La UCO apunta que Cerdán actuó de “enlace” entre el Gobierno y Acciona a cambio de un 2% en mordidas para la trama por el amaño de obras

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán actuó como “enlace” entre las empresas constructoras y el Ministerio de Transportes para lograr mordidas del 2% por el amaño de obra pública. Los investigadores explican que el 75% de los beneficios de la empresa Servinabar —propiedad de Joseba Antxon Alonso y vinculada a Cerdán— provenían de Acciona y que esta mercantil pagaba un porcentaje a la empresa navarra por cada obra que obtenían de forma irregular. El instituto armado ha identificado al menos tres obras amañadas.

La Guardia Civil considera que Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, gestionaba el cobro de mordidas, parte de las cuales terminaban redundando en beneficios para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera asesor ministerial Koldo García, ambos imputados en el Tribunal Supremo. El último informe que la UCO ha entregado al juez, de 227 páginas, ahonda en el funcionamiento de la trama y en cómo se benefició de ella Cerdán y su entorno. El documento recoge que el exdirigente socialista usó para gastos particulares una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar; que esta pagó el alquiler para él de dos casas en Madrid una vez que este fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE; y que la compañía navarra tuvo a sueldo a la esposa, la hermana y el cuñado de Cerdán.

En el auto en el que Puente acuerda la entrada y registro de las sedes de la mercantil que cotiza en el Ibex-35, el juez explica que Acciona Construcción y Servinabar 2000 “podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, en la ilícita consecución de adjuicaciones de obra pública”. El magistrado hace suyos los argumentos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y cree que fue relevante el triángulo compuesto por Antxon Alonso, Cerdán y Pelegrini. Los investigadores relacionan a Cerdán con la empresa Servinabar (propiedad de Antxon Alonso) porque encontraron un contrato privado en el registro del garaje del empresario que, si bien no se llegó a elevar a público mediante notario, entregaba el 45% de las participaciones de la empresa al ex secretario de Organización.

El modus operandi, según describe el auto del Supremo, consistía en adjuciar a Acciona Construcción obras que “se lograrían a cambio de indebidos pagos” a Servinabar que redundaban en el beneficio de Antxon Alonso y Cerdán. El juez indica que “igualmente” en estos beneficios económicos “participarían” Koldo y Ábalos que entonces estaban en el Ministerio de Transportes. La UCO cree que Cerdán, actualmente en prisión provisional desde el pasado mes de junio, era el enlace entre las constructoras y el Gobierno.

Relacionan esta “operativa común” con obras en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat en las que se firmó un primer “memorándum de entendimiento”, ante el inicio del expediente para la adjudicación de estas obras, rubricado después con un contrato de prestación de servicios por el que cada obra obtenida por Acciona suponía para Servinabar el 2% neto del importe de la adjudicación.

Las nuevas citaciones

El Tribunal Supremo ha citado a tres nuevos investigados vinculados a Acciona por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas en las que, presuntamente, están implicados los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

En el auto de nuevas citaciones de este martes, el magistrado explica que decretó el secreto de las actuaciones para “que no resultara frustrado” el objetivo, “sin perjuicio” de que, tras el examen de la documentación hallada durante en esas entradas y registros y en la información que se pueda obtener de los ordenadores y teléfonos intervenidos, se puedan ordenar otras diligencias “ya sin necesidad de decretar secreto alguno”. Esa pieza que hasta ahora estaba secreta se incorporará a la que ya había abierta desde junio pasado, en la que se investiga a Cerdán, a Ábalos, y a quien fue asesor personal de este último, Koldo García, y a cinco empresarios, entre ellos otro exdirectivo de Acciona, Fernando Merino. El objeto de las pesquisas es ahondar en las supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Fomento y Transportes en la etapa de Ábalos.

Sobre los tres nuevos investigados, citados a declarar el 3 de diciembre, Puente justifica la decisión de imputarle “a la vista” del informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 11 noviembre, sobre el patrimonio de Cerdán.

Las entradas y registros del pasado viernes afectaron, además de a Acciona a otras cuatro empresas. Dos cooperativas vascas, Erkolan y Noran, que comparten sede social en San Sebastián y tienen lazos económicos con Servinabar 2000, la empresa navarra de la que supuestamente Cerdán participaciones. Noran fue constituida por el empresario vasco Joseba Antxon Alonso Egurrola ―también imputado en la causa y dueño de Servinabar― y Koldo García, y recibió entre 2016 y 2024 más de 650.000 euros de Servinabar. Erkolan, vinculada a la hermana del ex secretario de Organización del PSOE, recibió entre 2019 y 2023 cerca de 260.000 euros de la misma compañía.

Las otras dos empresas registradas el viernes son Tecade (en la que se hizo solo un requerimiento de información) y Freyssinet, ambas en Sevilla. Las dos formaron una unión temporal de empresas (UTE) con Acciona, que se hizo con la obra de ampliación del Puente del V Centenario de la capital andaluza, adjudicada inicialmente por un importe de 86 millones de euros, pero cuyo gasto final se elevó hasta cerca de 103 millones. En el informe entregado por la UCO al juez en junio pasado que destapó la vinculación de Cerdán y precipitó un terremoto político en el PSOE, la Guardia Civil destacaba que el hasta entonces secretario de Organización premió a Koldo García para que se adjudicara este contrato. La Guardia Civil vincula esta obra con parte de una supuesta mordida de 450.000 euros que presuntamente reclamaban el exministro y su entonces asesor como no recibidas.

Además, en una grabación interceptada por la UCO a Koldo García de noviembre de 2023, el antiguo asesor ministerial le dice a Ábalos: “Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona”. Según los agentes, podría referirse a Pelegrini. La multinacional lo despidió en junio, cuatro días después de publicarse el informe de la UCO, atribuyéndole “una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”.