La justicia con menos procura del mundo

Reducir el problema de la Justicia española a un debate sobre el lawfare, los jueces conservadores o progresistas o su independencia e imparcialidad es interesante. Pero distrae. El gran problema judicial, el que más perjudica a los ciudadanos, es su atasco...

Reducir el problema de la Justicia española a un debate sobre el lawfare, los jueces conservadores o progresistas o su independencia e imparcialidad es interesante. Pero distrae. El gran problema judicial, el que más perjudica a los ciudadanos, es su atasco: es estructural, creciente, de los mayores de Europa y a lo que nunca se ha querido poner un remedio eficaz.

La congestión, que cada día suma más casos sin resolver, ha convertido a la Justicia en el servicio público que más impacta negativamente en la economía y en la sociedad. Hoy hay cinco millones de casos sin resolver en todos los juzgados, el doble que hace diez años, el 50% más que hace cinco años… cada año la indigestión es mayor. Eso son unos 25 millones de ciudadanos, empresas e instituciones atrapados en un modelo que resta más de 50.000 millones de euros a nuestro PIB y que impide a la sociedad resolver sus desavenencias de un modo razonable. Un impago, un divorcio, un concurso de acreedores, la custodia de los hijos, un desahucio, un embargo... no deberían atascarse 5, 7 o 9 años en los juzgados y arruinando la vida de familias y empresas. No es un problema de inversión pública. Es obvio que, cuantos más juzgados, como cuantos más hospitales, mejor.

Pero no es eso. El último informe de la Comisión Europea de Eficiencia de la Justicia sitúa el gasto público español en Justicia en 97 euros por habitante, un 30% por encima de la media de 44 países de Europa; la inversión española está en un 0,34% del PIB, frente al 0,28% de la media europea. De hecho, España invierte en Justicia mucho más que otros países (más que Italia, Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido…) que tardan bastante menos tiempo que España en resolver y ejecutar un pleito. Es más, nuestros jueces y nuestros juzgados son tan resolutivos que, mientras que en los últimos cinco años el número de juzgados aumentó en un 4%, los pleitos resueltos se incrementaron casi el triple (un 11%). Tampoco es un problema de leyes de Eficiencia, reorganizaciones, mediación o arbitrajes, que pueden mejorar las cosas, pero no van a resolver el problema estructural. Sí es cierto que hacen falta más jueces, unos 300 más para alcanzar la media europea. Pero tampoco es eso los que nos diferencia judicialmente del resto de los países. ¿Por qué si la mayoría de los ciudadanos europeos tarda una media de entre 100 y 239 días (según sea civil, penal, etcétera) en tener una sentencia, el contribuyente español ha de esperar un 64% más?

La solución es mucho más sencilla, barata y fácil de legislar: replicar el modelo de cualquiera de nuestros vecinos, dando más trabajo a los procuradores. Procuradores con más competencias, que eviten y aligeren el trabajo interno de los juzgados y permita a los funcionarios centrarse en su verdadera tarea. Tan simple como sacar la burocracia (notificaciones, averiguaciones de patrimonio, de domicilio, citaciones, ejecuciones, embargos, etcétera) del juzgado. Como en los demás países de nuestro entorno. Fuente: Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia. Consejo de Europa (2022).

Tomemos el caso más cercano. Nuestro vecino peninsular, Portugal, tenía en el año 2000 el doble de atasco judicial que España. Entonces tomó la decisión de otorgar a sus procuradores (allí se denominan solicitadores y agentes de execução) competencias para desatascar su Justicia. ¿Funcionó? Con procuradores ejecutivos, Portugal redujo su atasco entre 2003-2024 en un 60%, mientras en España lo aumentó en un 112%. Las 9.200 procuradoras y procuradores españoles y nuestros 40.000 profesionales empleados en nuestros despachos queremos ser más útiles. Somos profesionales del Derecho y procuradores de los tribunales capaces de reducir el atasco judicial a la mitad en solo cinco años y eliminarlo en diez. Nadie mejor que nosotros para agilizar la Justicia, porque es nuestra profesión, nuestra especialidad y en ello va nuestro sueldo. Trabajamos en cercanía, en cada pueblo, en cada ciudad. Conocemos cada juzgado, a sus funcionarios, a nuestros clientes. Si la Justicia española quiere prestar el servicio que sus contribuyentes merecen en el siglo XXI, ha de contar con procuradores del siglo XXI. No tiene España un problema de ineficacia de sus jueces, ni de exceso de litigiosidad, ni de escasa inversión pública. Nuestro problema es no haber sabido utilizar y adaptar un recurso tan potente como la procura para agilizar y resolver en tiempo y forma cada pleito.