Ola de desahucios, demagogia y legislación

El 23 de septiembre, los activistas antidesahucios tenían donde elegir. Solo en la zona norte de Barcelona podían escoger: a las 8.30 horas era el turno de una familia con menores de la calle Neopàtria 107, de Sant Andreu. Media hora más tarde, estaba previsto que le tocase a Lissy y familia, en la calle Rasos de Peguera 13, de Ciutat Meridiana. A las 11.15 horas debían ser desahuciados de su domicilio Mounnia y familia, de Torrent de Perera, 30, en Trinitat Vella. La jornada la cerraba a las 11.45 con Alejandro, de la calle Trobador, 42, en el Guinardó. Del 14 al 17 de septiembre se produjero...

El 23 de septiembre, los activistas antidesahucios tenían donde elegir. Solo en la zona norte de Barcelona podían escoger: a las 8.30 horas era el turno de una familia con menores de la calle Neopàtria 107, de Sant Andreu. Media hora más tarde, estaba previsto que le tocase a Lissy y familia, en la calle Rasos de Peguera 13, de Ciutat Meridiana. A las 11.15 horas debían ser desahuciados de su domicilio Mounnia y familia, de Torrent de Perera, 30, en Trinitat Vella. La jornada la cerraba a las 11.45 con Alejandro, de la calle Trobador, 42, en el Guinardó. Del 14 al 17 de septiembre se produjeron 123 lanzamientos en la capital catalana, según el Ayuntamiento de Barcelona. Y los meses que se avecinan amenazan con mantener ese nivel de desastre.

El pasado 1 de abril el BOE publicó un decreto vetando los desahucios de personas vulnerables debido a la pandemia de la covid-19. Pero ahora, con el fin del estado de alarma, se ha abierto la veda. Lo peor de todo ello, además del drama humano, es que no hay apenas debate sobre cómo aumentar el parque público de viviendas. En su lugar, los medios de comunicación y las redes sociales rebosan preocupación por las ocupaciones de viviendas, un temor que las agencias privadas de seguridad han convertido en un boyante negocio a cargo del miedo de los pequeños tenedores. El asunto no se sustenta en datos objetivos y asociaciones judiciales como la nada sospechosa Francisco de Vitoria lo han desmentido. En contra de lo que afirman los partidos conservadores, lo que crece son las ocupaciones de pisos pertenecientes a fondos buitre o bancos. Y sus protagonistas son personas como María Iglesias, empleada en una tienda de ropa, quien contaba recientemente en el programa Planta Baixa de TV3: “Nunca pensé que me convertiría en una okupa; yo creía que eso estaba destinado a jóvenes con rastas y perros que dejan destrozado el piso en el que viven cuando la policía los desaloja”. María vive con su hijo en un piso de Badalona.

Ese perfil es el que muchos prefieren ignorar. Se relaciona ocupación con delincuencia –lo que en ocasiones sucede– y se oculta la falta de inversión pública en vivienda. El líder del PP, Pablo Casado, acudió el pasado 17 de setiembre con el alcalde de Badalona Xavier García Albiol a la calle de Pau Piferrer para reivindicar la política del miedo y se fotografió ante un edificio en el que no hay ni un solo okupa. El despliegue de los Mossos para garantizar la seguridad del líder popular ante los manifestantes contrarios brindaba una escenografía ideal para los intereses de una formación que en Badalona ha hecho de la inmigración y las ocupaciones su bandera. Mientras, 10 familias del barrio de la Salut de Badalona –algunas de ellas desalojadas hace un año porque un enorme boquete en el bloque amenazaba sus viviendas– deberán dejar el 30 de septiembre el hostal en que se encuentran sin solución habitacional. El Ayuntamiento de García Albiol –que no ha reunido ni una sola vez el Consejo de la Vivienda de Badalona– les reclama 30.000 euros por piso por gastos de desescombro tras el derribo del edificio.

Según datos del poder judicial, en España el número de condenas por allanamiento de vivienda particular –en contra del mito “sales de casa y cuando vuelves te la han ocupado”– ha descendido respecto a cuando gobernaba el Partido Popular: han pasado de 357, en 2016, a 285, en 2018. Además, contrariamente a la leyenda urbana, la expulsión es instantánea, de acuerdo con los jueces. Lo que sí ha crecido es la ocupación de pisos vacíos de bancos y fondos buitre. Las sentencias a este respecto ascendieron a 6.757 en 2018 y venían de ser 1.669 en 2013, algo que debería hacer reflexionar a los políticos. España cuenta con un 4% de vivienda social, frente al 35% de Holanda, el 20% de Austria o más del 15% de Francia y Reino Unido, recordaba recientemente Andreu Missé en este diario. El gasto público español destinado a paliar esta situación es el 0,2% del PIB, frente al 1,4% del Reino Unido.

El otoño que ha comenzado promete un duro invierno de desahucios. Por mucho que el Govern y el Parlament legislen para regular el acceso a la vivienda (decreto 17/2019), protejan a los más socialmente más vulnerables (ley 14/2015) o traten de limitar los alquileres, los jueces se inclinan mayoritariamente por aplicar una Ley de Enjuiciamiento Civil que precisa a todas luces una urgente reforma. La crisis lo hace inaplazable. De otra manera, los fondos buitre seguirán imponiendo la ley del más fuerte en los barrios de la gran Barcelona.