El exconsejero de Murcia que firmó los cambios de normativa del pelotazo urbanístico de Novo Carthago: “No se ha puesto ni un ladrillo”

El exconsejero de Medio Ambiente de Murcia durante el Gobierno del popular Ramón Luis Valcárcel, Antonio Cerdá, que tramitó en 2003 el cambio del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para allanar el camino a la construcción de una macro urbanización en terrenos protegidos junto al Mar Menor, ha declarado este lunes que esa modificación en la normativa se llevó a cabo en base a criterios técnicos y siguiendo todos los pasos legales necesarios. De hecho, ha recordado, las alegaciones presentadas llegaron a Europa, que paralizó el proyecto: “Después de 22 años, ni se ha puesto un ladrillo ni se ha ocupado un metro cuadrado de espacio protegido”, ha defendido durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Murcia en la última sesión del juicio del conocido como caso Novo Carthago, en el que es el principal acusado.

Cerdá ocupó la cartera de Medio Ambiente desde 1999 hasta junio de 2004, y de nuevo desde septiembre de 2005 hasta mayo de 2011, y el fiscal lo considera autor de un delito de falsedad en documento público y otro delito continuado de prevaricación, por la supuesta recalificación ilegal de la zona conocida como humedal de Lo Poyo, junto al Mar Menor, en el término municipal de Cartagena. El consejero, según el Ministerio Público, habría promovido de forma irregular cambios en el PORN para permitir construir en la zona una urbanización con 10.000 viviendas, varios hoteles y dos campos de golf.

Son precisamente esos campos de golf los que habrían precisado de la modificación de la normativa: la idea era construirlos sobre el terreno que en ese momento ocupaba un regadío intensivo. Según las explicaciones que ha dado el exconsejero, los técnicos de su departamento, junto con el entonces director general de Medio Ambiente, Carlos Brugarolas, visitaron la zona y concluyeron que “era menos agresivo” para el entorno natural protegido un espacio “de uso deportivo recreativo” que un regadío intensivo, por lo que el PORN se modificó para prever ese cambio de usos. El director general, que estuvo investigado en este procedimiento, falleció en 2019 a la espera de juicio. El exconsejero ha insistido, no obstante, en que el tiempo ha dado la razón sobre ese cambio de usos, y los regadíos intensivos en el entorno del Mar Menor han sido prohibidos por la ley de protección de la laguna salada.

La modificación del PORN, ha insistido, se sometió a un periodo de cinco meses de exposición pública para presentar alegaciones, y los informes se elevaron a la Comisión Europea, dado que los terrenos formaban parte de la Red Natura 2000 y estaban protegidos como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Bruselas advirtió de que las medidas correctoras que se habían incluido en el proyecto para cambiar los usos de la zona eran insuficientes, motivo por el que el proyecto urbanístico nunca llegó a desarrollarse, ha subrayado.

Cerdá ha negado también que ejerciera ningún tipo de presión sobre sus directores generales o sobre los técnicos de su departamento para llevar a cabo esas modificaciones legislativas: “Nunca he ordenado nada a mis funcionarios, han obrado siempre con total libertad y he seguido siempre sus instrucciones”, ha indicado, y ha llegado a asegurar que sus únicos asesores eran “los directores generales”, en quienes tenía una total confianza en su profesionalidad, por lo que no dudó en firmar las modificaciones que habían propuesto.

También ha negado cualquier presión durante una reunión mantenida en junio de 2004 en el Palacio de San Esteban, sede de la presidencia regional, y de la que ha dicho no tener ningún recuerdo. “Si la intención era presionar a la gente, creo que San Esteban no era el lugar adecuado. Para ejercer presión, habría tenido más privacidad en mi consejería. Pero no he hecho presión a ningún funcionario nunca, ni en este caso ni en ninguno”, ha dicho en tono molesto.

Ha negado ese tipo de presiones también María Antonieta Fernández, que fue contratada como asesora eventual de Cerdá, y que está acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden tres años y ocho meses de prisión. Ella fue quien redactó el informe en el que se basó la modificación del PORN y que incluía, ha dicho al juez, las recomendaciones técnicas del director general fallecido, que indicaban que un uso recreativo deportivo en la zona donde había regadíos “evitaría filtraciones” al Mar Menor. En cualquier caso, ha insistido en que ella no tenía competencias para presionar o “para mandar a ningún funcionario” y se limitaba a cumplir las órdenes de sus superiores, ya que “no tenía ninguna potestad ejecutiva ni administrativa”, y tampoco formación para contradecirlos.

En este macrojuicio está acusado también de prevaricación el que fuera consejo de Obras Públicas en aquella época, Joaquín Bascuñana, que ocupó numerosos cargos, incluido el de delegado del Gobierno central durante el mandato de Valcárcel, y para quien el fiscal pide penas de seis años y medio de inhabilitación. Están acusados además otros cuatro ex altos cargos del gobierno de aquellos años.