Ayuso impide a Feijóo cerrar el frente del aborto con sus críticas al registro de objetores

La dirección nacional del PP quería dar carpetazo cuanto antes al frente del aborto que le abrió la semana pasada el PP del Ayuntamiento de Madrid, pero la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha interpuesto en ese propósito. La líder madrileña ha vuelto a defender una posición diferenciada en el partido sobre el registro de objetores de conciencia, lo que dificulta a Génova cerrar el capítulo del supuesto síndrome posaborto no avalado por la ciencia que Vox coló al PP en el Consistorio de la capital. Mientras otras comunidades del PP, como Aragón y Baleares, se apresuraron ayer a garantizar que cumplirán a la mayor brevedad con la creación de ese registro tras el requerimiento del Gobierno, Ayuso dijo que rechaza que se “estigmatice” a los sanitarios que se nieguen a practicar un aborto y dejó en el aire si cumplirá.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid en la que les da tres meses para crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto. Se trata de un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Las cuatro comunidades autónomas incumplen la norma al seguir aún sin crear dicho registro, según un informe del Ministerio de Sanidad adelantado el pasado jueves por EL PAÍS. “La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental”, advierten fuentes del Ejecutivo, que indican que el respeto a la objeción de conciencia “nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”.

Tras conocerse el requerimiento, tres de esas cuatro comunidades ―todas, salvo Madrid― se han apresurado a confirmar que están ya trabajando en la creación de ese registro de objetores. Asturias, en manos del PSOE, ha asegurado que ya está en ello y espera tenerlo pronto. Los Gobiernos de Aragón y Baleares, ambos del PP, no han puesto obstáculos y garantizaron este lunes que cumplirán la ley y lo habilitarán. El presidente aragonés, Jorge Azcón, sostiene que el presidente socialista “quiere poner el aborto en el centro del debate” para desviar el foco, opina, de que “hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el PSOE se está financiando de forma ilegal”. Pero recalcó que su Gobierno “respeta y respetará siempre las leyes”, y que el registro de objetores se pondrá en marcha “sin ningún problema”.

El discurso del barón aragonés contrasta con el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a diferencia de sus compañeros de partido se resiste a esta iniciativa obligatoria por ley. Ayuso puso reservas al registro de objetores con el argumento de que ella rechaza que “se persiga”, “estigmatice” o “señale” a los profesionales sanitarios que no quieran practicar abortos. “En 2024 hubo 106.000 abortos. Esto es de una enorme tristeza y un fracaso como sociedad”, reflexionó la líder madrileña este lunes. “Ahora hablamos de esto para tapar los escándalos que rodean al presidente. Yo defiendo que en España no se persiga a nadie por abortar o por no hacerlo y tampoco se persiga ni se señale a nadie por practicar un aborto o por no querer practicarlo como profesional de la salud”, añadió. Y remachó: “Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer me parece impropio de una democracia liberal”.

La presidenta madrileña dejó en el aire qué contestará al requerimiento del presidente del Gobierno. Su consejera de Sanidad sí dijo el pasado viernes que cumplirían con el registro, aunque no sería la primera vez que la presidenta enmienda a uno de los miembros de su Gobierno. “Ya veremos, para una carta que me escribe...”, ironizó Ayuso sobre la misiva de Sánchez. “Me tomaré tiempo para ser certera”. Fuentes de su equipo sí garantizaron que Ayuso responderá al líder socialista, aunque no desvelaron en qué sentido.

El Gobierno ha decidido aprovechar al máximo el error no forzado del PP, que inició el Ayuntamiento de Madrid, al reavivar el debate del aborto, muy cómodo para el Ejecutivo porque cree que identifica perfectamente lo que denuncia Sánchez, esto es el “colapso” ideológico de la derecha tradicional que se entrega a los discursos de la ultraderecha, sobre todo en una cuestión de derechos fundamentales de las mujeres que tiene un apoyo muy importante en España, también entre votantes del PP.

Sánchez ha dado instrucciones de incidir al máximo en esta cuestión y además de la carta que ha enviado a cuatro autonomías, este martes el asunto será central en el Consejo de Ministros y en la rueda de prensa posterior, en la que comparecerá Mónica García, la ministra de Sanidad.

García llevará a la cita un informe detallado y actualizado de la situación del aborto con mucha carga política, porque demuestra, según fuentes del Ejecutivo, que las diferencias entre autonomías son enormes a la hora de facilitar el aborto en clínicas privadas o centros públicos, un asunto que muestra el compromiso de las autonomías.

Este reparto ha ido mejorando en los últimos años a favor de los centros públicos, porque se ha hecho mucha política para que fuera así, pero hay autonomías en manos del PP que se siguen resistiendo.

Si se miran los datos de las tres mayores autonomías de España, Cataluña, en manos de los socialistas, y Madrid y Andalucía, de los populares, la diferencia es abismal. Mientras en Cataluña el porcentaje de abortos en centros públicos ya supera el 55%, en Andalucía y Madrid no llega ni al 1%: 0,2% en la primera y 0,47% en la autonomía de Díaz Ayuso, que se resiste a ese registro de objetores que abriría la puerta a que pudiera haber más intervenciones en lo público.

Si se mira a otras autonomías menos pobladas, la comparación es aún peor para Madrid y Andalucía. Navarra, que estuvo muy baja, ahora, con gobiernos progresistas, supera ya el 75%. Las diferencias se dan también dentro del PP: la Galicia de Feijóo también supera el 75% de abortos en centros públicos mientras Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, está en cifras similares a las de Madrid,

El Tribunal Constitucional ha avalado la creación de registros de objetores con la finalidad de que la Administración sanitaria conozca quiénes se niegan a realizar abortos, para poder organizar los servicios y asegurar que las prestaciones legales se realicen cuando corresponda. La doctrina del tribunal de garantías sostiene que estos registros no vulneran los derechos de libertad ideológica o religiosa ni de intimidad personal. El Constitucional desestimó además en una sentencia del 18 de junio de 2024 un recurso de Vox que veía discriminatorio que se limite el registro solo a los objetores frente a un registro general de todos los profesionales señalando su disponibilidad, ya que no considera que exista una infracción del principio de igualdad en este diseño.

Ayuso dificulta a Génova cerrar cuanto antes el capítulo del aborto, un asunto divisivo dentro del partido, en el que conviven sectores ultracatólicos con otros más liberales. La semana pasada, después de que Sánchez aprovechara la controversia en el Ayuntamiento de Madrid para anunciar que promoverá que se blinde el aborto en la Constitución, la cúpula del PP trató de dar por zanjado el debate con un comunicado en el que se oponía a una reforma constitucional y reiteraba, en cambio, su compromiso con la ley de plazos vigente. Pero con sus reticencias al registro de objetores, la líder madrileña vuelve a dejar al descubierto que el aborto sigue siendo un debate que el PP todavía no ha resuelto.