Igualada, al límite por el doble confinamiento
El alcalde exige al Govern que "se ponga las pilas” y empresarios y sindicatos piden que se resuelva la situación jurídica de los trabajadores atrapados en el municipio
La comarca de Anoia (Barcelona) está ya al límite. La zona, confinada por la Generalitat el 12 de marzo, dos días antes de que se decretara el estado de alarma, es una de las que registra el mayor índice de mortalidad por cada 100.000 habitantes de toda España. El alcalde de Igualada, Marc Castells, de Junts per Catalunya, urgió este viernes al Govern de Quim Torra a “ponerse las pilas”. “La población no puede tener la sensación d...
La comarca de Anoia (Barcelona) está ya al límite. La zona, confinada por la Generalitat el 12 de marzo, dos días antes de que se decretara el estado de alarma, es una de las que registra el mayor índice de mortalidad por cada 100.000 habitantes de toda España. El alcalde de Igualada, Marc Castells, de Junts per Catalunya, urgió este viernes al Govern de Quim Torra a “ponerse las pilas”. “La población no puede tener la sensación de que se les ha encerrado y se ha tirado la llave”, dijo.
Situada a 40 kilómetros de Barcelona, a los pies de Montserrat, Igualada está enclavada en la Conca del Òdena junto a Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí y Òdena. El Govern ordenó el confinamiento de las 70.000 persona que habitan esta zona al observar un brote de coronavirus muy virulento. Si la media en Cataluña es de 6,9 fallecidos por cada 100.000 habitantes, allí es de 63,1, superior a la de Lombardia (41,6) o Madrid (27,9). Han fallecido allí ya 57 personas, por las 1070 de toda Cataluña.
La Generalitat ha adquirido 50.000 tests y ha reclamado que al menos una buena parte se realicen en su comarca. “No se puede entender que tengamos un índice tan alto de mortalidad y nadie venga a hacerlos inmediatamente. Es inadmisible. Al menos se podían destinar 20.000 en un primer momento a nuestro territorio y a la gente más vulnerable”, protestó. De los 508 casos, 140 son de personal sanitario.
La Conca de Odena se ha convertido en una especie de isla. Al confinamiento decretado por el estado de alarma (que obliga a quedarse en casa salvo para actividades esenciales como comprar o ir a la farmacia) se une el cierre del municipio: no se puede entrar ni salir. El impacto económico se notó desde el primer día: Las fábricas de Nissan, Seat y Renault avanzaron su paralización por problemas con el suministro de piezas procedentes de dos fábricas situadas en el perímetro de seguridad. Los controles de los Mossos actúan como si fuera una frontera y solo permiten la salida de mercaderías o servicios esenciales. Y así, de la noche a la mañana hubo gente que no pudo ir a trabajar. Ellos y sus empresas se quedaron en un limbo. Jesús Miguel Juarez, Shumi, alcalde de Santa Margarida de Montbui, explica que el Govern pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que los confinados sean considerados en baja laboral. "Eso no está resuelto. Los CAPS no dan las bajas”, afirma urgiendo a una solución.
Tras un tenso tira y afloja, La Moncloa ha prorrogado el confinamiento actual pero rechazando el confinamiento total (que nadie pueda salir de casa para ir a trabajar, salvo en servicios esenciales) que reclamaba el Govern. El pulso se ha traducido en una sensación de incertidumbre jurídica y en un clamor de empresarios y sindicatos. Joan Domènech, presidente de la Unión Empresarial de Anoia (UEA), dice que se sienten “doblemente agraviados”. “No nos pueden decir que trabajemos y que, a la vez, no podamos contar con personas para poder trabajar”, afirma. La UEA ha enviado una carta a los dos Ejecutivos para poder presentar ERTEs por fuerza mayor; que suspenda el pago de impuestos y que a los trabajadores se les dé una baja laboral equivalente a la de la enfermedad. El empresario reparte culpas por igual: “Yo hago responsable a la Generalitat hasta que el Gobierno central declaró el estado de alarma y asumió el mando único”. Y hace una petición: “Que dejen de pasarse la pelota por la televisión”.
La queja es que creen que el Govern ha tomado decisiones sin fuerza legal. “El consejero Buch dijo que no se debía ir a trabajar. Pero él no decide. El problema más grande es la poca claridad de los mensajes de la Administración”, dice Marta Pijoan, codirectora de la fábrica química Proquip, que han aplicado un ERTE a los empleados que no pueden acceder a la fábrica. “Si toman decisiones de ese calibre, que mínimo que las administraciones se pongan de acuerdo. El alcalde decía se podía coger la baja laboral desde el primer día de confinamiento y no ha sido así” afirma señalando que lo que sí ha funcionado ha sido el traslado de mercaderías.
Los sindicatos avalan esa misma sensación de caos. Francesc Rica, de UGT, defiende un confinamiento mayor y remacha: “Han convertido a los trabajadores en rehenes de esta lucha política”. “Hasta nos preguntan si tienen que ir a trabajar”, relata Alfonsa Santisteban, de CC OO. El doble mensaje ha generado hastío en la zona donde Ayuntamientos e instituciones económico-sociales van de la mano. Juárez, que revela que los alcaldes afectados se reúnen de forma virtual dos veces al día, pide a los dos Gobiernos que sigan su ejemplo: “De los cuatro municipios, uno es de Junts; otro del PSC; otro de ERC y yo independiente. Deberíamos ir todos a una. La salud es lo importante”.