Absueltos 15 acusados de urdir una trama para amañar contratos en ayuntamientos de Madrid

La Audiencia Nacional exculpa incluso a los que confesaron los hechos tras pactar penas con Anticorrupción

La Guardia Civil entra en una sede de la empresa Efial, en una imagen de archivo.Massimiliano Minocri

La Audiencia Nacional ha absuelto a las 15 personadas juzgadas por componer la supuesta trama madrileña del caso Efial, una presunta red corrupta urdida para amañar adjudicaciones públicas en favor de la empresa Consultoría en Gestión Innovadora S. L. (antigua Efial) entre 2010 y 2015. El tribunal, que ha descartado los delitos de prevaricación administrativa atribuidos a los procesados al no detectar ilegalidades en los contratos suscritos por siete ayuntamientos d...

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La Audiencia Nacional ha absuelto a las 15 personadas juzgadas por componer la supuesta trama madrileña del caso Efial, una presunta red corrupta urdida para amañar adjudicaciones públicas en favor de la empresa Consultoría en Gestión Innovadora S. L. (antigua Efial) entre 2010 y 2015. El tribunal, que ha descartado los delitos de prevaricación administrativa atribuidos a los procesados al no detectar ilegalidades en los contratos suscritos por siete ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, ha exculpado incluso a los seis acusados que habían confesado los hechos tras pactar una rebaja de penas con la Fiscalía Anticorrupción.

Entre los absueltos se encuentra Antonia Alcázar (PSOE), actual alcaldesa de Velilla de San Antonio (13.000 habitantes). También Francisco Javier Martínez Mayor, quien fuera regidor de Chinchón (5.000 habitantes) por el partido local Agrupación Transparencia y Servicio (ATyS); y Luis Gómez García (PP), concejal de Hacienda de Meco (15.000 habitantes). El resto de acusados eran técnicos municipales, funcionarios y gestores de CGI (Consultoría en Gestión Innovadora).

La Fiscalía reclamaba para los acusados penas de inhabilitación que oscilaban de los 12 años a los 4 años y medio. Según el sumario, los empleados de CGI “asumieron tareas propias de los funcionarios públicos” y “participaban ilegalmente” en los procesos para elaborar las bases de los concursos. Es más, según el ministerio público, la trama eludía “la intervención fiscalizadora en materia jurídica y económica del secretario e interventor municipal”.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia echan por tierra esa tesis. A lo largo de su sentencia, de 144 páginas y fechada el 5 de diciembre, los jueces analizan los contratos supuestamente irregulares y concluyen que no se produjo ninguna ilegalidad. Por ejemplo, en contra del criterio de Anticorrupción, el tribunal descarta que se introdujeran cláusulas en los contratos para beneficiar a CGI en el Ayuntamiento de Getafe.

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