Sánchez, nuevo examen político sobre corrupción

Solo habrán transcurrido 13 días entre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y el debate monográfico sobre “la corrupción de su familia y de su partido” que se celebrará en el Congreso e...

Solo habrán transcurrido 13 días entre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y el debate monográfico sobre “la corrupción de su familia y de su partido” que se celebrará en el Congreso este miércoles. Si el PP tiene una mayoría más que suficiente para poner en pie comisiones de investigación sobre lo que estime conveniente, con su capacidad numérica en el Congreso también puede convocar al jefe del Ejecutivo. Así lo ha hecho y Sánchez no ha querido demorarse. Primero, dará cuenta de las últimas cumbres europeas y, después, comenzará un debate incómodo, áspero y en el que saldrá políticamente acusado de ser el número uno de una trama de corrupción y de financiación ilegal del PSOE, a propósito de la investigación de la Audiencia Nacional sobre el uso de dinero en efectivo de la caja de Ferraz para los altos cargos.

El presidente no admitirá nada, sino que defenderá la honradez de su esposa, de su hermano, de su partido y la suya propia. El PP no se va a cansar de declararle culpable y de exigirle que convoque elecciones, y más después de que Junts le haya cerrado la puerta, aunque ya se verá si herméticamente. La baza de Sánchez contra el PP es la misma que la utilizada en las últimas elecciones generales de 2023, tras los pactos de los populares con Vox en distintas comunidades autónomas: la alternativa de gobierno es la derecha y la ultraderecha. Poco original, pero una realidad inequívoca por las sumas de las mayorías, según remachan interlocutores de la coalición gubernamental.

No le viene nada bien a Alberto Núñez Feijóo que las condiciones para investir a un presidente de su partido en la Comunidad Valenciana excedan el marco de la reconstrucción tras la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024. Para su incomodidad, Vox proporciona argumentos a la oposición de izquierdas para proclamar que el partido ultraderechista lleva del ronzal al PP al querer imponer candidatos pero, sobre todo, compromisos restrictivos sobre inmigración y políticas verdes. Esta negociación transcurrirá en los próximos diez días, y si fracasa habrá elecciones en marzo. Muy mal contexto para la campaña de las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre, tras las cuales la presidenta María Guardiola y el PP extremeño quisieran desasirse del partido de Abascal. La campaña se desarrollará con un partido ultra muy exigente en Valencia.

Esta dependencia de Vox, que atormenta al PP, será para el Gobierno una línea central del contraataque este miércoles en el pleno del Congreso. Feijóo contra Sánchez por la corrupción y este blandiendo lo que espera a los españoles si las derechas gobiernan. “Hay una internacional ultraderechista bien articulada y hay que responder en positivo”, apuntó Sánchez el domingo en una entrevista en EL PAÍS, en referencia a la situación mundial, sobre la que trata con otros gobernantes latinoamericanos y europeos.

En esta entrevista afirma que volverá a presentarse a las elecciones de 2027, una declaración de intenciones con la que responde a la exigencia del PP y de Vox de que convoque elecciones y se vaya.

La dureza de las expresiones que Feijóo y Abascal utilicen contra él marcarán la pauta, aunque en el Gobierno estarán muy pendientes de las expresiones del resto de los grupos, singularmente de Junts, pero también del PNV. Los nacionalistas vascos hasta ahora consideran que hay margen para llevar adelante políticas y acuerdos de su interés. Otra cosa será si llegan a considerar que no merece la pena estar por estar, reconocen en fuentes nacionalistas.

Al Gobierno no le da igual el anuncio de ruptura de Junts, oficializado el jueves, pero también sabe que en algunas materias la derecha independentista catalana sí se avendrá a hablar y a votar. De lo contrario, tendrán que dar muchas explicaciones en Cataluña para justificar el rechazo a medidas que afectan tanto a catalanes como a los ciudadanos de todas las comunidades. ERC estará muy vigilante y presto para la denuncia del comportamiento del partido de Carles Puigdemont.

Pero no solo el Gobierno tirará de la cuerda de Junts hacia él; también el PP. El primero, a las claras; el PP, por la vía de la amplia gama de intereses socioeconómicos compartidos. Pero sin proclamarlo. La conjunción, cuando convenga, se evidenciará en el marcador de votos del Congreso.

En las inmediatas votaciones de esta semana el portazo no debería escucharse. Junts está de acuerdo con los contenidos de la Ley de Atención a la Clientela; la ley de Movilidad Sostenible, la de Economía Social y las ayudas a los enfermos de la ELA. Después de estas, ya habladas con anterioridad a la ruptura, pero aún no votadas, vendrán otras que igualmente serán de interés y de necesidad para los catalanes, arguyen en el Gobierno para justificar que ellos no dan la relación definitivamente por rota.

Siempre hay que contar con el impacto de las decisiones de los tribunales europeos en Junts. El Abogado General de la Unión Europea dará a conocer sus primeras conclusiones sobre la ley de amnistía al procés este jueves 13. Se trata de exponer su opinión sobre las consultas efectuadas por los tribunales españoles. Dudas sobre si el Gobierno español actuó por el interés general o fue una “autoamnistía” o si hubo desviación de fondos que afectaran a los intereses de la Unión Europea, entre otras consultas pendientes. Cada mala noticia para Junts de los tribunales españoles o europeos es traducida por los independentistas como un “incumplimiento” de Pedro Sánchez. Por ejemplo, la amnistía no resuelta para Puigdemont, sin tener en cuenta que excede por completo de las capacidades del poder ejecutivo.