Terrazas, tronos y peatones: el centro de Málaga no da para más

El sábado pasado, el camarero de un restaurante del centro de Málaga, Canela Fina, atendía a sus clientes en la puerta del Palacio de Villalón, sede del Museo Carmen Thyssen de la ciudad. Un día más tarde, otro negocio hostelero, El Gallo, apilaba sus mesas y sillas junto al muro del Palacio de los Condes de Buenavista, Bien de Inter...

El sábado pasado, el camarero de un restaurante del centro de Málaga, Canela Fina, atendía a sus clientes en la puerta del Palacio de Villalón, sede del Museo Carmen Thyssen de la ciudad. Un día más tarde, otro negocio hostelero, El Gallo, apilaba sus mesas y sillas junto al muro del Palacio de los Condes de Buenavista, Bien de Interés Cultural que acoge al Museo Picasso Málaga. Son dos de las imágenes que más polémica han generado estos días en una ciudad cuyo centro puede atravesarse saltando de mesa en mesa. El problema es herencia de una larga batalla entre los vecinos y la hostelería, sector al que, dicen los residentes de la zona, sirve pleitesía el Ayuntamiento. Este, mientras, asegura que vigila para que se cumplan las normas. De hecho, cuando sus agentes buscan irregularidades, las encuentran. Solo en los cuatro últimos días han levantado 40 actas hasta sumar 224 en lo que va de año. En 2022, el número de infracciones superó las 900, según los datos municipales.

“Las terrazas exceden las superficies que tienen autorizadas en muchas ocasiones. Y lo hacen a lo largo de todo el año”, asegura Carlos Carrera, presidente de la asociación de vecinos Centro Antiguo de Málaga, entidad que lidia desde hace años con la ocupación de mesas y sillas en las calles del casco histórico, problema que también afecta a otras ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. El portavoz malagueño subraya que comprobar los excesos es fácil. Basta pasear con las concesiones municipales en la mano —que incluyen ilustraciones y medidas que evidencian el espacio permitido— para ver cuándo la realidad supera el papel.

Su denuncia va más allá de lo que ocurre en Semana Santa, como la propia situación. Ya en el año 2016 un estudio del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), organismo municipal, reveló que solo el 14% de las 43 terrazas entonces analizadas cumplían con todos los requisitos. “Hay una política municipal de gran flexibilidad con el colectivo hostelero”, subraya Carrera, que cree que la polémica generada estos días es consecuencia de esa limitada vigilancia y la mayor afluencia de personas para ver las procesiones. A más ciudadanos con móviles en la mano, más fácil captar imágenes, cuanto menos, sorprendentes.

Nadie podría mantener su imagen con una cámara permanentemente apuntándole para ver qué hace o dice

Asociación de Hosteleros de Málaga

La Semana Santa de 2022, la primera con cierta normalidad tras la pandemia, ya evidenció la situación. El municipio dictó entonces unas normas en las que limitaba el espacio a las terrazas en determinados lugares debido a las procesiones. Fue “una bofetada a mano abierta”, dijo entonces Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), quien lideró una comitiva de empresarios enfadados que llegó a rodear al alcalde, Francisco de la Torre.

Esta vez también ha habido medidas similares por cuestiones de seguridad —que afectan a 105 establecimientos, un tercio de los incluidos en el recorrido de las procesiones—. Antes de que hubiera protestas, la propia Agrupación de Cofradías se adelantó y emitió un comunicado a finales de marzo donde criticaba la “falta de sensibilidad y responsabilidad” de algunos negocios de hostelería. También pidieron al sector que velase “por el buen desarrollo de las procesiones”. El documento apuntaba también al Ayuntamiento por la “situación reiterada” en la que los establecimientos “incumplen las normativas”.

Los hosteleros respondieron con otro comunicado, en el que aseguraban que la colaboración de los establecimientos con los cortejos procesionales “es hoy innegable”. Y subrayaban que durante estas fechas renuncian “a buena parte de la ocupación de la vía pública” que tienen autorizada como parte de su compromiso con la seguridad y la buena imagen de Málaga. Y ello “a pesar” de que se trata de una “fecha básica” para la facturación empresarial, cuyos negocios, insisten, dan trabajo a 87.000 personas a lo largo del año y de media en Málaga, con picos de 102.000 en temporada alta.

Una desagradable sorpresa

Bajo este tenso contexto, las redes sociales se han llenado estos días de imágenes como las de las mesas en las puertas de dos de los principales museos de la ciudad, que se hacen virales con rapidez en redes sociales. “Una foto malintencionada puede hacer mucho daño”, decían los hosteleros en Twitter. “Nadie podría mantener su imagen con una cámara permanentemente apuntándole para ver qué hace o dice”, añaden desde la asociación.

Lo cierto es que a los centros culturales no les ha gustado el asunto. “Fue una desagradable sorpresa”, reconoce el director del Museo Carmen Thyssen, Javier Ferrer. “Nos parece muy triste que algunos de estos negocios, que viven de los turistas que vienen a los museos, se aprovechen de manera egoísta del espacio público, que es de todos, y lo ocupen, demasiadas veces, de manera ilegal”, afirma José Lebrero, director del Museo Picasso Málaga. “Cuando se les pide que sean cívicos, respondan con la demagogia habitual de puestos de trabajo, cuando todos sabemos que las condiciones laborales de una parte de su personal no son las mejores”, insiste Lebrero, que asegura que los museos dedican “tiempo, esfuerzo y dinero” para limpiar las calles de la basura “que dejan algunos de estos negocios”.

Para evidenciar su preocupación por la situación, el Ayuntamiento ha decidido publicar estos días en Twitter un balance diario de la actuación policial respecto a la ocupación de la vía pública y nombrando, uno a uno, a cada negocio infractor. Solo durante el fin de semana se levantaron 20 sanciones, a las que se suman otras 20 entre el lunes y el martes, la mayoría por superar la superficie permitida y, el resto, por carecer siquiera de licencia para terraza. Son “incidencias puntuales”, según Elisa Pérez de Siles, concejala delegada de Comercio y Vía Pública, que hace hincapié en la labor inspectora que realiza el Ayuntamiento de oficio o a través de denuncias.

La actuación policial es aplaudida por los vecinos, pero también es criticada porque creen que es algo “puntual” cuyo objetivo no es más que “una campaña de imagen” para una ciudad cuyo alcalde —que ha pedido a unos y otros que se coordinen— ha alabado en numerosas ocasiones la labor de la hostelería para cuidar al turismo. Durante 18 meses, entre 2020 y 2021, el consistorio ya les permitió duplicar la superficie de sus terrazas para minimizar el impacto de la pandemia.

“Vigilar ahora a unos pocos y en un único momento no sirve de nada, puesto que los incumplimientos ocurren a lo largo de todo el año”, insiste Carlos Carrera, que destaca que el problema es similar también en otros barrios de la ciudad, aunque es en el casco histórico donde genera más problema debido a la superficie que ocupan las terrazas en numerosas calles peatonales —la mayoría en la zona— respecto al poco espacio que dejan para los transeúntes.