El descarrilamiento de los bonos de Renfe en la ruta más usada: “La culpa es de todos los políticos, no han pensado en los currelas”
El trayecto Valladolid-Segovia-Madrid, que copa el 25% de los usuarios, acusa el adiós temporal de las ayudas estatales
Cada mañana se parece a la anterior en las estaciones de tren de Valladolid y de Segovia. Resignación, maletines, cafés, americanas, cascos, libros o gloriosas cabezadas en posiciones imposibles a 200 kilómetros por hora. Rematar informes, correos electrónicos, reuniones virtuales o ver amanecer por la ventana antes de llegar la oficina. Un clásico de cada mañana multiplicado desde que el Gobierno, tras la pandemia y con apoyo parcial de las comuni...
Cada mañana se parece a la anterior en las estaciones de tren de Valladolid y de Segovia. Resignación, maletines, cafés, americanas, cascos, libros o gloriosas cabezadas en posiciones imposibles a 200 kilómetros por hora. Rematar informes, correos electrónicos, reuniones virtuales o ver amanecer por la ventana antes de llegar la oficina. Un clásico de cada mañana multiplicado desde que el Gobierno, tras la pandemia y con apoyo parcial de las comunidades autónomas, abarató notablemente el precio de la alta velocidad. Un descuento del 50% en el precio del recorrido Valladolid-Segovia-Madrid se convirtió en el trayecto subvencionado más demandado de España para miles de neomadrileños que hacen cada día este viaje por motivos laborales. La congelación de las ayudas al transporte, tras la derrota parlamentaria del Gobierno esta semana, amenaza gravemente al bolsillo de los muchos usuarios que hacen a diario este trayecto.
El fracaso del paquete legislativo presentado esta semana por el Ejecutivo (PSOE y Sumar) y frustrado por las derechas de Junts per Catalunya, el PP y Vox perjudica a la ciudadanía que abarrota estos trenes cada mañana. Los impulsores de la iniciativa argumentan que, junto a las ayudas al transporte público, también se ha cancelado un paquete de ayudas para los afectados de la dana de Valencia, la subida de las pensiones y otras medidas relacionadas con el escudo social. La oposición critica la inclusión de contenidos dispares en un mismo paquete y aboga por negociar cada uno de forma individual. Este nuevo capítulo en el choque entre los dos principales partidos nacionales hace levantar la ceja este viernes por la mañana en las vías de Valladolid a los miles de agraviados que confían en que el nuevo precio, el triple que el anterior, sea una interrupción temporal y no un entierro definitivo.
Un bono de 50 viajes ascendía a 2,80 euros por unidad, 140 en total. El de 10 trayectos, para usar en 20 días, se quedaba en 32 euros; 50 si se consumía en 40 días. Actualmente, la alta demanda llena vagones y exige sacar con bastante anticipación los billetes durante las horas punta. El consumo de estos miles de bonos, según los datos de Renfe, ha alcanzado durante estos años de operatividad casi un 25% del total de bonos con descuento emitidos para todas las rutas en España. Desde que se puso en marcha el bono a precio rebajado, Raquel Luis, profesora vallisoletana de 51 años, lleva desde que comenzó esta medida aprovechándola para desplazarse cotidianamente a Segovia a bajo precio. “La culpa es de los políticos, me da igual el signo, no han pensado en los currelas”, crítica, pues el bono de 50 viajes por 96 euros ahora le sube a 365.
El Estado sufragaba hasta esta semana la mitad del precio. Las comunidades del PP, pese al voto negativo de sus diputados en el Congreso, mantendrán el 25% de descuento. Ahora costará el triple que sería cuatro veces más alto sin el apoyo autonómico. “Es una burrada, no es normal, por el bien de los partidos tendrán que hacer algo porque si no la ciudadanía se les echa encima”, cree Luis, testigo del colapso de la web de Renfe al conocerse la votación en el Congreso. Miles de usuarios de toda España, el claustro y ella incluidos, apuraban para adquirir sus bonos antes del golpe. “En el decreto había demasiadas cosas, yendo por partes los bonos se hubieran aprobado”, destaca la afectada, e insiste en que “el paquete incluía ayudas a las pensiones o a Valencia, esos están peor que nosotros, que al menos tenemos trabajo”.
El fin de los bonos hace reflexionar a un maquinista de Renfe afincado en Valladolid sobre quién tiene la culpa: “Buena pregunta… Pues un poco de todos. Es una falta de responsabilidad del Gobierno y de la oposición”. Este empleado público, que pide anonimato, destaca que tanto su pareja como varios amigos aprovechaban esta medida para seguir en la ciudad sin los dislates residenciales de la capital, pero manteniendo allí el empleo.
El menor coste de vida en estas provincias, combinado con el teletrabajo parcial o completo, permitió a muchos jóvenes modificar su proyecto vital y regresar a su ciudad. Carlos Perfecto, portavoz de la Federación Nacional de Usuarios Recurrentes y portavoz en Castilla y León, reprocha lo sucedido: “Es un torpedo a la economía de las familias, la democratización de un servicio público, al necesario equilibrio territorial fundamental en Castilla y León y al crecimiento demográfico conseguido especialmente en los últimos tres años”. Perfecto tilda de “transversal” este fomento del transporte público y ruega diálogo y acuerdos ante una política que ha demostrado su “necesidad y éxito” en una materia que toca la “estructura” del Estado.
El tren llega a Segovia tras 25 minutos de recorrido. Se apean varios usuarios y montan otros nuevos con destino Madrid. Los estudiantes repasan los apuntes de Física o pasan el dedo por el móvil mirando Instagram. David Martínez, de 47 años, ingeniero de profesión, gabardina larga y maletín, se muestra pesimista con el retorno de esta subvención. “No creo que vuelva y acabará habiendo menos frecuencias de tren”, sostiene este usuario, que coge entre dos y tres días semanales el ferrocarril. Martínez achaca los males al Gobierno por incluir la rebaja “dentro del mismo paquete, confiando en que se lo aprobaría el Congreso”.
El recorrido prosigue hacia Madrid como metáfora del futuro político de los bonos más demandados de España. Tras la oscuridad del túnel está la niebla de Madrid. La estación de Chamartín, hora y cinco minutos después, acoge al tren de Renfe que irrumpe en la estación mientras la marabunta enfila las calles de la capital. Emma Marcos, de 30 años, hace lo propio rumbo a la Universidad Complutense, donde cursa un máster en Gestión Cultural. Su plan pasaba por buscar trabajo en Madrid y valerse de un transporte barato para seguir viviendo en Valladolid, truncado ahora por el tortazo parlamentario.
“La culpa es de los políticos. Están siempre discutiendo y eso nos perjudica. Hay que luchar para que vuelvan los precios anteriores. No podemos retroceder en el fomento al transporte público”, protesta Marcos, molesta con los partidos de la oposición. “En ese paquete había medidas positivas que ahora se van al garete”, añade.
La treintañera camina entre el gentío rumbo al metro mientras lanza más criticas sobre el tacticismo electoral: “Luego ganarán ellos [las elecciones] y mantendrán todo”. “En Valladolid esta decisión afecta a mucha gente y, ya que no van a descentralizar Madrid, necesitamos aún más el tren”. A continuación se despide sumergiéndose entre los cientos de viajeros que avanzan de forma frenética por la estación. Rostros desconocidos unidos por su indignación con los nuevos precios de Renfe.