La tesis de la “autoamnistía”, triturada

Lo más importante del informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), publicado este jueves, es la ausencia de obstáculos relevantes a la aplicación de la ley de amnistía. Muy al contrario, el documento despeja las dudas que se le expusieron desde el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre el encaje de dicha norma con principios esenciales del derecho europeo y sobre la posible afectación de los intereses financieros de la UE. La ley de amnistía, muy cuestionada por la oposición en el ámbito interior, recibe en cambio un aval sustancial, con objeciones en aspect...

Lo más importante del informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), publicado este jueves, es la ausencia de obstáculos relevantes a la aplicación de la ley de amnistía. Muy al contrario, el documento despeja las dudas que se le expusieron desde el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre el encaje de dicha norma con principios esenciales del derecho europeo y sobre la posible afectación de los intereses financieros de la UE. La ley de amnistía, muy cuestionada por la oposición en el ámbito interior, recibe en cambio un aval sustancial, con objeciones en aspectos procedimentales que en parte ya habían quedado resueltos por la sentencia del Constitucional español. Con ello, y aunque éste no sea su propósito, el informe introduce un importante factor de distensión política y social, frente a los intentos de obtener de las instituciones europeas las respuestas que no se consiguen con los resultados electorales. La tesis de la “autoamnistía” sale triturada de este dictamen. Ahora bien, hay que acoger con prudencia el parecer del Abogado General, dado que sus conclusiones no son vinculantes para el TJUE, aunque sí sirven como orientación para la sentencia, que suele seguir las directrices de este tipo de informes.

En cuanto a las dudas planteadas desde el Tribunal de Cuentas, el Abogado General entiende con claridad que “la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista” en la ley de amnistía. Sobre la impugnación de la Audiencia Nacional, el texto es igualmente rotundo al afirmar que dicha ley “no es contraria” a la directiva europea sobre lucha contra el terrorismo. El informe añade que la norma responde a la búsqueda de “un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía”. Para el Gobierno este texto ofrece una oportunidad de autoafirmación. “Victoria rotunda”, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mientras la oposición se agarra al clavo ardiendo de las objeciones sobre plazos o derechos de las partes a formular alegaciones antes de decidir sobre la aplicación de la amnistía a casos concretos.

Más significativas son las apreciaciones de Salvador Illa, presidente socialista de la Generalitat, y de Carles Puigdemont, expresident catalán y líder de Junts. El primero, al pedir que se aplique con agilidad y “sin subterfugios” una ley que “es buena para Cataluña y España”. El segundo, al recordar que “la última palabra la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria”.

Con distintos enfoques, ambos se refieren a que al final la ley tendrá que aplicarla el Tribunal Supremo si el Constitucional ampara a Puigdemont y concluye que se vulneraron sus derechos al excluir del perdón el delito de malversación. El informe, en suma, es especialmente relevante porque estrecha mucho las posibilidades de que el Supremo intente volver a impugnar la ley de amnistía con una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE, dilatando el cierre del conflicto entre poderes del Estado. En conclusión, por tanto, el Abogado General ha dado aliento a un proceso de normalización política que no debería seguir entorpeciéndose.