Pueblos de España y Portugal se alían contra la fiebre europea por los minerales estratégicos

La península Ibérica se ha convertido en pieza clave de la estrategia europea en minerales esenciales para fabricar desde baterías hasta munición. De los 60 proyectos aprobados por Bruselas, 11 se encuentran repartidos ent...

La península Ibérica se ha convertido en pieza clave de la estrategia europea en minerales esenciales para fabricar desde baterías hasta munición. De los 60 proyectos aprobados por Bruselas, 11 se encuentran repartidos entre municipios de España y Portugal, donde el temor a nuevas minas extractivistas ha gestado una alianza popular para defender sus modos de vida. En Assumar, un pueblo portugués de 600 habitantes a 20 kilómetros de la frontera con el sur de Extremadura, el silencio lo rompen cuatro obreros subidos a un andamio mientras reparan una fachada. Uno de ellos baja sin prisa cuando se les pregunta por los minerales esenciales en la comarca del Alentejo. “Hubo una mina hace unos años. Dicen que están explorando otra vez, pero no sé nada”, teclea en el traductor de Google.

Los rumores de estas prospecciones cruzan el Guadiana hasta los páramos de la comarca de Olivenza (Badajoz), donde están más familiarizados con el plan europeo para extraer sustancias como litio, wolframio o tierras raras. Rubén Báez (51 años), coordinador de la plataforma antiminas, acusa a la empresa Atalaya Mining ―heredera de los derechos de la mina de Riotinto en Huelva― de realizar sondeos ilegales en este suelo protegido por la Red Natura 2000. Asegura por teléfono que “es normal” que al otro lado de la Raya no estén al tanto de las exploraciones: “Ninguna Administración explica nada. Es la misma empresa que está intentando hacer un cinturón minero desde Aguablanca hasta Jerez de los Caballeros”.

La orden de expropiación a un vecino de Alconchel (1.600 habitantes) para buscar oro y cobre en su finca reveló en 2021 la verdad con sus alfileres: silencio institucional, perforaciones a hurtadillas y presunta flexibilidad legal en los informes de evaluación de impacto ambiental. Hay pocas sombras para resguardarse de los 39° que marca el termómetro en verano en este municipio de casas blancas y tejas rojas. La terraza del bar La Piscina se convierte en su mejor refugio climático. Eli Correa, concejala de 33 años por el Partido Popular, y José María, un ganadero de 44, recuerdan aquel momento. “Si no es por el intento de expropiación, no nos hubiéramos enterado de los planes de Atalaya”, dice Correa.

El chapoteo de los niños en la piscina de Alconchel acompaña las preocupaciones de la edil: “No quiero vivir con una mina a 100 metros de mi casa. Ni que se contamine el agua de la que todos dependemos aquí. Quiero que mi pueblo se desarrolle, pero no a cualquier precio”.

La falta de información, como en Assumar, llevó a José María a patearse toda la dehesa que mantiene el pulso en los pueblos que integran esta comarca, fronteriza con Portugal y muy afectada por la despoblación y el desempleo. “Llevamos al Ayuntamiento (PSOE) las coordenadas exactas y las fotos de los sondeos. Solo tenían permiso en una finca y lo aprovecharon para entrar en las de los demás”, acusa José María, quien asegura que Atalaya Mining fue multada con 4.000 euros por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHD) por los presuntos sondeos ilegales.

La empresa afirma a este periódico que no busca declarar el proyecto como estratégico y que todas las campañas de exploración realizadas desde 2021 cuentan “con todos los permisos necesarios”, única actividad en este territorio “contrastada por numerosas inspecciones de las autoridades”. Y añaden que estos sondeos “son mínimamente invasivos y respetuosos con el medio ambiente”. Según Báez, la compañía continúa realizando las prospecciones con la licencia de entonces, ya caducada. “En cuanto puedan declararlo como estratégico, lo van a hacer”, sentencia el coordinador.

El Gobierno regional, que encabeza la popular María Guardiola en coalición con Vox, ha declinado responder sobre la protección ambiental de este suelo y los permisos para realizar las perforaciones. En su web, la Junta presenta la minería como una oportunidad para “promover el crecimiento económico” de Extremadura, donde hay “más de 1.000 indicios” para llevar a cabo proyectos viables. En la Sierra de Gata (Cáceres) ya están evaluando siete nuevas excavaciones para extraer estaño y litio, ambas materias primas estratégicas. También en los pueblos pacenses de Villanueva del Fresno y Barcarrota.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que todas las iniciativas mineras deben superar la correspondiente evaluación ambiental, a la que se pueden presentar alegaciones, y puntualizan que a excepción del proyecto estratégico de Aguablanca, “el resto de los proyectos extremeños son competencia de la autonomía”. Añaden que debe efectuarse una “información pública” para que cualquiera pueda “exponer posibles afecciones”. La plataforma Comarca Olivenza Sin Minas, en la que hay más de 100 personas involucradas, asegura que no ha tenido acceso a ningún tipo de información.

Martín, abogado de 52 años, enseña en su finca familiar de Táliga (660 habitantes, Badajoz) fotos tomadas en el terreno del vecino. Se ven máquinas perforadoras, una balsa de agua y rocas alrededor. “Entraron sin permiso del Ayuntamiento, a escondidas, como otras veces”, dice. “Lo hacen con la misma impunidad de Arde en Mississippi y te obligan a enfrentarte a los trabajadores. Si tienen todo en regla, ¿por qué se esconden“, cuestiona este vecino. Según afirma Báez, el Ayuntamiento de Táliga ha iniciado los trámites para interponer un expediente sancionador a la empresa tras la inspección del Seprona: ”La Dirección General de Industria, Energía y Minas dice que son legales las prospecciones respecto a su normativa, pero no tienen en cuenta la normativa urbanística porque, dicen, no es de su competencia".

El temor a que el objetivo europeo de no depender de otros países como China ampare futuras minas se replica en toda la península. Ha taladrado centenares de pueblos dispersos en ambos lados de la Raya: desde las montañas de Galicia, el norte de Portugal y los valles de Castilla y León hasta Andalucía. Esa inquietud propició que naciera en 2023 el Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB), donde la plataforma de la comarca de Olivenza y otros pueblos españoles y portugueses buscan asesoramiento legal para frenar la fiebre extractivista.

Joam Evans es coordinador del MINOB. Descuelga el teléfono en Galicia, donde la minería metálica amenaza con acabar con el trabajo de más de mil familias marisqueras, según sus datos. Afirma que la Comisión Europea y el ministerio alegaron motivos de seguridad y defensa para denegar el acceso a los informes de impacto ambiental de los proyectos estratégicos que solicitaron en primavera. Evans señala un cambio en el discurso oficial: “La transición verde ha quedado desfasada. Ahora hablan de necesidad de rearme. Las dos minas de wolframio, el material con el que se fabrica municiones y blindaje, tienen un historial nefasto por vulneración de derechos laborales y corrupción".

Adriana Espinosa, experta en minería del MINOB y de la plataforma Amigas de la Tierra, también critica el plan europeo. “No vamos a depender menos de China ni se va a reducir la importación del sur global por estos 60 proyectos estratégicos”, asegura Espinosa, quien denuncia que los colectivos vecinales tienen un plazo de alegaciones “demasiado corto” para desmenuzar los tecnicismos de los informes de impacto ambiental. “Pedimos transparencia tanto a Europa, como al Gobierno de España como a las autonomías”, subraya.

Carla Gomes (43 años) habla desde Covas do Barroso, una pedanía de 350 habitantes del municipio Boticas, al norte de Portugal. Los vecinos pelean desde 2018 para paralizar “la mayor mina de litio a cielo abierto de Europa”, declarada ahora por Bruselas como estratégica, y que ha dejado terrenos agrícolas inutilizables, según Gomes. Chocaron con la misma opacidad institucional que los vecinos de la comarca de Olivenza. “El Gobierno portugués nunca nos informó de los permisos de exploración. Lo que hay es un proyecto sin garantía ambiental ni social”, denuncia por teléfono Gomes.

La plataforma vecinal de la que forma parte Gomes también está integrada en el MINOB, que este año celebra en octubre su encuentro anual en Covas do Barroso. “Compartimos estrategias, pero sobre todo el mismo sentimiento de que somos un territorio sacrificado por intereses económicos y políticos”, dice sobre la coordinación con los pueblos españoles.

El Ministerio para la Transición Ecológica asegura que la actividad extractiva “puede ser una herramienta muy importante contra la despoblación”. El plan español, aprobado en 2022, es abrir más minas ante “la demanda exponencial” que traerán los próximos años de las materias primas estratégicas.

La noche enfría las temperaturas en Olivenza (12.000 habitantes, Badajoz). Emilio, Susan y Quini, tres profesores que pertenecen a la plataforma antiminas de la comarca, conversan en un bar con una cerveza fría y unos frutos secos. Sobrevuela la idea de que Extremadura es la despensa de otros. “Europa quiere lo que tenemos aquí”, denuncia Susan. Quini toma el relevo: “Van a hipotecar el futuro de muchas generaciones”. Emilio resuelve antes de pagar la cuenta: “Nos ven como la teta que hay que exprimir. Aquí viven personas. Hay que luchar por la vida de nuestra comarca. Si no peleas por esto, ¿por qué lo vas a hacer?”.