Condenada la Universidad de Barcelona por su manifiesto de rechazo al fallo del 1-O

Revés de la justicia a la actuación de la Universidad de Barcelona tras la sentencia del procés. La titular del Juzgado contencioso administrativo 3 de Barcelona ha anulado el Manifiesto de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política, aprobado por el Claustro de la Universitat de Barcelona (UB) el 21 de octubre de 2019 junto al resto de universidades públicas catalanas. En el documento, los claustros exigían “la inmediata puesta en l...

Revés de la justicia a la actuación de la Universidad de Barcelona tras la sentencia del procés. La titular del Juzgado contencioso administrativo 3 de Barcelona ha anulado el Manifiesto de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política, aprobado por el Claustro de la Universitat de Barcelona (UB) el 21 de octubre de 2019 junto al resto de universidades públicas catalanas. En el documento, los claustros exigían “la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas". Cuatro docentes y un alumno de la UB denunciaron a la UB por “falta de neutralidad” y ahora la justicia les da la razón, declara nulo el manifiesto y condena a la UB a pagar las costas del proceso, que asciende a 600 euros. “La Universidad está sometida al deber de neutralidad”, advierte la sentencia.

La condena a los líderes independentistas encarcelados por los actos del 1 de octubre volvió a elevar las niveles de tensión y polarización en Cataluña durante el otoño del año pasado. La presión social se trasladó a las universidades, donde los estudiantes respondieron al fallo judicial con tres días de huelga y los claustros de las universidades comenzaron a aprobar manifiestos contrarios a la condena y, en algunos casos, como el de la Universidad de Lleida, hasta declarar persona non grata a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. El rechazo a la sentencia culminó con el manifiesto conjunto de las universidades catalanas contra la judicialización de la política.

Como respuesta, 800 profesores de toda España expresaron su “radical desacuerdo” con el manifiesto y acusaron a las universidades de falta de neutralidad. Además, cuatro docentes y un alumno de la UB denunciaron a la universidad. La justicia, les da ahora la razón. “El deber de neutralidad implica que la Universidad no puede asumir como propia una posición política determina y tanto o menos cuando esa posición es manifiestamente contrarias a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente”, reza la sentencia, para la que cabe recurso de apelación.

En su escrito, la jueza señala que, aunque la UB “insiste en el valor de la libertad de expresión para justificar el manifiesto”, “la libertad de expresión es un derecho individual, del que carecen las instituciones públicas”. “Por eso, la invocación de la libertad de expresión no justifica ni ampara la asunción de una posición política por parte de una institución pública cuya función no sea precisamente la de la representación política”.

Asimismo, considera que defender desde la UB las actuaciones de las fuerzas políticas al frente de la Generalitat, “declarados en su mayoría inconstitucionales y perseguidos por la jurisdicción penal”, no son solo impugnables sino que, textualmente, dificultan el desarrollo integral de alumnos y profesores que la ley deja en manos de la universidad. Para la magistrada, el manifiesto impugnado puede afectar a una pluralidad de personas que ante “las actuaciones de la universidad pueden estar o no interesadas en acudir a ella”, por lo que acuerda, como pedían los recurrentes que la sentencia se publicite en la web de la UB durante un mes.

“Los claustros no tienen legitimidad para posicionarse en temas políticos. No los elegimos por su ideología”, insiste Isabel Fernández, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y portavoz de Universidades por la Convivencia, el colectivo que impulsó la denuncia. “Daba la sensación de que toda la comunidad educativa de las universidades catalanas pensaba igual. El problema era que estaban hablando por mí, se estaban apropiando de mi pensamiento. Es algo tan obvio que me sorprende tener que estar defendiéndolo”, agrega la docente. Fernández ha asegurado que trasladarán la sentencia a todos los rectores y pedirán “que respeten las resoluciones judiciales”.

Tras la sentencia del procés y en los momentos más álgidos de tensión social, los rectores ya expresaron sus dificultades para actuar en determinadas ocasiones, como cuando unos alumnos se encierran en una facultad para impedir las clases o cuando los claustros votan algunas medidas. “Estamos desarmados respecto a estas actitudes que son, desde mi punto de vista, intolerables”, dijo entonces el rector de la Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals, tras el encierro de un grupo reducido de alumnos en una facultad. Por su parte, Joan Elias, rector de la Universidad de Barcelona, advertía. “La normativa es clara. Si un número de miembros del claustro pide una sesión extraordinaria, la tienes que convocar, y si se vota una propuesta, se aprueba. Las universidades somos neutrales, pero los claustros han tomado una posición clara”.

Hoy, tras este revés de la justicia al manifiesto, la UB ha anunciado que recurrirá la sentencia. “A la espera del análisis en profundidad de la sentencia que nos  acaba de ser notificada hace unos momentos, la UB recurrirá la misma ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reiterando los argumentos en defensa de su actuación amparada en la autonomía universitaria”, ha apuntado una portavoz de la universidad.