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Miles de alumnos siguen sin poder ir a clase en Extremadura por el conflicto en el transporte escolar

Las empresas del sector y el gobierno regional (PP) no alcanzan un acuerdo para dar servicio a más de 5.000 escolares

El conflicto del transporte escolar en Extremadura continúa sin solucionarse y los alumnos suman su cuarto día desde que comenzó el curso sin poder asistir a clases. Las imágenes se continúan repitiendo mañana tras mañana: chicas y chicos esperando lo que hasta junio era algo habitual. Que a la hora de siempre, apareciese el autobús que los tiene que llevar a su centro.

El malestar es cada día mayor en la comunidad educativa, que ha comenzado a movilizarse con protestas por una diferencia de trato que consideran inadmisible entre los menores que viven en el entorno rural y el urbano. En muchos casos son las familias las que se están organizando para llevar a sus hijos, pero otros se han negado como medida de protesta y por el riesgo que conlleva.

Desde la Junta de Extremadura han informado que recurrirán el auto de un juzgado de Mérida que ha rechazado la solicitud de medidas cautelares de la administración regional para obligar a varias empresas de transporte escolar a reanudar sus servicios en algunas rutas, dentro de la denuncia interpuesta penalmente por incumplir supuestamente el acuerdo marco firmado en 2024.

La portavoz regional Elena Manzano ha anunciado una ayuda de 0,26 euros por kilómetro a las familias de alumnos afectados. El objetivo es intentar compensar el gasto de ir y volver del centro escolar. Las ayudas serán de concesión directa y estarán operativas hasta que se restablezca la prestación de las rutas de transporte.

En cuanto a las negociaciones con las empresas, desde la Junta de Extremadura trasladan que han aceptado todas las peticiones que en el marco de la ley han sido planteadas. “Cada exigencia aceptada venía acompañada de una exigencia posterior”, donde ha dicho Manzano que las empresas han llegado incluso a plantearles “exigencias de imposible cumplimiento”, entre ellas que se les quitase rutas a empresas que habían licitado y a las que se les había adjudicado las mismas.

Mientras, las empresas aseguran que “nunca han solicitado nada ilegal” y enmarcan la falta de acuerdo en los “graves incumplimientos” del Ejecutivo regional tras los acuerdos alcanzados entre administración y operadores del sector el pasado 12 de marzo de 2025. Según cuentan, esto supone “el motivo real por el que el servicio de transporte escolar se ha visto afectado”.

Añaden que, durante las negociaciones de este fin de semana, las empresas y la Junta de Extremadura “habían alcanzado de manera verbal una serie de acuerdos que se ajustaban plenamente a la legalidad”, y ofrecían una “base de entendimiento” para avanzar en la resolución del conflicto. “La sorpresa llegó cuando las compañías recibieron el documento oficial para su firma y comprobaron que esos puntos pactados no figuraban en el texto, lo que generó desconfianza e incredulidad entre los representantes empresariales”, señalan.

La Federación de Padres y Madres de Alumnos está convocando protestas en los centros escolares ante una situación que consideran insostenible. Piden a la administración regional que lleguen a un acuerdo que garantice un derecho fundamental como es el de la educación. Otra de las organizaciones que tiene convocada una huelga indefinida desde el próximo viernes es la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex).

Uno de los centros que llevaban a cabo un acto reivindicativo este martes es el IES María Josefa Baraínca de Valdelacalzada, en la provincia de Badajoz. A él acuden todos los días alrededor de 110 alumnos procedentes de las localidades cercanas de Guadiana y Pueblonuevo del Guadiana. La protesta estaba convocada por el AMPA del centro. María Jesús Díaz, uno de sus miembros, cuenta a EL PAÍS que los padres empiezan a estar nerviosos con esta situación: “Hay familiares que nos llaman para preguntar si conocemos a alguien que pueda llevar a sus hijos. Muchos no tienen carné o no pueden porque están trabajando”. Desde este AMPA también inciden en que las familias no quieren la compensación de 26 céntimos ofrecidos por el gobierno regional, sino que se solucione ya el problema.

En otro punto de la provincia de Badajoz, en la comarca Sierra de San Pedro-Los Baldíos, se están desplazando alrededor de 25 alumnos en autobús de línea hasta sus centros educativos en Valencia de Alcántara debido a la ausencia de transporte escolar.

Este es uno de los medios alternativos que las familias de la zona se han buscado para que sus hijos puedan acceder a las clases en los centros educativos, el cual tiene un coste diario de 12 euros.

Desde el PSOE de Extremadura, su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, ha vuelto a apuntar a la presidenta de la Junta, María Guardiola (PP), como la única responsable de lo que considera la “mayor crisis de la educación pública en Extremadura”. Gallardo se ha preguntado dónde está la jefa del ejecutivo que lleva sin hablar ante los medios más de una semana. “Se le acumulan las preguntas. ¿Dónde ha estado estos días?, ¿por qué no ha dado una respuesta?, ¿ha estado en Extremadura?, ¿ha estado en España o no? Si ha estado de vacaciones, lo tiene que decir”, ha dicho el líder socialista.

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