Cataluña espera pactar esta semana la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros con el Estado

El Gobierno catalán espera cerrar esta semana una de las grandes carpetas abiertas desde que Salvador Illa accedió a la presidencia de la Genralitat. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles debe dejar encarrilada la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas fijando una metodología de cálculo, según fuentes próximas a las negociaciones. El Govern espera que eso ...

El Gobierno catalán espera cerrar esta semana una de las grandes carpetas abiertas desde que Salvador Illa accedió a la presidencia de la Genralitat. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles debe dejar encarrilada la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas fijando una metodología de cálculo, según fuentes próximas a las negociaciones. El Govern espera que eso se traduzca en un tijeretazo de 15.000 millones de euros de esa losa que arrastra, lo cual equivale al 20% del total. La consecución de ese pacto permitirá a los socialistas cumplir con uno de los puntos clave de los acuerdos con sus socios de ERC, de los que dependen para sacar adelante varias medidas en Madrid y Barcelona. El perdón parcial de la deuda se extenderá al resto de comunidades. Sin embargo, las autonomías del PP acuden al consejo con la intención de votar en contra de esa dispensa y piden vincularla con la reforma del modelo de financiación autonómica, un asunto que Hacienda no ha incluido en la orden del día y ha puesto en pie de guerra a los barones autonómicos.

Después de varias ventas de deuda pública a ciudadanos particulares y de retrasos en el pago de las nóminas a funcionarios, en julio de 2012 el Gobierno de Artur Mas pedía el auxilio del Gobierno central. Lo anunciaba el entonces conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, en una entrevista a la BBC con un lacónico “this is life” (“así es la vida”). Tal y como vaticinaba Mas-Colell, el Estado se convertía desde entonces en el principal ―y único― banco posible para la Generalitat catalana. No iba a ser la única autonomía que iba a recurrir a él: antes ya lo habían hecho la Comunidad Valenciana y Murcia y enseguida le iban a seguir otras cuantas. Más de 13 años después, los ejecutivos regionales buscan una fórmula para ir soltando lastre e ir regresando a los mercados de deuda que les cerraron las puertas a cal y canto a la mayoría de ellos en esa crisis financiera.

Cataluña es la comunidad que más debe al Estado: unos 77.000 millones de euros de los 88.000 de su deuda total, acumulados a golpe de préstamos contraídos a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez, cuyo compartimento principal es el fondo de liquidez autonómica o FLA. Los pasivos de la Comunidad Valenciana y Murcia —que tienen además las mayores ratios sobre el PIB, del 40,8% la primera y del 30,3% la segunda—, además de Cantabria, también están en su casi totalidad en manos del Estado. En cambio, hay territorios que no deben nada, como Madrid, que se opone a la quita, o muy poco, como Castilla y León o Asturias.

Los acuerdos entre el PSOE y ERC de noviembre de 2023 para investir a Pedro Sánchez incluían una quita de la deuda para todas las comunidades, excluidas Navarra y País Vasco, que cuentan con un régimen de financiación aparte. En el caso de Cataluña, tenía que alcanzar el 20% del total, un porcentaje que se traducía en 15.000 millones menos de sus obligaciones y un ahorro anual en intereses de 1.300 millones. Eso es cerca de lo que la comunidad destinó en sus últimos Presupuestos a universidades e investigación.

La Generalitat espera que el próximo miércoles se acuerde en el CPFF una metodología de cálculo que permita, posteriormente, cerrar en una comisión bilateral una cifra concreta para la deuda catalana. Los pactos alcanzados para el traspaso de Cercanías, los que se esperan esta semana para Mossos e inversiones públicas y los avances en la Agencia Tributaria permiten a ERC presentar ante su electorado resultados tangibles de sus acuerdos con los socialistas y respaldar en el Parlament los incrementos de crédito que precisa del Govern. Además, el partido de Oriol Junqueras saca por fin del foco a Junts.

Para el resto de territorios aún no está clara la fórmula que se aplicará para calcular la condonación. La falta de concreción sobre este punto y la muy heterogénea situación de partida con respecto al endeudamiento están generando discrepancias al respecto, incluso entre regiones del mismo signo político. Las comunidades del PP, mayoritarias después de los últimos comicios autonómicos —gobiernen en 11 regiones—, exigen además abrir el debate sobre el sistema de financiación, que lleva 10 años pendiente de una reforma y que también es foco de fricciones. Por ejemplo, hay territorios que exigen dar más peso a la despoblación, algunos que piden primar el crecimiento poblacional y otros que reclaman compensaciones por su infrafinanciación. Solo hay consenso sobre un punto: dotar al modelo de más recursos.

Reforma del sistema

Hacienda había adelantado que el CPFF se centraría en la deuda, pero que la orden del día enviada el viernes no mencionara ningún punto sobre la reforma del sistema ha irritado igualmente a las comunidades. “Como era previsible no se abordarán los problemas de financiación de las comunidades, sino las urgencias de los socios independentistas del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha lamentado Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, que rechaza abiertamente la condonación. “Nos opondremos rotundamente a este modo de proceder en el fondo y en las formas”, ha añadido.

Ruth Merino, consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, también gobernada por el PP y una de las regiones más infrafinanciadas y con la mayor tasa de deuda, sí considera necesario abordar la quita, aunque en el marco de la reforma de la financiación. “La deuda es una parte del problema, pero es la tercera más importante, antes están la reforma del sistema y el fondo de nivelación. Para la Comunitat Valenciana, cualquier medida sobre la deuda que no resuelva la infrafinanciación es un parche”, dijo el pasado viernes. La infrafinanciación también afecta a Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, las primeras dos gobernadas por el PP y la última por el PSOE.

Andalucía también defiende que “la prioridad es la reforma del sistema” e insiste en que el Gobierno presente una propuesta que detalle los plazos y los recursos adicionales que se inyectarán. El Gobierno balear (PP), con más de la mitad de su deuda en el FLA, también pide un debate que englobe tanto la quita como la financiación, poniendo el acento a la hora de repartir los fondos en el crecimiento poblacional, al igual que Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid.

Otra es la perspectiva de cara a la reforma de las comunidades más despobladas, que en 2021 crearon un frente común para pedir más recursos, pero con distintas sensibilidades sobre la condonación. Asturias, por ejemplo, gobernada por el PSOE y con unas cuentas muy saneadas, pide que la quita beneficie a todas las comunidades y reclama reforzar variables como el envejecimiento o la orografía, además de un fondo específico para la despoblación. Galicia (PP) empuja para reformar el modelo. “La condonación de la deuda, que es importante para algunas comunidades, no puede ser sustitutiva de una solución de futuro”, destaca la consejería de Hacienda gallega. Aragón (PP), con más de un 70% de su deuda en manos del Estado, rechaza la quita “bilateral que plantea el Ejecutivo para satisfacer a sus socios independentistas” y pone el foco en una reforma que dé más peso a la despoblación. Un asunto que, a todas luces, tendrá que esperar.