Turbulencias en el Gobierno de Moreno a poco más de un año para las elecciones
Los populares opinan que los errores de gestión no son graves, ni “fallos concadenados”
La ejecutiva saliente del PSOE andaluz dice que nunca ha encargado una encuesta propia para medir su salud electoral (las arcas del partido no están para fiestas demoscópicas), aunque en el Gobierno central la idea imperante es que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), apenas sufre desgaste tras seis años al frente de la comunidad más poblada del país (8,6 millones de habitantes) y con mayor presupuesto (48....
La ejecutiva saliente del PSOE andaluz dice que nunca ha encargado una encuesta propia para medir su salud electoral (las arcas del partido no están para fiestas demoscópicas), aunque en el Gobierno central la idea imperante es que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), apenas sufre desgaste tras seis años al frente de la comunidad más poblada del país (8,6 millones de habitantes) y con mayor presupuesto (48.836 millones de euros). No hay ningún sondeo reciente que certifique deterioro, pero sí hay turbulencias que afectan al Gobierno de Moreno, quien de manera intencionada evita la sobreexposición ante los achicharrantes focos madrileños.
En poco tiempo han surgido varias salpicaduras. Nada grave, opinan en el PP, ni “fallos concadenados” sino aislados, pero que la oposición andaluza, harta de dar puñetazos al aire a un presidente con una nota de 5,5 y con una valoración positiva de su gestión que alcanza el 58,5% (según el último CIS andaluz), recibe como un soplo de aire fresco a año y medio de las próximas elecciones andaluzas.
En los últimos meses, el Gobierno de Moreno ha tenido que defenderse de la querella presentada por 30 diputados del grupo socialista sobre los contratos de emergencia sanitarios. El Juzgado de Instrucción Número 13 de Sevilla investiga un presunto caso de prevaricación en la adjudicación de contratos de emergencia entre 2021 y 2023 por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por un valor de 243 millones de euros. Estos se concedieron usando el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia. La actual gerente del SAS y sus dos predecesores están imputados. El Ejecutivo andaluz no aparenta ninguna inquietud por esta investigación judicial, aunque sabe que el proceso puede ser largo. Lo más que reconocen, como admitió el propio Moreno, es que pueda haber “algún reproche administrativo”, es decir, un error de contratación, pero ningún ilícito penal.
Los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre estos contratos están en el origen de otro conflicto del Gobierno autónomo. La interventora general María Antonia González firmó hace dos años un informe de actuación crítico con los contratos de emergencia sanitarios, cuyos convenios menores constituyeron un “abuso” al cerrarse en “fraude de ley”. Fue destituida el pasado día 8 de enero. Según la consejera de Hacienda, Carolina España, por “motivos personales”, una versión que la alto cargo desmintió de manera tajante en una reunión con sus colegas y que achacó a falta de confianza. El nuevo interventor, Miguel Ángel Figueroa, ha cambiado a cuatro jefes de división y la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, amenazó al Cuerpo Superior de Interventores en una cita el pasado 4 de diciembre, casi un mes antes del cese de González: “Hace falta un nuevo interventor general con mano dura que os meta en cintura”, como adelantó EL PAÍS. Este caso se entrevera con una dura negociación laboral sobre la subida salarial de este cuerpo de élite de la Administración.
La oposición no ha dudado en acusar al Ejecutivo de Moreno de emprender una “caza de brujas” contra los interventores, en un conflicto en el que España confía en llegar a un acuerdo probablemente tirando de chequera.
Las actuaciones de dos altos cargos del PP también motean al Gobierno andaluz. El presidente del PP de Sevilla y delegado del Gobierno andaluz en esta provincia, Ricardo Sánchez, ha sido citado a declarar como investigado a raíz de una denuncia del PSOE por posible prevaricación y tráfico de influencias. El juez investiga la supuesta paralización del proyecto de un tanatorio municipal y la autorización posterior de uno privado a una empresa que estaría vinculada a la familia de un cargo del PP cuando Sánchez era alcalde de Mairena del Alcor (Sevilla).
También ha tenido que pronunciarse en el Parlamento andaluz el presidente Moreno por una pregunta urgente del grupo mixto-Adelante Andalucía sobre el delegado de Educación en Sevilla, Miguel Arauz. En una reunión con madres del Polígono Norte de Sevilla que reclamaban más personal especializado en menores con discapacidad, soltó: “¿Para qué quiere un niño con autismo un personal de apoyo?, ¿para aprender a mover la lengua delante del espejo?”. Arauz ha pedido disculpas y asegura que es un malentendido, pero los grupos de izquierda han pedido su cese, una demanda que Moreno por ahora no ha atendido. Hay en el PP quien recuerda que Arauz es de una cosecha política anterior, concretamente “de la etapa de Javier Arenas”.
Otro desconchón lo ha provocado el contrato de la Junta con el cantante José Manuel Soto, al que el Gobierno andaluz concedió a dedo, en varias partidas, 564.762 euros para el proyecto Senderos del Rocío, con rutas desde las ocho provincias andaluzas hasta la ermita de El Rocío, en Huelva. La Oficina Andaluza Antifraude ha detectado “vicios de nulidad” en parte de las adjudicaciones analizadas y Soto tiene que devolver por ahora 30.000 euros por gastos inconvenientes, según la Junta. La oposición, aparte de reprochar al Gobierno andaluz de tener la mano suelta —el PP recuerda que los anteriores ejecutivos socialistas le dieron al artista andaluz subvenciones por 475.000 euros— repiten mucho una frase de Moreno en el acto de presentación del proyecto hace un año. Destacó el poder de convicción de Soto tal que así: “Cuando vino José Manuel a proyectar y traerme su idea, es verdad que no venía con grandes maletas, ni mochilas, ni maquetas, ni proyectos, pero sí con las ideas muy claras, mirándote a los ojos”. Esta última frase (“mirándote a los ojos”) la conjugan los portavoces de la oposición a las mil maravillas en cualquier circunstancia. Y, también, con un punto de guasa.