El paso por el Congreso rebajará la ley sobre la acusación popular
El PSOE tendrá que negociar con grupos que ya han expresado un fuerte recelo. El PP no suelta a Franco, Maduro y la corrupción, pero busca ampliar la agenda
De cómo entró la proposición de ley el viernes 10 de enero en el registro del Congreso, firmada por el grupo socialista, sobre reforma de la acusación popular, a como saldrá reflejada en el Boletín Oficial del Estado, si es que acaba fraguando en una norma, puede haber una profunda transformación. La motivación ahora de los socialistas, como la que impulsó, sin consecuencias prácticas, al Gobierno del PP en 2017, y ante...
De cómo entró la proposición de ley el viernes 10 de enero en el registro del Congreso, firmada por el grupo socialista, sobre reforma de la acusación popular, a como saldrá reflejada en el Boletín Oficial del Estado, si es que acaba fraguando en una norma, puede haber una profunda transformación. La motivación ahora de los socialistas, como la que impulsó, sin consecuencias prácticas, al Gobierno del PP en 2017, y antes a un amago de ese mismo partido en 2011, es la misma: la utilización política de este instrumento constitucional para destruir al adversario. Esa denuncia la proclamó antes el PP y ahora el PSOE, después de verse zarandeado en los tribunales por organizaciones de muy marcado sesgo ultraderechista, con afectación en la familia del presidente: su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón.
Tanto el PP como el PSOE han ejercido, y continúan, esa potestad de personarse como acusación popular en casos que salpican a sus adversarios políticos. La prohibición a los partidos de utilizarla para evitar “el acoso judicial” que ahora sufren los socialistas resultará controvertida, pero no menos que otras limitaciones y supresiones que, además ―ya se adelanta por numerosos juristas― pueden incurrir en inconstitucionalidad. Pero antes de que se pudiera llegar a esa alta instancia del Tribunal Constitucional, la tramitación en el Congreso de la propuesta del PSOE está abocada a sufrir cambios relevantes, habida cuenta de la disparidad de criterios entre los grupos parlamentarios de los que se requiere su apoyo. El PP, al margen de su pasado en este terreno, coincidente con el del PSOE, no participará en nada y lo incorporará al listado de acusaciones de gran calado. Sánchez quiere prohibir la acusación popular para amnistiar, o indultar ―depende de los casos— a sus familiares y allegados políticos, denuncian. Lo llaman “la ley Begoña”, en referencia al nombre propio de la esposa del presidente.
Pero no es de los votos del PP de los que vive el Gobierno. Con todos los demás, excluido Vox, debe negociar la prohibición del uso de la acusación popular a partidos y sindicatos, además de poner muchas trabas y exigencia de justificación a las organizaciones que promuevan estas acciones. Para Junts, la iniciativa se queda “corta”, en tanto que Sumar, a través de Enrique de Santiago, jurista y representante de IU, recela, por cuanto la acción popular ha permitido la participación en la justicia de colectivos que finalmente, han defendido y conseguido reparar el daño infligido por quienes fueron condenados por los tribunales. Otros grupos van a hacer llegar al Gobierno que, sin la acusación popular, colectivos que promueven los derechos humanos se verían excluidos de la defensa de intereses muy sensibles ante los tribunales. Esta opinión la sustenta con fuerza el magistrado Joaquím Bosch, miembro de Jueces y Juezas para la Democracia.
No logrará el grupo socialista convencer a las fuerzas parlamentarias de que la proposición alcance el final del camino con la disposición que permitiría aplicarla a los casos en curso. Es decir, que tenga carácter retroactivo. Quienes tienen que decidir con su voto en el Congreso comparten en mayor o menor grado que “el acoso judicial” existe. Muchos lo sufrieron sin que sintieran la solidaridad del PSOE, reprocharán, Así lo han vivido, desde luego, Podemos y los independentistas.
La supresión de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos puede alcanzar un consenso amplio, así como la recusación a los jueces que se hayan manifestado abiertamente contra una acción del Gobierno sobre la que tengan que entender en los tribunales. Aun así, en el mundo judicial, incluidos sectores adscritos al grupo progresista, tampoco ven con buenos ojos esa medida y prefieren apelar “a la sensatez” de sus compañeros para que “no haya abusos”. Por el mundo judicial, por tanto, no habría que hacer nada o casi nada. Está por ver lo que ocurra en el Parlamento.
A vueltas con Franco
No es asunto parlamentario el programa de actos durante 2025 por el 50º aniversario de la recuperación de la libertad tras la muerte del dictador Francisco Franco. Después del primer acto del 8 de enero, o más bien por las reacciones contrarias habidas, el Ejecutivo se reafirma en que la explicación y difusión de lo que fue la España bajo una dictadura es imprescindible. La fecha elegida, el fallecimiento de Franco, ha dado lugar a mofa, chanzas y descalificaciones. Ahora, se afinará más con la precisión de que el 20 de noviembre de 1975, con la desaparición física del dictador, marcó el inicio del comienzo de las libertades aunque todavía quedarían años de autoritarismo, violación de derechos y represión. Pero ni el Gobierno va a vivir de Franco ni el PP quiere quedarse petrificado en ese capítulo; es uno más. El Ejecutivo inauguró el curso tras el verano con la vivienda como prioridad, con enunciados aún por desarrollar o en estado de ejecución muy incipiente, y el presidente dará a conocer nuevas propuestas este lunes. El líder del PP, después de un fin de semana de trabajo en Asturias con sus presidentes autonómicos, desgranó un decálogo sobre la materia. En la presentación acusó a Pedro Sánchez de corrupción y de connivente con el autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.