La Fiscalía de Málaga pone la lupa sobre las ‘casas móviles’

Su precio ronda los 50.000 euros. De segunda mano, incluso menos de la mitad. Las conocidas como mobile home ―casas móviles― son una alternativa cada vez más común a la vivienda tradicional por su menor coste. Se instalan en apenas una mañana y cuentan con todo lo necesario para vivir: dormitorio, cocina, baño y zonas comunes. Sus ventajas tam...

Su precio ronda los 50.000 euros. De segunda mano, incluso menos de la mitad. Las conocidas como mobile home ―casas móviles― son una alternativa cada vez más común a la vivienda tradicional por su menor coste. Se instalan en apenas una mañana y cuentan con todo lo necesario para vivir: dormitorio, cocina, baño y zonas comunes. Sus ventajas también las han convertido en un problema porque la mayoría se ubican en fincas rústicas, donde el uso residencial está prohibido. “Proliferan como setas”, reconoce Jorge Gallardo, alcalde de Cártama (Málaga, 29.333 habitantes). “Y la inmensa mayoría son ilegales”, insiste el regidor, en cuyo ayuntamiento los expedientes de denuncias se han desbordado. Estas residencias se han convertido, además, en el delito urbanístico más común en Málaga. Suponen ya la mayoría de los 62 casos detectados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil durante 2025 en la provincia y dentro de la operación Murus. En ella se investiga a 125 personas, según los datos facilitados por el Instituto Armado.

Los municipios del Valle del Guadalhorce, al oeste de la capital malagueña, son los que aglutinan la mayoría de infracciones. Localidades como Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande o Cártama se han convertido en un foco de atracción para muchas personas que deciden instalarlas en fincas rústicas de pequeño tamaño para residir allí de manera permanente o esporádica. “Entiendo la situación del mercado de la vivienda y la presión de una ciudad tan grande y cercana como Málaga. Pero estas casas móviles no son legales en las fincas agrícolas y, además, generan muchos problemas”, subraya Gallardo. Destaca la contaminación del suelo por los pozos ciegos, los contenedores de basura sobrepasados o los caminos destrozados por el excesivo tránsito, difíciles para el paso de ambulancias o vehículos utilitarios para llevar los niños al colegio. “Y muchas están ubicadas en zonas inundables. Alguna hemos visto por ahí flotando”, señala el regidor, que dice entender que detrás de muchas de estas viviendas hay situaciones dramáticas, pero que hay cumplir la legalidad. “Y otros tienen más cara: las ponen para alquiler vacacional o te dicen que no sabían nada”, recalca.

El Ayuntamiento cartameño ha pedido a la Policía Local que preste especial atención a esta situación e incluso que, si ven una casa móvil sobre un camión, la persigan hasta comprobar dónde se instala. Son tantas denuncias interpuestas ya que los expedientes se han acumulado en las dependencias municipales ―donde se eternizan entre recursos y plazos legales― y el regidor ha solicitado a sus equipos que envíen los casos directamente a la Fiscalía de Málaga y a la Guardia Civil, a quienes han pedido ayuda para que el problema no se les vaya de las manos. El regidor, además, apunta a las empresas que ofrecen este tipo de viviendas, porque en muchos casos aseguran a los compradores que no se necesita ningún tipo de licencia para instalarlas, cuando la realidad es que sí, más allá de que la parcela deba tener uso residencial. Es precisamente lo que destacan desde Alhaurín de la Torre, donde fuentes municipales explican que se ha extremado la vigilancia ante el aumento de los puntos de venta.

“Tan ilegales como las de ladrillo”

“Hay compañías que aseguran al cliente que hay una especie de vacío legal y venden como legalizable o autorizable algo que no lo es”, señala el fiscal de Medio Ambiente en Málaga, Fernando Benítez, que hace ya un tiempo que decidió poner especial atención a este tipo de casos. “Hay quien piensa que esto es una forma de sortear la norma porque no se construye nada, pero las casas móviles son tan ilegales como las de ladrillo. Un delito urbanístico persigue la utilización del suelo para un uso que no está permitido. Y si pones una casa para vivir en ella o pasar los fines de semana, estás transformando los usos del suelo”, insiste Benítez, que señala igualmente que otras provincias como Sevilla o Cádiz, sobre todo en municipios como Jerez o Chiclana de la Frontera, también tienen un número alto de casos.

En muchas ocasiones son los agentes del Seprona quienes actúan de oficio, porque son los que conocen bien sus municipios y recorren su territorio de manera constante, como demuestra Murus. Fuentes de la Guardia Civil recalcan que “instalar una mobile home en una parcela rústica es ilegal”. Y destacan que existe delito en los casos en los que se haga con vocación de permanencia. Es decir, cuando la vivienda se ancla al suelo y se acompaña de instalaciones como porche, fosa séptica, suministro de agua y luz o complementos como barbacoa y piscina. “Se nota fácilmente”, añaden las mismas fuentes, que explican que no tienen que darse todos los condicionantes, basta con algunos.

Pena de cárcel

A veces, la situación viene derivada del otro delito urbanístico también común: la parcelación ilegal de fincas agrarias. Ocurre cuando un propietario divide su parcela en otras más pequeñas y las vende ―por contrato privado― para que los compradores pongan ahí sus mobile home. “La parcelación no es perseguible porque es el momento previo al delito, pero sí la urbanización posterior: desde la instalación de vallas o tendido eléctrico a la construcción de caminos”, cuenta el fiscal de Medio Ambiente, que reconoce también el trabajo de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para perseguir estas situaciones donde la colocación de casas móviles es ya la guinda del pastel.

En los juzgados, la mayoría de propietarios se sienten estafados ―porque compraron un terreno en el que creían que podían instalar estas casas― pero para el fiscal de medio ambiente “lo cierto es que basta con ir al ayuntamiento a preguntar si es legal o no”. Es lo que se considera un error vencible, es decir, que se podía evitar simplemente consultando a las autoridades. La mayoría de ocasiones los casos suelen acabar en condena bajo sentencia de conformidad. Generalmente, terminan con una multa para el propietario y una pena de un año de prisión, suspendida generalmente por dos años a condición de que se restituya la parcela a su situación original. Es decir, que se retire la casa y las instalaciones auxiliares. “Afortunadamente es más fácil que derribar un chalé”, subraya el fiscal, que sabe bien de lo que habla en una provincia donde la mayoría de irregularidades urbanísticas de las últimas décadas siguen en pie y rara vez son demolidas.