La Junta de Andalucía se atasca con la gestión de los fondos europeos

La Junta de Andalucía solo ha ejecutado de manera efectiva el 12,88% de los 3.199,8 millones ingresados con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea. Una cifra que baja hasta el 10,46% si comparamos los 412,43 millones de euros gastados de manera efectiva por el Gobierno andaluz con la asignación total comprometida por el Ministerio de Hacienda, que asciende a 3.939,88 millones de euros, de acuerdo con los datos que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos m...

La Junta de Andalucía solo ha ejecutado de manera efectiva el 12,88% de los 3.199,8 millones ingresados con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea. Una cifra que baja hasta el 10,46% si comparamos los 412,43 millones de euros gastados de manera efectiva por el Gobierno andaluz con la asignación total comprometida por el Ministerio de Hacienda, que asciende a 3.939,88 millones de euros, de acuerdo con los datos que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos manejaba a fecha de 28 de febrero de 2023, a los que ha tenido acceso este diario. La gestión de las ayudas europeas parece que se le atraganta a la Administración autónoma, después de que la Cámara de Cuentas advirtiera de que a 31 de mayo de 2022 la comunidad solo había gastado el 4,99% del dinero enviado por la Unión Europea, que entonces ascendía a 2.368,95 millones de euros.

La reconvención de la Cámara de Cuentas recogida en un informe publicado el pasado mes de enero salió a la luz acompañada de las quejas de la Confederación Andaluza de Empresarios (CEA), cuyo presidente, Javier González de Lara, por esas mismas fechas, aseguró que las empresas de la comunidad habían recibido menos del 15% de los fondos Next Generation. El informe escoció en el seno del Gobierno andaluz, que se apresuró a afirmar que los datos estaban desfasados y que, desde entonces, se habían activado el 40% de los fondos europeos 2021-2026, según esgrimió el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en sede parlamentaria a principios de febrero.

Ese porcentaje no se ajusta a la realidad. Hasta ahora solo se han presupuestado los fondos entre 2021 y 2023 y, de acuerdo con los datos que maneja la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, el total autorizado (1.332,94 millones) supone el 33,8% de toda la cantidad asignada (3.939,8 millones hasta 2023). Esa cifra del total autorizado, aunque es un paso administrativo imprescindible, tiene poca relevancia a efectos de la contratación y ejecución del gasto, donde la partida que cuenta es la de las obligaciones reconocidas, que asciende a los 412,43 millones, de acuerdo con los datos recabados a fecha de 28 de febrero de este año.

El Ministerio de Economía no dispone de datos homogéneos sobre la ejecución de los FTPR por parte de las comunidades por ser su gestión una competencia autónoma, indican fuentes gubernamentales consultadas. Sin embargo, como en el caso de la Cámara de Cuentas de Andalucía, los organismos fiscalizadores de Madrid, Valencia, Asturias, Canarias, Castilla y León o Navarra también han auditado la gestión de esos fondos europeos por parte de sus respectivos gobiernos regionales. Los períodos tampoco son homogéneos y en algunos informes, como el de Madrid, no se incluyen datos concretos de obligaciones reconocidas, pero los porcentajes de ejecución referidos a momentos anteriores al 28 de febrero de 2023, evidencian la lentitud de Andalucía respecto de otros territorios. En el caso de Navarra, a fecha de 31 de diciembre de 2022, se habían ejecutado el 14% de las ayudas. En el caso de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con el último informe publicado por la Generalitat correspondiente a esa misma fecha de final de año pasado, asciende al 28,7%, más del doble respecto del 13% de la Junta ejecutado dos meses después.

Según el cuadro elaborado por la Junta, hay componentes como “la transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero” —un sector que representa el 5,7% del PIB regional― para los que no ha ejecutado ni un euro, pese a haber recibido los 43,97 millones que le corresponden de la asignación total, haber autorizado 20,97 millones y haber comprometido —esto es, cantidades que pueden revertirse― 0,44 millones. Una situación similar se observa para “la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad”, que también ha recibido los 173,81 millones que le correspondían de los casi 4.000 millones asignados en total y que tampoco ha desembolsado ni un euro, pese a tener comprometidos 20,80 millones, el 12%.

Otras partidas que apenas se han ejecutado son las destinadas a la “preservación del espacio litoral y los recursos hídricos” —un ámbito donde la Junta, como consecuencia de la sequía, está poniendo el foco de sus políticas―, donde solo se ha realizado el 0,14% del gasto total de los 82,11 millones asignados, que también han sido desembolsados en su totalidad. En el caso del “despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía”, también se han recibido los 201,51 millones de euros previstos, pero solo se ha ejecutado el 0,22%, pese a haberse autorizado 184,34 millones de euros, el 91,4% del total. Apenas se ha ejecutado, tampoco, la asignación relacionada con el “impulso a las pymes”. De los 17,17 millones previstos, la administración andaluza ha ingresado 8,59 millones, de los que ha ejecutado solo 0,02 millones, el 0,23%.

Las consejerías de Empleo y de Turismo son las que más gasto efectivo han realizado con el 86,92% y el 75,25%, respectivamente, destinados a “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” y “para el plan de competitividad y modernización del sector turístico”.

La Cámara de Cuentas pide más agilidad

La Junta ha responsabilizado al Gobierno central de los problemas para ejecutar los fondos europeos, apuntando hacia la falta de “cogobernanza real y efectiva con todas las comunidades, de la que carece el actual diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, según argumentó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en la comisión del ramo celebrada en el Parlamento andaluz el pasado 16 de mazo. España también censuró, en la misma línea que cuando Moreno fue interpelado por el jefe de la oposición en la sesión de control del Gobierno de febrero, que las comunidades habían “quedado relegadas a un mero papel de gestorías con muy poco margen de actuación”.

Andalucía es la comunidad que más fondos Next Generation recibe de España. Al territorio se han destinado de manera efectiva 4.895 millones de euros de los 21.609 millones del plan de recuperación del Gobierno central, según los últimos datos de fecha de 7 de marzo publicados por el Ministerio de Economía y facilitados por el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, la semana pasada. El 70% de estos 4.895 millones—3.420 millones, una cantidad ligeramente superior a la consignada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos a fecha de 28 de febrero (3.199,8 millones)― los gestiona directamente la Junta. Los otros 1.475 millones abarcan inversiones, subvenciones y programas de gestión directa del Gobierno central.

En el informe que publicó el pasado mes de febrero, la Cámara de Cuentas recomendaba a la Junta que adoptara medidas que permitieran una “ejecución eficaz y mayor agilidad en la tramitación de los distintos proyectos orientados a agotar la financiación extraordinaria” del plan, que simplificara procedimientos y automatizara los trámites administrativos. Advertía de que desde que se activaron los fondos del PRTR en enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2022, el Gobierno andaluz tampoco había planificado la contratación de personal; no había formalizado los instrumentos jurídicos entre las entidades ejecutoras y las entidades instrumentales, incumpliendo la normativa europea que obligaba a recoger la forma de transferir los recursos y las obligaciones de cada entidad instrumental; no se habían desarrollado guías ni manuales que regulen la aplicación de criterios uniformes sobre la ejecución de las subvenciones, los convenios, la publicidad y la transparencia; ni la página web sobre los fondos habilitada en la página de la Consejería era eficaz ni permitía obtener información sobre las asignaciones, los proyectos, el desarrollo de reformas, las inversiones, el grado de ejecución o el cumplimiento de hitos y objetivos.

Un portavoz de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos señala a este diario que desde que se recabaron los datos para ese informe “se han implementado o están implementándose todas las recomendaciones que planteaba la Cámara de Cuentas, desde las que hablaban de simplificación y racionalización de los procedimientos, a la formación especializada del personal, elaboración de guías, documentos de planificación, información en web, unificación de criterios para las autoevaluaciones”. En el gran Pacto Social y Económico por le Impulso de Andalucía, que la Junta firmó con la CEA, UGT y CC OO, se contempla, además, la creación de un Comité de análisis de los fondos europeos para el seguimiento de su gestión y ejecución. “Es necesario agilizar y acelerar la puesta en marcha de esos fondos y flexibilizar los criterios de las convocatorias, facilitando el acceso a las pequeñas y medianas empresas. Que nuestras pequeñas empresas sean más competitivas debe ser uno de los logros de esos fondos”, señala Luis Fernández-Palacios, secretario general de la CEA.

El actual Gobierno andaluz del PP presume de haber agilizado los trámites para desburocratizar la administración y hasta 2026 queda margen para poder ejecutar todos los fondos, si bien el ritmo de los primeros años puede poner en peligro el ansiado cambio de modelo productivo andaluz para el que estas ayudas europeas son una oportunidad única, máxime en contexto empresarial donde el 95% son pymes.

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