La unidad de los barones del PP en financiación se agrieta en distintos frentes

El Gobierno hizo un primer intento a finales del año pasado de dividir a los barones del PP a cuenta de la financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes de Santander, pero el PP salvó ese envite. La cumbre concluyó sin acuerdos pero también sin quiebra de la posición común del PP, algo que se antoja complicado ahora que este asunto vuelve a la primera línea con ...

El Gobierno hizo un primer intento a finales del año pasado de dividir a los barones del PP a cuenta de la financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes de Santander, pero el PP salvó ese envite. La cumbre concluyó sin acuerdos pero también sin quiebra de la posición común del PP, algo que se antoja complicado ahora que este asunto vuelve a la primera línea con el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 26 de febrero. El pasado lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trató en una comida privada con sus barones la estrategia para esta cita y trazaron un plan que pasa por “no entrar” en el debate de la quita de la deuda de las autonomías y “exigir en cambio un nuevo modelo de financiación”, según relata un barón presente en el encuentro, al que asistieron unos pocos presidentes populares. No será tan fácil mantener ese plan. Hace unos días, el Ministerio de Hacienda envió a los territorios un documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, con el compendio de las posiciones autonómicas que pone de manifiesto las disparidades. La unidad de los presidentes populares corre riesgo de resquebrajarse.

El PP gobierna en la mayoría de las autonomías (11 de 17). Los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, y Aragón, Jorge Azcón, han reactivado el grupo que firmó la llamada Declaración de Santiago en 2021, en la que ocho comunidades de distinto signo político se unieron para reclamar que la distribución de recursos se calcule teniendo en cuenta que está condicionada, según su criterio, por la despoblación, la dispersión y el envejecimiento. En el otro lado se sitúan Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y por su lado la Comunidad de Madrid, que presionan para dar mayor peso a la población.

La deuda autonómica pondrá, además, en un brete al PP: el Gobierno quiere extender la quita que pactó con ERC para Cataluña a todas las comunidades y algunos barones del PP admiten en privado que, si eso es así, será difícil negarse. Las comunidades acumulan casi 330.000 millones de euros de deuda, de los cuales 208.000 están contraídos con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), según datos del Banco de España. Eso reduce su capacidad financiera porque tienen que hacer frente al pago de la deuda más los intereses, pero la diferencia de lo que deben unas y otras es abismal, y las más endeudadas reconocen que les resultará difícil rechazar una condonación que las menos endeudadas rechazan.

La gira de Rueda

Unos y otros empiezan a estudiar sus estrategias, pero la posición conjunta que Núñez Feijóo ahormó con sus presidentes en septiembre del año pasado, se tambalea a expensas de que Génova se implique en volver a asegurarla. El primero en levantar la liebre de las diferencias entre territorios del PP ha sido su sucesor en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha retomado una iniciativa que el actual líder del PP lideró cuando era presidente gallego. Rueda ha iniciado una gira por el país para revitalizar la llamada Declaración de Santiago, que en 2021 unió a ocho comunidades de distinto signo (Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha) con el interés común de que la financiación autonómica se reparta teniendo en cuenta sus problemas de dispersión y envejecimiento.

El presidente gallego se desplazó el pasado 15 de enero a Zaragoza, donde firmó con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, un acuerdo para cargar contra un modelo de “privilegios” para Cataluña. El Gobierno de Castilla y León también reclama la validez de ese frente común: “La Declaración de Santiago es nuestra posición. No nos movemos de ahí”. Una postura con la que coincide el Ejecutivo de Extremadura, con la popular María Guardiola al frente. “La declaración reflejó la necesidad de que una gran parte del territorio y de su población fuera escuchada y atendida. Ahí nos van a encontrar siempre”, afirman fuentes de la Junta extremeña. Y el de Cantabria, que también cambió de color político con la popular María José Sáenz de Buruaga. “Cantabria nunca ha variado su postura al respecto”, señalan fuentes gubernamentales cántabras.

El documento de Hacienda que recopila las disparidades

El Gobierno trasladó a los gobiernos autonómicos en diciembre de 2021 el Informe del Grupo de Trabajo sobre el cálculo de la población ajustada. Posteriormente, los ejecutivos le respondieron con todas sus apreciaciones con el fin de desbrozar por dónde debería ir el nuevo modelo de financiación autonómica para sustituir al vigente, de 2009. Ese texto constata la complejidad del encaje de las posiciones. Según el informe, la mayoría de las comunidades acepta el criterio de población ajustada (una variable de la necesidad de gasto que pondera el número de habitantes según factores demográficos y geográficos) para la actualización del modelo. Sin embargo, Madrid y la Comunidad Valenciana (junto a Cataluña) ponen matices, y otras solo lo aceptan de manera transitoria.

Además, según la información recopilada por Hacienda, todas las comunidades “son partidarias de descartar” la variable de la despoblación, a excepción de Cantabria, Aragón y Castilla y León. Con esos resultados sobre la mesa, el Ministerio infiere que la despoblación “se descartaría” en el nuevo modelo. Esta conclusión ha sentado como un jarro de agua fría a Aragón, y su presidente asegura que su comunidad perderá si se descarta 422 millones. “Si hay alguien en el panorama político, en la actualidad, sensible con la despoblación de Alberto Núñez Feijóo”, indicó el miércoles Azcón, interpelando al líder del PP.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevará además al Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero una propuesta específica de condonación de la deuda. En esa línea, Montero ha presionado esta semana a las comunidades del PP para que acepten las quitas.

“Lo mismo hay que decir que sí” a la quita de la deuda

Algunos presidentes autonómicos del PP de las comunidades más endeudadas admiten en privado que, si el Gobierno presenta una quita colectiva, será difícil rechazarla. “Van a ir solo con la quita y debería abordarse todo, que es la reforma del sistema. Pero si la quita es para todos, lo mismo hay que decir que sí”, reconoce un barón que apunta que las arcas autonómicas ya están sufriendo por el retraso de las entregas a cuenta, provocado precisamente por el voto en contra del PP al decreto ómnibus el pasado enero. “Lo de las entregas a cuenta ha sido una faena para las comunidades”, apunta este presidente popular.

La Comunidad Valenciana, que con 59.498 millones es la segunda más endeudada solo por detrás de Cataluña, y que acaba de sufrir además la catástrofe de la dana, no se niega a aceptar una quita, aunque fuentes de su Gobierno subrayan que “cualquier medida sobre la deuda que no solucione la insuficiencia de ingresos sería un parche”. Andalucía, la tercera más endeudada (debe 39.842 millones), tampoco la rechaza de forma clara. “No podemos decir ni que sí ni que no [a la quita] porque no sabemos lo que va a presentar [Montero]”, explican fuentes del Gobierno andaluz, que en cualquier caso cargan contra cualquier medida que “blanquee” supuestas prebendas para Cataluña. Sin embargo, otros presidentes del PP que no tienen el mismo problema, como el de Galicia, en el lado de las menos endeudadas, critican la condonación como un “negocio ruinoso”. También la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto frontalmente salvo para la Comunidad Valenciana, a la que salva por las consecuencias de la dana. La presidenta madrileña lidera además el frente del PP contra la financiación singular para Cataluña, que el Gobierno deberá afrontar en un seguro caldeado Consejo de Política Fiscal. El rechazo a los “privilegios” para Cataluña es el único asunto en el que la unidad del PP sí es absoluta.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, el próximo consejo también representa una patata caliente, en la medida que devuelve a la actualidad las críticas al sistema de financiación singular para Cataluña, que pretende definir sin romper la solidaridad. El PSOE pactó en su congreso de Sevilla un texto que recibió el apoyo de todas los territorios, pero el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no ha dejado de expresar sus recelos en público y su actitud de alerta ante las negociaciones que vienen.

El sistema actual, que consiste en un intrincado conjunto de fondos, se nutre fundamentalmente de impuestos cedidos y fondos transferidos por el Estado. Esa bolsa común se reparte cada año a las autonomías en función de su “población ajustada”, una variable clave cuya revisión debe ser el primer paso para la reforma del modelo actual. Ahora, para estimar ese criterio, se tienen en cuenta sobre todo variables demográficas: la población protegida equivalente (a efectos del sistema de salud) pesa un 38%; el total de residentes, un 30%; el de niños en edad escolar, un 20,5%, y el de mayores de 65 años, un 8,5%. Los factores geográficos, que Castilla y León (PP) o Aragón (PP) piden reforzar, tienen una importancia mucho menor: un 1,8% la superficie, un 0,6% la dispersión poblacional y un 0,6% la insularidad.