Un exeurodiputado de Podemos batalla para que se investigue otro “montaje” de la cúpula policial del Gobierno de Mariano Rajoy

Cuando las maniobras se multiplicaban a principios de 2016 en el seno del Ministerio del Interior contra un Podemos en auge, el comisario José Luis Olivera, que era director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y está procesado actualmente por el caso Kitchen, envió un escrito a la Fiscalía Antidroga para denunciar que sospechaban que el...

Cuando las maniobras se multiplicaban a principios de 2016 en el seno del Ministerio del Interior contra un Podemos en auge, el comisario José Luis Olivera, que era director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y está procesado actualmente por el caso Kitchen, envió un escrito a la Fiscalía Antidroga para denunciar que sospechaban que el eurodiputado Miguel Urbán traficaba con cocaína. Utilizando como única base la palabra de un confidente, se abrieron entonces unas pesquisas que quedaron en nada tras rastrear sus cuentas y elaborar varios informes llenos de teorías sobre una supuesta financiación irregular de la formación. Ahora, Miguel Urbán batalla en la Audiencia Nacional para que se investigue ese “montaje” para intentar implicarlo en un delito. La Sala de lo Penal debe estudiar un recurso que ha presentado tras la negativa de dos juzgados a indagar en ello: “Se intentó impedir que ejerciera sus funciones”, expone su abogado.

Urbán explica que no supo de ese intento de implicarlo en una trama de narcotráfico hasta hace solo unos meses, cuando los primeros detalles brotaron en la investigación que el juez Santiago Pedraz dirige en la Audiencia Nacional sobre las maniobras urdidas en Interior contra Podemos en la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP), ministro del Gobierno de Mariano Rajoy. En estas pesquisas de Pedraz se acumulan pruebas sobre la guerra sucia activada contra la fuerza política entre 2015 y 2016, cuando varios mandos de la cúpula policial se afanaban en buscar presuntos trapos sucios de la formación: en esa época, por ejemplo, se elaboró y publicó el llamado informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un falso documento policial que afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido y que se usó para atacar a Pablo Iglesias; y se contactó con exmandatarios venezolanos para que declarasen contra la fuerza política —varios agentes viajaron incluso a EE UU (a costa de las arcas públicas)—.

Sin embargo, pese a los avances de su instrucción, el magistrado Pedraz rechazó indagar dentro de su investigación sobre las presuntas maniobras contra Urbán. Pedraz, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5, denegó al exeurodiputado su personación en la causa y rechazó abrir una pieza separada para profundizar en el “montaje” de la cocaína, al que se había bautizado como Operación Cardenal.

Fue el primer portazo al exparlamentario de Podemos, que decidió entonces presentar una querella ante la propia Audiencia Nacional para que se impulsara una causa independiente. Urbán puso así cinco presuntos delitos sobre la mesa (calumnias, intromisión a la intimidad, falsedad documental, malversación y prevaricación) y pidió la imputación, entre otros, del comisario jubilado José Luis Olivera, que también se encuentra procesado por la Operación Kitchen —la trama parapolicial impulsada desde Interior para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP, con el objetivo de robarle documentación del caso Gürtel—. Esta nueva denuncia recayó en el Juzgado Central de Instrucción 3, encabezado por la magistrada María Tardón. Pero ella también rechazó iniciar una investigación tras consultar el caso con la Fiscalía.

En una resolución firmada el pasado 29 de septiembre, la jueza dio el segundo portazo a Urbán y desplegó una doble línea argumental para descartar sus pretensiones. Por un lado, expuso que el exparlamentario de Podemos apoya su tesis en “meros recortes de artículos de prensa” y que “no se aporta ni el más mínimo principio de prueba”. Tardón añadió que la Audiencia Nacional carece de competencias para perseguir los delitos que se planteaban; y descartó que pueda hablarse de delitos contra las altas instituciones del Estado (que sí podría asumir este tribunal especial) porque las presuntas irregularidades contra Urbán se habrían cometido “en el ámbito de su esfera privada”, “sin que se haya visto afectada con dichos hechos su condición de europarlamentario”.

Tras esta negativa, Urbán ha recurrido a la Sala de lo Penal de la Audiencia para que obligue a Tardón a emprender averiguaciones sobre la Operación Cardenal. Para ello, en un escrito de alegaciones al que tuvo acceso EL PAÍS, el abogado del exparlamentario contrarresta las conclusiones de la jueza. Por un lado, abunda en que se actuó contra él por ser eurodiputado de Podemos y que, por tanto, “representaba a las altas instituciones del Estado”: “Lo que se intentó es impedir que ejerciera las funciones propias de su cargo, y no se trató de una investigación contra Urban en el ámbito privado”.

La defensa de Urbán incide igualmente en el contexto: las fechas evidencian que el “montaje” de la cocaína coincidió en el tiempo con otras maniobras similares urdidas contra miembros de Podemos desde Interior en época de Fernández Díaz. La fuerza política ha denunciado que varios mandos policiales “se ocupaban” en esa época “de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial” sobre los dirigentes del partido de izquierdas. Y su modus operandi incluía la posterior filtración de informaciones con datos falsos a medios de comunicación —que las publicaban citando “fuentes policiales”— para desprestigiar así a la formación ante la opinión pública. “No resulta inverosímil que se iniciara la Operación Cardenal con el objeto de dar una apariencia formal de cobertura de una investigación por narcotráfico, para destinarla a otros fines”, recoge el recurso de Urbán.

Su abogado apostilla, además, que la causa de Pedraz acumula otros indicios que demuestran irregularidades: un inspector jefe de la Policía declaró que consideraba improcedente iniciar una causa de este tipo con solo el testimonio de un confidente.

La Operación Cardenal

La investigación contra Urbán comienza el 22 de enero de 2016, cuando el comisario Olivera envía un escrito a la Fiscalía Antidroga sobre “el posible tráfico de 40 kilogramos de cocaína, en el que pudieran aparecer implicadas personas de especial trascendencia pública”. Olivera remitió ese documento en pleno apogeo de la guerra sucia contra Podemos: solo 10 días antes, la web Okdiario había publicado el falso informe Pisa; y el secretario de Estado de Seguridad del PP y mano derecha de Fernández Díaz, Francisco Martínez, andaba en ese momento reclamando trapos sucios de miembros del partido de Iglesias.

Olivera acompañó su escrito de una supuesta “nota informativa” policial (sin firma, ni sello, ni autor declarado), donde se relataba que un confidente aseguraba que Urbán había acudido a un pub del barrio madrileño de Malasaña cargado con 40 kilos de cocaína “procedentes de Venezuela” que quería cambiar por dinero para “financiar los gastos de campaña de Podemos”. Y, con esto como única base, la Fiscalía Antidroga abrió unas pesquisas que declaró secretas.

Este “delirante” relato (como lo define Urbán) permitió a la cúpula policial ampliar la declaración del supuesto confidente —que llegó a decir que Urbán “tiró una bolsa de cocaína en la barra invitando a todo el que quisiera”—; e incorporar más notas e informes policiales (con firma y sin firma) que, de nuevo, teorizaban sobre un supuesto delito de financiación de Podemos. Y también se rastrearon las cuentas bancarias del entonces eurodiputado. Hasta que la Fiscalía Antidroga puso fin a todo en julio de 2016, al concluir que “no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos”.

El pasado enero, en una comisión de investigación del Congreso sobre las irregularidades cometidas por cargos policiales en época del Gobierno de Rajoy, Podemos preguntó a Olivera sobre la guerra sucia contra el partido. El comisario jubilado negó haber cometido irregularidades: “Jamás verá que he puesto una prueba falsa delante de un juez o de un tribunal, sabiendo yo que era falsa”, dijo, antes de añadir: “Generalmente, es preferible no aportar un dato si no estás seguro”.