Extremadura afronta una huelga de 16.500 docentes por sus bajos salarios respecto a otras regiones: “Ya somos los últimos de España”
La Junta y los sindicatos no han podido llegar a un acuerdo, por los que miles de estudiantes podrían quedarse sin clases el próximo 7 de octubre
El conflicto entre la Junta de Extremadura y los sindicatos docentes, que reclaman desde hace más de un año una mejora salarial, continúa en punto muert...
El conflicto entre la Junta de Extremadura y los sindicatos docentes, que reclaman desde hace más de un año una mejora salarial, continúa en punto muerto a pocos días de que se lleve a cabo una jornada de huelga, convocada para el martes 7 de octubre, que podría dejar sin clases a miles de alumnos en toda la región. La protesta, que afecta a todos los niveles de la educación pública extremeña, está secundada por todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial de Educación ―CSIF, PIDE, CC OO, ANPE y UGT-SP― tras meses de desencuentros con la Consejería de Educación.
En total, más de 16.500 profesores están llamados a participar en la movilización, que busca denunciar el estancamiento en las negociaciones sobre la homologación salarial con el resto de Comunidades Autónomas. El portavoz del sindicato PIDE, José Manuel Chapado, lamenta que la administración desde el verano no haya hecho nada para evitar la huelga. “No ha habido ni contacto formal ni informal desde que se rompieron las negociaciones, en mayo o junio”, dice el dirigente, que recuerda que fue en octubre de 2024 cuando solicitaron por primera vez este aumento de los salarios. Tras un año de espera, la situación ha empeorado. “Entonces éramos los terceros peores pagados. Hoy ya somos los últimos”, denuncia.
PIDE pone como ejemplo las diferencias retributivas con Comunidades como País Vasco o Navarra, donde los docentes pueden percibir hasta 700 euros más al mes que en Extremadura. “Aquí no hay complementos de productividad, ni por tutoría, ni de transporte. Es una discriminación inaceptable que debe corregirse. Para alcanzar una equiparación mínima, hablamos de al menos 200 euros de diferencia mensual”, cuenta a EL PAÍS.
Desde la Junta de Extremadura, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, defiende que el Gobierno regional sí ha realizado propuestas concretas de mejoras salariales y acusa a los sindicatos de haber rechazado una subida de 80 euros mensuales, lo que supondría una inversión anual de 23 millones de euros adicionales. “Ese dinero no está ya en manos de los docentes porque los sindicatos dijeron que no. Nosotros nunca nos hemos levantado de la mesa”, traslada Vaquera.
La consejera insiste en que la Junta ha mejorado las condiciones laborales del profesorado en otras áreas. Como ejemplos, cita la reducción del horario lectivo de los maestros de 25 a 23 horas, la eliminación de la obligatoriedad de permanecer por las tardes en los centros y la posibilidad de realizar tareas de forma telemática. “Reconocemos que los docentes son la piedra angular del sistema educativo. Queremos mejorar sus condiciones, pero siempre dentro de las posibilidades presupuestarias. Seguimos con la mano tendida para dialogar cuando quieran volver a sentarse”, dice la responsable política.
A esta jornada de huelga a la que se enfrenta la educación extremeña hay que sumarle el caos en el transporte escolar que hubo durante el inicio del curso en toda la región. El conflicto abierto entre varias empresas concesionarias del transporte y la Junta afectó a más de 7.000 alumnos, y en muchas localidades tardó más de una semana en resolverse. “Nunca habíamos vivido algo así. No sabemos quién está dando las órdenes en Educación. Hay descoordinación, improvisación y abandono de la educación pública”, decía Chapado en medio de aquella polémica.
La Junta de Extremadura ha establecido los servicios mínimos que hay que garantizar el día de huelga. Esta medida busca garantizar derechos esenciales como la educación del alumnado, la asistencia de los padres a sus puestos de trabajo y la seguridad de los menores, según consta en la resolución que ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura.
Entre los servicios mínimos fijados se incluye la presencia obligatoria del director de cada centro, así como de un jefe de estudios en aquellos con varios responsables. También deberán acudir los profesores de escuelas unitarias, un docente designado en cada localidad de los Centros Rurales Agrupados, y el personal directivo en internados, residencias, escuelas-hogar y centros de educación especial.
A pocos días de la huelga, ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder. Los sindicatos advierten que, si no hay un gesto de la Administración, las movilizaciones continuarán. PIDE incluso deja abierta la posibilidad de tomar medidas más contundentes. “Si la huelga es mayoritaria y la Junta no responde, podríamos llegar a paralizar las evaluaciones o impedir la entrega de notas, tanto durante el curso como al final”, asegura Chapado.
Desde la Consejería recuerdan que el derecho a huelga es individual y voluntario, y que se garantizará un mínimo de atención educativa, aunque se espera que muchos centros puedan verse afectados en su totalidad.