Presión a derecha e izquierda para Sánchez en el Congreso: Feijóo se centrará en la corrupción y los socios, en la vivienda
El presidente tratará de hablar de la gestión de las autonomías del PP y su entrega a Vox
El Congreso no ha celebrado un debate sobre el estado de la nación desde 2022, pero este miércoles se desarrollará en el Parlamento un pleno en el que se abordará de todo, desde la situación política internacional, los casos de corrupción y la reciente ruptura con Junts. El PP y Vox intentarán de nuevo cercar a Sánchez con los frentes judiciales, al tiempo que los aliados de izquierdas le exigirán más valentía y medidas sociales, más vivienda y una agenda energética verde y no nuclear.
El megapleno de este miércoles empezó como una convocatoria normal posterior a la participación del Gobierno de España en Consejos Europeos y distintas cumbres internacionales pero el PP suele aprovechar esas ocasiones para incluir otros debates, en esta ocasión, las últimas novedades del caso Koldo, las causas contra Leire Díez o Begoña Gómez así como el juicio en marcha contra el Fiscal General y las conclusiones sobre las recomendaciones contra la corrupción contenidas en el informe GRECO del Consejo de Europa. En la Junta de Portavoces de este martes la oposición requirió que se metiese también en el orden del día que el presidente argumente cómo puede afectar a la gobernabilidad del país la decisión de Junts de abandonar en las votaciones a la mayoría de investidura. Tanto el presidente como los grupos tendrán más tiempo para debatir en la Cámara, en una sesión que se alargará durante horas.
Para los populares, esta “semana judicial” debería ser definitiva para el Ejecutivo y para que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones. Y lo argumentan, además de con las derivas judiciales de algunos escándalos políticos, con la propia complejidad parlamentaria, todavía más inestable tras el anuncio de Junts de que rechazará de partida todos los proyectos e iniciativas que lleguen al Congreso. Feijóo insistirá este miércoles en que “ya no hay mayoría parlamentaria sino todo lo contrario, hay una mayoría que está contra el Gobierno”. La portavoz popular en la Cámara baja, Ester Muñoz, interpretó de ese reparto de escaños que “el Gobierno es legal, pero no es legítimo” y por tanto no debería continuar.
Mientras, Sánchez, que marcará el paso con una primera intervención sin límite de tiempo, se enfrentará a un Congreso cada vez más complicado, pero tratará de llevar el ascua a su sardina centrando el tiro en el PP y sobre todo en la gestión de sus autonomías, con dos crisis relevantes, una en la Comunidad Valenciana que ha llevado a la dimisión de Carlos Mazón y otra en Andalucía, con los errores en los cribados del cáncer de mama. El Gobierno ha añadido entre todas las cuestiones que se van a tratar la de los servicios públicos, precisamente para que Sánchez pueda hablar de la gestión del PP, que domina 11 autonomías y empieza a tener el coste de problemas en la sanidad, en la educación, en la dependencia, a pesar de que según repite Sánchez, su Gobierno le ha dado a las autonomías 350.000 millones más de los que les dio Mariano Rajoy informa Carlos E. Cué.
Pero el Congreso, sus debates y, sobre todo, sus votaciones, son más enrevesadas que ese retrato lineal, como se observa casi todas las semanas y se volverá a retratar este jueves. Ni siquiera todos los aliados habituales de izquierdas están en la misma sintonía. Podemos ya avisó este martes al presidente de que aprovecharán la sesión de este miércoles para leerle la cartilla por su visión tan optimista de la economía, como reflejó este pasado domingo en su entrevista en EL PAÍS, y para reafirmar no solo que no están por permitir cambios en la política energética del país, y facilitar la prórroga de las centrales nucleares como se debatirá este jueves con una enmienda del PP que podría respaldar Junts, sino que exigen a través de una proposición de ley la nacionalización de la empresa Repsol, por su afección contaminante.
Podemos no es el único socio que está contra permitir la prórroga de las nucleares y que pondrá así en aprietos otra votación parlamentaria. El jueves se debatirá y votará en el Congreso la ley de Movilidad Sostenible y en la misma se ha integrado una enmienda del PP en el Senado que demanda la extensión de vida de esas centrales. Sumar y Compromís han anticipado que no la suscribirán. La portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, recordó este martes: “El cierre de las nucleares es un compromiso del acuerdo de Gobierno. Y no vamos a admitir que nuestro socio se desmarque. El único futuro energético posible para nuestro país pasa por las renovables”. Podemos hasta pidió al Gobierno que vete esa enmienda, si llega al pleno, en su prerrogativa de evitar esas medidas si afectan a los Presupuestos.
En el PSOE tampoco están de acuerdo con esa enmienda ni con favorecer las nucleares frente a las renovables, como certificó su portavoz, Patxi López, pero defendieron, al igual que el Gobierno, la complejidad de vetarla, porque no tiene contenido presupuestario. Finalmente, ha sido admitida por la Mesa y se votará el jueves. López se agarró este martes a que el Senado no había trasladado a tiempo esa enmienda para su aceptación normal, pero luego sí llegó de una manera extraordinaria. Ahora queda al albur de lo que decida Junts, que podría votar con Vox y PP, y forzar la petición de esa prórroga, poniendo además en aprietos a ERC, que no es entusiasta de las nucleares pero no quiere boicotear el alargamiento de la vida de las centrales instaladas en Cataluña.
Lo que ERC sí remachará este miércoles es la obligación de que el Ejecutivo de coalición se tome en serio y de manera más valiente otras políticas de vivienda en España. El pleno ya discutió este martes una proposición de ley de ERC para que se apliquen medidas fiscales contra la especulación inmobiliaria que entre otras soluciones al “principal problema del país”, como lo definió Rufián, proponía crear un impuesto progresivo sobre la acumulación de viviendas a partir de la tercera propiedad y ofrecer un IVA reducido a jóvenes menores de 35 años con rentas bajas para su primera vivienda. Los demás socios de izquierdas le apoyaron. PP, Vox, UPN, Junts y PNV no. El PSOE refrendó algunas tesis de Rufián pero no aclaró su voto.