Una trabajadora del PSOE asegura en el Supremo que Koldo García centralizaba las liquidaciones de gastos de la Secretaría de Organización

Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, ha señalado este miércoles en el Tribunal Supremo que el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, era quien centralizaba la recepción de todas las liquidaciones de gastos en los que incurría la Secretaría de Organización. Fuentes presentes en las declaraciones de Rodríguez y del anterior gerente del partido, Mariano Moreno, señalan que ambos han confirmado la versión de Ferraz, que ha aportado al juez documentación para certificar que los supuestos pagos en efectivo a Ábalos y Koldo García en los que pone el foco la Guardia Civil son liquidaciones en metálico de gastos en los que incurrían por sus cargos en el partido. Tanto García como Moreno, según estas fuentes, han rechazado que el PSOE tenga una caja b.

El juez Leopoldo Puente, que investiga el supuesto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones en torno al Ministerio de Trasportes durante la etapa de Ábalos, citó el pasado día 20 como testigos a Rodríguez y Moreno. Lo hizo después de que un informe de la Guardia Civil aludiera a una “falta de concordancia” entre la documentación remitida por el partido al Supremo sobre las liquidaciones hechas al exministro y ex secretario de Organización socialista y las conversaciones entre Koldo García y su exmujer sobre supuestos ingresos en efectivo “mediante sobres en la sede del PSOE”.

Son los primeros testigos vinculados al PSOE que acuden al Supremo tras el informe patrimonial de Ábalos que puso el foco en supuestos cobros en efectivo. Fuentes presentes en la declaración señalan que tanto la empleada del partido como el exgerente han asegurado que Ferraz no tiene una contabilidad paralela e irregular y han confirmado el procedimiento detallado por los socialistas en la documentación enviada el pasado viernes al tribunal.

En esa información, el PSOE argumentaba que las incongruencias advertidas por la Guardia Civil se deben a que los socialistas solo habían enviado los gastos liquidados individualmente de los dos ex secretarios de Organización investigados (Ábalos y Santos Cerdán) y del antiguo asesor del ministro. Sin embargo, estos tres pudieron recibir también liquidaciones de gastos realizados por sus equipos de la Secretaría de Organización, que estaban anotadas como tales en la contabilidad del partido, no de forma individualizada.

En esta explicación ha abundado la empleada de Ferraz, que ha declarado como testigo, con obligación de decir la verdad. Según fuentes jurídicas, Rodríguez ha explicado que era Koldo García quien presentaba las facturas de los gastos en los que incurrían los miembros de la Secretaría de Organización y quien recogía en la sede del PSOE las liquidaciones de esos gastos en efectivo y luego los distribuía entre las personas que hubieran pagado cada gasto. Rodríguez ha explicado que ella avisaba a García cuando estaba preparado el sobre con la liquidación correspondiente y lo dejaba en la recepción de Ferraz. En la mayoría de las ocasiones era el propio asesor de Ábalos quien acudía a recogerlo, aunque en alguna ocasión, según la trabajadora, lo hizo en su nombre la que entonces era su mujer, Patricia Úriz.

Rodríguez y el exgerente han afirmado que se limitaban a comprobar las fechas y los importes de los tiques, que habitualmente correspondían a comidas o desplazamientos, sin hacer más comprobaciones sobre quién y como había anticipado ese gasto. Las fuentes consultadas señalan que el juez ha mostrado su extrañeza en varias ocasiones por la falta de comprobaciones por parte de Ferraz respecto a los gastos que les presentaban desde la Secretaría de Organización.

Moreno y Rodríguez han señalado que las comprobaciones se limitaban a constatar que el tipo de gasto encajara con los habituales en estas funciones (comidas o gasolina, sobre todo) y que la fecha del tiquet coincidía con la que se declaraba en un impreso que se adjunta a las facturas. El instructor ha preguntado si ni siquiera se comprobaba que la persona que presentaba el justificante era la que había pagado el restaurante o cómo se había hecho ese pago (si había sido efectivo o con tarjeta), a lo que el exgerente ha contestado que no. El instructor, según estas fuentes, ha preguntado a Moreno si se podía comprobar si había “blanqueo”, a lo que Moreno ha respondido afirmado que en los últimos años fueron aumentando los controles sobre este tipo de prácticas y ahora sí se exige que el pago se haga con tarjeta de crédito.

Moreno y Rodríguez han explicado también que era habitual que las liquidaciones se abonaran en metálico y dentro de sobres, y que lo hacían así tanto los miembros de la Secretaría de Organización como de la Ejecutiva Federal. Para acreditar esta práctica, los socialistas aportaron la semana pasada al juez todos los ingresos efectuados en la caja de Ferraz entre 2017 y 2024, que suman casi un millón de euros. Estas cantidades, señala el partido, sirvieron para reembolsar todas las liquidaciones de gastos en metálico hechos en nombre o por cuenta del partido de la Comisión Ejecutiva Federal y se hicieron con dinero procedente de una cuenta abierta en el BBVA. Con esta información, el PSOE pretende demostrar que “en ningún caso” esas liquidaciones se han abonado “con cargo a una supuesta caja b o a una hipotética extracontable, que no existe”.

Ábalos pide que Transportes acredite los “folios”

La defensa de Ábalos ha pedido al juez Puente que reclame a Transportes que certifique el “número de folios entregados a la secretaría del Ministerio entre los años 2018 y 2021″ para “acreditar” que la expresión “folios” no responde a un “lenguaje en clave con un significado real de carácter monetario”, como apuntó la UCO. Esta petición de Ábalos hace referencia al informe sobre su patrimonio realizado por la Guardia Civil, que recogía que los miembros de la trama empleaban “un lenguaje convenido” para referirse a dinero en efectivo “de origen desconocido y vinculado con los hechos investigados”. Los investigadores sostienen que llamaban chistorras a los billetes de 500 euros, soles a los de 200, lechugas a los de 100 y folios al dinero en efectivo en general.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la defensa de Ábalos sostiene que esta “inferencia” de los agentes “carece de fundamento”. El abogado afirma que el exministro tenía en su casa un despacho con ordenador e impresora y que él “tenía (y tiene) la costumbre de imprimir documentos, crónicas, etc. con los que nutre su archivo”. “Es posible que tal costumbre se refiera a una generación no digital, pero lo cierto es que este material de oficina era solicitado a su secretaría. Por lo tanto, deja un claro trazado administrativo. Dichos folios, en cajas, las traían a la residencia oficial del señor Ábalos los conductores, escoltas o el propio Koldo García”, señala.

En el mismo escrito, el exdirigente socialista pide al tribunal que reclame a Transportes “todos los certificados de entrada, salida y de control de las mascarillas”, así como que certifique el número de “mascarillas sobrantes que había en el Ministerio tras su distribución por Correos” y que informe de “si facilitó a terceros ajenos” a Transportes el acceso a las dependencias donde se guardaban las mascarillas. Con esta petición, la defensa pretende demostrar “la pulcritud” del proceso de distribución del material sanitario, puesto en duda por los investigadores.

Ábalos solicita también al Supremo que le devuelva un disco duro externo que fue incautado durante el registro efectuado el 20 de febrero de 2024 en casa de su antiguo asesor. Según el exministro, García lo recogió del despacho de Ábalos tras la destitución de este y que, desde entonces, estaba en casa de aquel.