El Gobierno y Junts reabren las vías para negociar la prórroga de los alquileres

Tanto desde el Gobierno como desde Junts han mostrado su disposición a negociar una salida inmediata para que prospere un próximo decreto que volverá a plantear la congelación de los alquileres, tras ser derrotado el pasado martes en el pleno del Congreso el aprobado por el Ejecutivo hace un mes y publicada su derogación en el BOE este jueves. En el Gobierno se declaran optimistas para “aprovechar esa ventana de oportunidad” y Junts no niega esa opción, si se corrigen en el texto algunas cuestiones jurídicas y se toman en cuenta sus propuestas para aplicar rebajas fiscales a las rentas más bajas y los autónomos. El PSOE, Sumar y Junts parecen querer aparcar así sus crecientes diferencias en otras materias ante la emergencia del problema de la vivienda y en el inicio de otra campaña electoral.

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, se desplegó por varios medios de comunicación el mismo día del pleno, tras votar contra la convalidación del decreto que establecía la prohibición de subir los alquileres por encima del 2%, para abrir su puerta a contactos para negociar y aprobar cuanto antes un próximo decreto sobre la misma cuestión para evitar dramas habitacionales e inseguridades jurídicas. Nogueras fijó una serie de condiciones, pero sobre todo reconoció que Junts no está en contra de limitar las subidas de los alquileres en el actual contexto económico de incertidumbres e inflación de precios por la guerra en Irán, que es el fondo del problema que movió a Sumar a presionar al máximo al PSOE dentro del Gobierno para aprobar hace un mes el decreto derrotado este miércoles.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar, formuló en el pleno un apasionado alegato en forma de dicotomía para los demás responsables políticos entre el interés general o el de los especuladores y los fondos buitres que controlan ya el 60% del mercado de la vivienda en el país: “Lo que está en juego para casi tres millones de compatriotas es poder seguir viviendo en sus casas o ser expulsados de sus barrios”.

Sumar llevó en esa primera etapa las riendas de esa negociación contra reloj con los grupos para lograr la convalidación de ese decreto, hasta el punto de enviar cartas y llamar directamente a los portavoces de prácticamente todos los partidos representados en el Congreso, pero no logró convencer ni al PP ni a los nacionalistas catalanes, pese a que aceptó ceder en la concesión de algunas líneas rojas de beneficios fiscales para los propietarios y los autónomos. Junts ya avisó desde el primer momento sobre que no le gustaba ni la redacción de la norma por varios defectos técnicos ni el método del decreto. El partido que lidera Carles Puigdemont registró el pasado 15 de abril su propia propuesta, en forma de proposición no de ley de medidas urgentes relacionadas con la vivienda y a esa norma se remiten ahora para hablar.

La propuesta de Junts, firmada por su portavoz y experta en temas inmobiliarios, Marta Madrenas, plantea en primer lugar, contra los fondos buitres, “la modificación del Código Civil para permitir a los deudores hipotecarios cancelar su deuda por el mismo precio por el que el banco la haya vendido a un tercero; garantizar que la casa de una persona mayor siga siendo considerada vivienda habitual una vez ingresa en una residencia, evitando que Hacienda les penalice fiscalmente si deciden venderla” y, finalmente, fomentar el ahorro con “incentivos fiscales para las cuentas bancarias destinadas a la rehabilitación de viviendas”.

Entre las deducciones fiscales por la compra y renovación de vivienda, Junts requiere rebajas al alquiler para inquilinos con rentas inferiores a 33.007,20 euros y que se apruebe un IVA franquiciado para los autónomos con una exención para los que facturen menos de 85.000 euros anuales.

Desde el Gobierno, tras digerir el varapalo de la derrota del decreto en el pleno con algunos resquemores entre los socios por su diferente grado de implicación en la defensa de su oportunidad ahora, se ha puesto en marcha una doble estrategia para salvar el nuevo proyecto en el futuro inmediato.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los demás miembros en el Gabinete de Sumar, han optado por la presión máxima en el ámbito político, pero también por apostar por las movilizaciones en la calle para facilitar el giro de posición de Junts, tras apuntar contra la “irresponsabilidad” y falta de sentido de Estado del PP de Alberto Núñez Feijóo. Díaz hizo ese llamamiento de nuevo este viernes desde Málaga, tras participar con los principales sindicatos, CC OO y UGT, en la manifestación del 1 de mayo que lleva entre sus lemas el derecho a la vivienda. Ernets Urtasun, el portavoz y ministro de Cultura, advirtió de que no pararán en esa reivindicación hasta que la prórroga de la congelación de alquileres se mantenga.

En el área socialista del Ejecutivo quieren ver agua en la piscina y se inclinan por reabrir las negociaciones, pero desde la discreción con Junts. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, fue el que mantuvo contactos casi diarios con los partidos durante estas pasadas semanas sin éxito. La interlocución se lleva ahora también desde el Ministerio de Vivienda, cuya titular, Isabel Rodríguez, avanzó este jueves que hará una ronda de contactos con varios partidos para “aprovechar esa ventana de oportunidad” abierta por Junts y ha manifestado su disposición a sentarse a hablar, dialogar y negociar para ver dónde puede haber coincidencias. En el Gobierno han rescatado ahora, y sobre esas demandas en el ámbito fiscal, que ya en enero el propio presidente Pedro Sánchez ofreció algunas bonificaciones del 100% del IRPF a los propietarios que pusieran sus casas en el mercado de alquiler.