Nonagenarios en el banquillo: Jordi Pujol no es el primero

A sus 95 años, 5 meses y 15 días, Jordi Pujol se conectó el pasado lunes por videoconferencia desde su casa de Barcelona con la Audiencia Nacional para participar en el juicio sobr...

A sus 95 años, 5 meses y 15 días, Jordi Pujol se conectó el pasado lunes por videoconferencia desde su casa de Barcelona con la Audiencia Nacional para participar en el juicio sobre el origen de la fortuna oculta de su familia. Así dejó una de las imágenes de la vista oral: el expresident, en primer plano y con una librería de fondo, escuchando cómo le comunican que el proceso sigue adelante contra él, pese a los informes médicos que han concluido que no está “en condiciones”. Esta decisión ha provocado que un sector del independentismo se lance contra el tribunal. “Es intolerable”, cargó Josep Rius, portavoz de Junts. “No tienen límites”, añadió Josep Rull, presidente del Parlament. Al expolítico se le ha eximido de asistir a las sesiones del juicio, y ni siquiera tiene que seguirlas a distancia. Solo está obligado a comparecer cuando declare como acusado (cita prevista para la primavera de 2026) y, además, los magistrados no descartan volver a valorar su estado de salud para tomar una decisión distinta a la adoptada esta semana.

La imagen de un nonagenario en el banquillo es inusual, pero no inédita. Jordi Pujol no es la persona más vieja que ha sido juzgada o condenada por los tribunales españoles. Hace poco más de un año, por ejemplo, un hombre de 97 años afrontó en la Audiencia de Cuenca un juicio acusado de intentar matar a su esposa a martillazos en 2023. La golpeó en la cabeza con una “fuerza importante considerando su avanzada edad” tras sorprenderla durmiendo en la cama. “Te mato y después me ahorco porque me vas a denunciar”, le dijo a la víctima, según declaró probado el tribunal. Los jueces impusieron al anciano, que se encontraba en prisión preventiva, una pena de 11 años y 3 meses de cárcel, y solo valoraron sus 97 años para descartar añadirle otros 10 años de libertad vigilada tras cumplir el castigo: “La estimamos innecesaria, dado que podría entrar en vigor cuando el acusado tuviera aproximadamente 108 años”.

La legislación no contempla una edad avanzada a partir de la cual una persona sea eximida de un procedimiento. Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y exletrado del Tribunal Constitucional, explica que “la edad solo se tiene en cuenta a efectos de ejecución de la pena”. Es decir, una vez que se ha sido “juzgado”, “condenado en firme” y se ha “ingresado en prisión”. Entonces, una vez preso, la normativa sí prevé que los mayores de 70 años puedan acceder más fácilmente a la libertad condicional.

De hecho, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias referidos a las cárceles dependientes del Ministerio del Interior (todas salvo las de Euskadi y Cataluña), tres hombres mayores de 90 años estaban encarcelados a 30 de junio de 2025 —no había en ese momento ninguna mujer de esa edad—; 39 varones y una mujer de entre 81 y 90 años; y 525 hombres y 29 mujeres de 71 a 80 años. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta que los tribunales españoles sentencian cada vez a más personas mayores: de los 1.270 condenados de más de 70 años de 2013 se ha pasado a 4.952 en 2024, el último dato disponible —el INE no diferencia por encima de ese edad y aglutina en una sola cifra a todos los que la superan—.

Para tratar de que quedara fuera del juicio, la defensa de Jordi Pujol se aferró a su cuestionado estado de salud. Como subraya Juan Antonio Lascuraín, la Ley de Enjuiciamiento Criminal sí prevé la “demencia” como una motivo para archivar: “Es una causa que imposibilita la continuación del procesamiento y del juicio porque el sujeto no puede defenderse. Sería una especie de vulneración del derecho de defensa”. Y en esa línea apuntaba el informe forense aportado a la Audiencia Nacional, que exponía que el expresident no está “en condiciones físicas ni cognitivas” para “defenderse de manera autosuficiente”, al presentar un “deterioro cognitivo moderado” (“irreversible” y “evolutivo”) y un “diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor mixto, de tipo alzhéimer y vascular”.

“No esperábamos esto”

Los hijos de Pujol no dan crédito al dictamen del tribunal de mantener en el proceso a su padre. “No entendemos esta decisión con unos informes tan demoledores”, reflexionaba Oriol Pujol esta semana en el descansillo de la sala de vistas donde comenzó el juicio oral, en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). “Que quisieran examinarle por videoconferencia ya era extraño, pero no esperábamos esto”, añadía, pese a que la defensa del expresidente no había solicitado formalmente que quedara apartado por demencia sobrevenida (como sí hizo con su mujer, Marta Ferrusola, que fue exonerada por padecer alzhéimer antes de fallecer en 2024).

La decisión llegó el primer día del juicio y cayó como un jarro de agua fría sobre los siete hijos, que vieron cómo su padre, con ayuda del abogado Albert Carrillo, se conectaba por videoconferencia con el tribunal desde su casa, en Barcelona. Pujol admitió que su salud no era demasiado buena, pero se puso “a disposición” del tribunal. Las palabras dirigidas a los jueces coinciden con las que ha repetido a los hijos a lo largo de las últimas semanas: que quiere declarar, enfrentarse al juicio y demostrar su inocencia; demostrar, por encima de todo, que más allá de haber permitido la existencia de una fortuna oculta en Andorra, no es un político corrupto ni se enriqueció con su actividad pública.

Pero que Pujol padre exprese su voluntad de someterse a juicio, según reprochan fuentes cercanas a la familia, no debería ser suficiente para que siga el juicio contra él. En la memoria subyace la figura de otrora ilustre catalán que, como el exjefe del Govern, cayó en desgracia: Fèlix Millet. El hombre que dirigió el Palau de la Música durante tres décadas (antes, durante y después de la presidencia de Pujol en la Generalitat) se sentó en el banquillo en la primavera de 2017, cuando tenía 81 años, pero ya en mal estado de salud por diversas patologías.

Los paralelismos con el caso Pujol son llamativos: tras el registro del edificio modernista por parte de los Mossos d’Esquadra en 2009, Millet confesó (aunque solo parcialmente) que había saqueado fondos de la institución musical en beneficio propio. Y, como ha pasado con la familia Pujol, la causa se alargó de manera extraordinaria, atravesada por maniobras dilatorias de las defensas y retrasos de la administración de justicia sin justificación aparente.

Ni la edad ni la maltrecha salud impidieron que Millet, que llegó en silla de ruedas a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, fuera juzgado, condenado y encarcelado. En junio de 2020, después de que el Tribunal Supremo confirmara la pena de nueve años de cárcel, el antes temido y poderoso Millet ingresó en la prisión de Brians 2. Permaneció entre rejas (buena parte del tiempo en un hospital penitenciario) dos años y cuatro meses, hasta que la Generalitat le concedió el tercer grado por razones humanitarias: padecía una enfermedad “grave, irreversible e incurable”. Tenía 86 años. Murió un año más tarde, sin haber devuelto la mayor parte de los 24 millones de euros que, junto con su mano derecha Jordi Montull y las familias de ambos, gastó en lujos y viajes por todo el mundo.

Otro nombre recordado esta semana en la Audiencia Nacional ha sido el de Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, que quedó excluido en 2016 del juicio central del caso Gürtel apenas 20 días antes de que comenzara. A sus 88 años, el tribunal consideró que se había acreditado “debidamente” la “demencia sobrevenida” que padecía el excargo popular, que había estado varios días en coma en 2013 tras sufrir una caída en su domicilio. Álvaro Lapuerta murió en 2018 con 90 años.