El juez Peinado fracasa en sus intentos de elevar el ‘caso Begoña Gómez’ al Gobierno

El magistrado Juan Carlos Peinado ha disparado ya tres veces contra altos cargos de La Moncloa por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Y las tres veces no ha tenido éxito. El último revés a su polémica instrucción judicial llegaba este mismo jueves, cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha notificado que ...

El magistrado Juan Carlos Peinado ha disparado ya tres veces contra altos cargos de La Moncloa por la contratación de la asesora de Begoña Gómez. Y las tres veces no ha tenido éxito. El último revés a su polémica instrucción judicial llegaba este mismo jueves, cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha notificado que ordena la desimputación de Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, al que ha mantenido bajo sospecha más de medio año tras admitir a trámite una querella de Vox contra él por un supuesto delito de malversación. “No [existe] el más mínimo indicio”, concluye la Audiencia sobre Martín Aguirre. Lo mismo le dijo el Tribunal Supremo al descartar su petición de que imputara al ministro Félix Bolaños.

Desde que Peinado se propusiera en marzo de este año escalar su causa hasta La Moncloa (al abrir una línea de investigación independiente sobre un delito de malversación, qué después la Audiencia le obligó a unificar al resto del proceso), el juez ha colocado el punto de mira en los tres secretarios generales de Presidencia que ha tenido el Gobierno de Pedro Sánchez: Félix Bolaños (2018-2021), Francisco Martín Aguirre (2021-2023) y Judit Alexandra González (en el cargo desde 2023). Peinado imputó a los dos últimos y ha intentado que el Supremo hiciera lo mismo con Bolaños, contra el que él no podía actuar por estar aforado al ejercer actualmente como ministro.

El secretario general de Presidencia no es un cargo cualquiera. Tiene un enorme peso en La Moncloa. No solo forma parte del equipo más próximo del jefe del Ejecutivo, sino que se encuentra en la sala de máquinas del Gobierno y coordina los contenidos de los Consejos de Ministros.

El magistrado empezó a rondar ese puesto el pasado 10 de marzo, cuando acordó abrir la línea de investigación sobre la malversación y ordenó ese mismo día citar a declarar como testigo al actual ministro Bolaños, que era secretario general de Presidencia cuando se nombró en 2018 a Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez. El juez sostiene que la asistente ayudó a la mujer de Pedro Sánchez con sus actividades privadas y, según consta en el sumario, considera que La Moncloa se conchabó para permitirlo.

Sin embargo, Peinado ha fracasado hasta ahora en todos sus intentos de atribuir esa supuesta malversación a un alto cargo del Gobierno. En abril interrogó como testigo a Bolaños, que le dijo que él no había participado en la contratación de Cristina Álvarez. Entonces, sin poder imputar al ministro por estar aforado, el juez decidió dirigir la causa contra su sucesor, Francisco Martín Aguirre, que ya había dejado el cargo de secretario general en 2023 para pasar a ser delegado del Ejecutivo en Madrid, donde ha adquirido protagonismo como voz crítica con Isabel Díaz Ayuso, presidenta autonómica.

Al citarlo como imputado tras admitir una querella de Vox contra él, el magistrado argumentó que llamaba a Martín Aguirre por ser “el responsable y superior jerárquico de Álvarez” y por “su aparente participación en el nombramiento” de ella “para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez con cargo a los presupuestos generales del Estado”. Así que, en medio de una enorme expectación mediática, el delegado del Gobierno se sentó en mayo ante Peinado para detallarle que no participó en esa designación; que él llegó al cargo de secretario general de Presidencia tres años después de que la eligieran como asistente de la esposa de Sánchez; y que, además, nunca recibió ningún aviso de que existieran problemas con sus funciones.

Peinado no hizo caso a sus explicaciones y lo ha mantenido como imputado hasta la actualidad. De hecho, a principios de noviembre, volvió a descartar archivar la causa contra él. Según sostuvo el instructor, existían indicios de que Martín Aguirre cometió un delito de malversación por su “comportamiento pasivo” al no “evitar que una persona bajo su dependencia realice funciones ajenas a aquellas para las que ha sido nombrada”. “No desempeñó las labores de supervisión y control sobre Cristina Álvarez”, incidía el magistrado. Pero, precisamente, al tumbar ahora la imputación de Martín de Aguirre, la Audiencia de Madrid subraya que no se han puesto sobre la mesa indicios de que el entonces secretario general de Presidencia tuviese encomendada la “función de control” de la actividad de Cristina Álvarez; ni de que participase en irregularidades; ni de que supiera que la asesora de Gómez pudiera estar excediéndose en sus labores. Las acusaciones eran “meras suposiciones”, según apostilla el tribunal.

Martín Aguirre ha sido el cargo de Moncloa que Peinado ha tenido más tiempo bajo sospecha. Pero no ha sido su único objetivo. En junio, el juez instructor solicitó al Supremo que imputase a Bolaños: “Ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma”, escribía el magistrado en una exposición enviada al alto tribunal, que la rechazó en apenas unos días. De forma contundente, la máxima instancia judicial le indicó la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación” del ministro en la supuesta malversación: “La mera detentación de un cargo público y el desarrollo de sus funciones no puede suponer una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público, ni de una omisión que permita que otra persona se apropie del mismo”.

Peinado completó la terna este pasado noviembre, cuando imputó a la actual secretaria general de Presidencia, Judit Alexandra González. Al citarla como investigada, el juez no detalló qué había cambiado para que considerara ahora necesaria su incorporación a la lista de sospechosos. Así que la alto cargo acudió a su juzgado a declarar el domingo 16 de noviembre. De nuevo, en medio de un enorme ruido mediático. Y tras escucharla, el juez avanzó ese mismo día que archivaría la causa contra ella. Ese anuncio lo ratificó al día siguiente con una escueta resolución. Solo dedicó un párrafo a argumentar su rápido viraje sobre González: “Resulta plenamente acreditado que la investigada no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos”.