La falta de convenio para empleados de residencias lastra la contratación

La situación de emergencia en las residencias de ancianos en Cataluña ha ido acompañada, desde el inicio, por las dificultades para hacer frente a la falta de personal. De los más de 75.000 trabajadores del sector, 5.500 están de baja, aislados o con síntomas de Covid-19. La Generalitat ha tratado de impulsar la contratación de sustitutos y refuerzos, pero sindicatos y patronal admiten dificultades para atraer mano de obra:...

La situación de emergencia en las residencias de ancianos en Cataluña ha ido acompañada, desde el inicio, por las dificultades para hacer frente a la falta de personal. De los más de 75.000 trabajadores del sector, 5.500 están de baja, aislados o con síntomas de Covid-19. La Generalitat ha tratado de impulsar la contratación de sustitutos y refuerzos, pero sindicatos y patronal admiten dificultades para atraer mano de obra: al miedo al contagio se une la falta de un convenio autonómico que mejore las malas condiciones laborales. Según el convenio estatal, un gerocultor cobra un sueldo bruto de 992 euros al mes.

El coronavirus ha hecho aflorar las pésimas condiciones laborales del sector. Hace unos meses, sindicatos y patronal exigieron a la Generalitat que el proyecto de presupuestos de 2020 fuese una solución al círculo vicioso del convenio. El sector está bajo el paraguas de un convenio estatal actualizado en 2018. La patronal no firma un marco autonómico porque no puede asegurar un incremento salarial, ya que las tarifas que le paga su único cliente (la Generalitat) están congeladas desde hace 10 años. Trabajadores y empresarios reclamaron más recursos para poder subir tarifas, pero el proyecto de presupuestos apenas lo contempla.

Con la situación actual, un gerocultor cobra 992 euros al mes, un montante que la empresa puede mejorar con acuerdos dentro de cada residencia. En el caso de las enfermeras, según el convenio de residencias, pueden llegar a cobrar cerca de 500 euros menos que las personas que, con su misma titulación y tareas, trabajan en centros sanitarios. “Muchos profesionales se van, pero no solo al ámbito sanitario; en temporada de verano, buscan un trabajo en la restauración que pague más”, lamenta Jaume Adrover, portavoz de Servicios Públicos de sindicato UGT. Adrover cree que con la crisis del coronavirus “el sistema de atención a las personas mayores y a la dependencia ha quebrado”. El sindicalista destaca que, mientras las condiciones laborales se han precarizado, la dificultad del trabajo ha aumentado: la crisis ha llevado a las familias a retrasar la entrada de una persona mayor en una residencia hasta que tiene un grado alto de dependencia.

El coronavirus ha puesto a las plantillas al límite. La Generalitat ha creado bolsas de empleo en el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) y ha hecho un llamamiento para trabajar en residencias, con requisitos laxos en la titulación necesaria. Los sindicatos aceptan estas medidas del Govern —que ha recibido más de 1.000 currículums, según el Departamento de Asuntos Sociales—, pero cuestionan que no haya un control en las titulaciones y que sean las empresas las que estipulen las condiciones de las ofertas.

La Generalitat también ha contratado a 141 nuevos profesionales del Servicio de Atención Domiciliaria y a 70 profesionales más para equipos de apoyo rápido. Además, ha formalizado 392 contratos de sustitución en las 17 residencias que gestiona directamente la Generalitat.

Miedo al contagio

Cinta Pascual, la presidenta de ACRA, la patronal del sector, señala dos medidas urgentes en materia de personal: “Tenemos que mirar cuántos de estos profesionales que están de baja se pueden reincorporar, porque se están dando bajas de hasta 60 días a personas a las que no se le ha hecho ningún test. Y necesitamos manos, pero sobre todo, manos expertas. Por eso tenemos que seguir con un llamamiento para contratar profesionales, aunque no hay muchos”.

Pero la llamada a profesionales no está dando los frutos esperados. El temor al contagio pesa y más con la falta de equipos de protección que aún sufren algunos centros. También inciden las condiciones laborales. Algunas residencias admiten no haber encontrado candidatos para trabajar pese a que la Generalitat facilita listas de posibles trabajadores. “¿Quién se va a arriesgar al contagio por un sueldo neto de 850 euros al mes?”, se pregunta Josep Martínez, del sindicato CC OO. “Este sector se tiene que profesionalizar y para ello necesitamos personal cualificado. Lo que tenemos son sueldos mileuristas y personas que trabajan en varios centros en media jornada para sacar un salario digno”, añade.

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