Barcelona empieza a multar este martes a coches y motos contaminantes

Barcelona comenzará a multar, a partir de este martes, a los turismos y motocicletas más contaminantes que circulen por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), los que no tienen etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico. La ZBE, que engloba la ciudad y otros cuatro municipios, entró en vigor el 1 de enero y contemplaba comenzar a multar en abril, pero la pandemia retrasó la imposición de sanciones hasta este 15 de septiembre. Un tota...

Barcelona comenzará a multar, a partir de este martes, a los turismos y motocicletas más contaminantes que circulen por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), los que no tienen etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico. La ZBE, que engloba la ciudad y otros cuatro municipios, entró en vigor el 1 de enero y contemplaba comenzar a multar en abril, pero la pandemia retrasó la imposición de sanciones hasta este 15 de septiembre. Un total de 70 cámaras controlarán las matrículas que entren y circulen por la ciudad y las multas son a partir de 100 euros.

Hasta el año que viene, no se multará a los vehículos comerciales y de transporte, que pueden seguir circulando aunque no tengan el distintivo especial. La política de movilidad de la alcaldesa Ada Colau, que inicialmente solo provocó el rechazo de la plataforma de afectados por las restricciones circulatorias (PARC), originó antes del verano durísimas críticas de los gremios del motor e incluso de Fomento del Trabajo.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), los cinco municipios afectados y la Generalitat recuerdan que con la crisis sanitaria derivada del coronavirus el ritmo de recuperación del tráfico privado ha sido más rápido que el del uso del transporte público. Y defienden la reactivación de la ZBE “para evitar volver a los altos niveles de contaminación previos a la pandemia y prevenir enfermedades asociadas a la mala calidad del aire”.

La AMB estima que solo el 3% de los turismos y motos que circulan por el perímetro de la ZBE no disponen de etiqueta especial. En números son 16.300, explicó en junio el vicepresidente de Ecología del organismo metropolitano y concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia. En los dos primeros meses de funcionamiento (enero y febrero), el veto al coche contaminante ya expulsó a 36.000 vehículos.

Para no perjudicar a los autónomos con rentas bajas, la moratoria que les permite circular aunque sus coches y motos no tengan etiqueta se ha ampliado hasta abril de 2021 “atendiendo a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la crisis de la covid”. El plazo de moratoria para las furgonetas sin etiqueta finaliza también en abril de 2021, el de los camiones en julio de ese año y el de los autocares en 2022. En conjunto, los vehículos de transporte y mercancías más contaminantes son un 6% del parque que circula en el área de restricción.

La ZBE, activa de lunes a viernes de 7 a 20 horas, comprende las ciudades de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Sant Adrià del Besòs, y parcialmente Cornellà de Llobregat y Esplugues de Llobregat. En total, son 95 kilómetros cuadrados, lo que supone una de las zonas vetadas a los coches contaminantes más grandes de Europa. La idea del proyecto de Ley de cambio climático de la Generalitat es que antes de 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones.

Protestas contra la medida

El AMB ha previsto permisos puntuales (las personas de fuera de Barcelona o los vehículos extranjeros podrán entrar o salir hasta 10 veces al año), para personas con discapacidad o cuya movilidad esté relacionada con tratamientos médicos, o vehículos singulares (como los funerarios) o de emergencias. En los primeros meses de vigencia de la ZBE, 14.500 de estos afectados se habían inscrito en el registro metropolitano que tramita permisos o exenciones.

A los usuarios de vehículos contaminantes que opten por darlos de baja, el AMB les facilita una tarjeta de transporte público para tres años, siempre que no compren un vehículo nuevo (9.000 personas lo habían hecho hasta inicios de septiembre). El organismo también tiene abierta una línea de subvenciones para renovación de furgonetas para autónomos.

Mientras, entidades como la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias (PARC), que han organizado exitosas movilizaciones, ya preparan nuevas protestas, explica su portavoz, Mònica Xufré. En enero, la plataforma anunció que impugnaría la ZBE y pediría medidas cautelares para evitar las multas, pero hasta la fecha no hay noticias del frente judicial. En mayo, tras la creación de nuevos carriles bici y zonas peatonales para facilitar la desescalada de la crisis sanitaria, transportistas, patronales y gremios del motor crearon una Plataforma por la Movilidad Privada y acusaron a Colau de no dialogar.

En julio, a esas críticas se sumó con una vehemencia inédita en materia de movilidad la gran patronal catalana, Fomento del Trabajo. La patronal encabezó un acto donde diversas organizaciones cargaron contra los planes del Ayuntamiento. Su presidente, Josep Sànchez Llibre, advirtió de que esas medidas pueden condenar 50.000 empleos.

“Nadie te decía que un diésel contaminaba”

Cristina Cabrera y Carlos Blasco se quedarán a partir de mañana martes sin coche y sin moto. Un Peugeot 205 de 1997 y un ciclomotor de 1999. Son autónomos (peluquera ella, restaurador él) y con la que cayó en primavera no pueden permitirse comprarse otros vehículos. Tampoco se lo plantearían si no fuera por las multas de la ZBE. El coche lo utilizan en vacaciones o para hacer compras de trabajo los lunes, cuando tienen fiesta. La moto, también para concentrar recados en una mañana. “Para el uso que les damos, no necesitamos más”, explican. Blasco evoca lo que en su día significaba comprarse un diésel: “Me da rabia porque nadie te decía que un diésel contaminaba, el Gobierno daba ayudas y se vendieron como churros, parecía que lo que contaminaba era la gasolina”. Cabrera señala el “valor sentimental” del coche, se encoge de hombros y explica que ya está mirando aplicaciones de alquiler de vehículos por horas.

Otro afectado es Lluís Valls, que tuvo que prescindir de la Yamaha XT que tenía desde 1993. “Iba como una seda, la llevaba al mecánico cada año, pasaba las ITV, la utilicé cada día durante 27 años”. Por su trabajo de comercial, que le lleva a visitar polígonos, el transporte público no le resuelve el día a día. Y no tuvo más remedio que comprar una moto nueva y vender la XT.