horizonte de recursos judiciales. La gran patronal catalana apostaba por que fuera la Generalitat la que compensara directamente al sector tras decidir las medidas de cierre.

El Govern ha intentado reaccionar rápido a través de un decreto ley salido del Departamento de Justicia, con la colaboración de las consejerías de Economía y Empresa, y que incluye otras actividades de servicios que han sufrido en sus carnes las restricciones propias de las medidas de distanciamiento social tomadas en Cataluña.

Se planteó inicialmente modificar el Código Civil catalán para introducir la cláusula <CF1001>rebus sic stantibus<CF1000>, que permite introducir medidas de flexibilidad en contratos a causa de condicionantes extraordinarios. Pero en vez de eso, que comportaría un proceso de elaboración más prolongado —aunque ha incluido una disposición adicional en el decreto que le obliga a hacerlo en el plazo de un año—, el Ejecutivo ha optado por un decreto en el que fuerza a los propietarios a rebajar el precio del alquiler un máximo de un 50% para aquellos negocios que han sido obligados al cierre y porcentajes inferiores en función de dos tipos de afectaciones: la reducción del horario de apertura (un caso para los comercios de 24 horas, por ejemplo, que tienen la orden de cerrar entre las diez de la noche y las siete de la mañana) o aquellos negocios que han tenido que reducir el aforo para asegurar las distancias de seguridad. El Govern no descarta habilitar ayudas a pequeños propietarios afectados por esa caída de ingresos.

La automatización de esos descuentos en los contratos se produciría después de que arrendador e inquilino intenten negociar una rebaja de la renta y no sean capaces de llegar a un acuerdo. Quedaría, igualmente, la posibilidad de acudir a la vía judicial, que la Generalitat defiende no explotar ante el riesgo de colapsar más los juzgados.

“Es una solución inmediata para que nadie se quede por el camino. Todo pivota sobre el acuerdo entre las partes y lo que no hace es trasladar la solución a un tercero”, señaló la consejera de Justicia, Ester Capella, quien opinó que los restauradores que necesitan ayuda urgente no pueden esperar a que un proceso judicial les dé la razón en unos años pero hayan tenido que cerrar su negocio.

Críticas patrimonialistas

La pretensión gubernamental de evitar la vía judicial, sin embargo, podría quedarse en nada y convertirse en un bumerán con final definitivo ante la justicia. “Todo lo que sea para ayudar al comerciante bienvenido sea, pero se puede entender que con esta medida se está confiscando un derecho”, advertía Jordi Ruiz de Villa, socio de litigación de Fieldfisher Jausas, dejando claro la posibilidad de demandas. “Estamos muy preocupados porque la regulación que se está dictando en Cataluña no está respetando los más mínimos principios de seguridad jurídica de los contratos ya existentes, que está suponiendo un exceso de regulación del sector del alquiler cuyas consecuencias previsiblemente sean las contrarias de las perseguidas”, afirmó un portavoz de Asipa, la patronal de compañías patrimonialistas que los alquilan.

40 millones de ayudas económicas directas

En la reunión del Ejecutivo también se ha aprobado una ayuda de 40 millones de euros ampliables para empresas y trabajadores autónomos de los sectores de la restauración y de la estética y la belleza. Se prevén ayudas de un máximo de 1.500 euros. Asimismo se ha habilitado una línea de financiación de 20 millones de euros a través de créditos del Instituto Catalán de Finanzas y Avalis. Esos préstamos no podrán superar los 15.000 euros por demandante.

Para asumir el incremento de gasto derivado de la crisis sanitaria el Govern ha decidido ampliar el Presupuesto de este año en 420 millones de euros, recursos que proceden de la flexibilización del objetivo de déficit hasta el 0,2%. Esos recursos, integrados en una partida común, se repartirán entre diferentes consejerías a la espera de que el Govern presente en los próximos días un plan de choque.