El Gobierno defiende la continuidad del fiscal general mientras el PP carga contra él y pide su dimisión inmediata

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles con rotundidad al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. “¿Puede ser delito contar la verdad?”, se ha preguntado el ministro después de explicar todos los antecedentes de este caso. Bolaños ha mostrado respeto por el Tribunal Supremo y ha evitado criticar su auto, pero parece convencido de que todo quedará en nada porque lo único que hizo García Ortiz, según él, fue “desmentir un bulo surgido de la Comunidad de Madrid”, en referencia a que el ministerio p...

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles con rotundidad al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. “¿Puede ser delito contar la verdad?”, se ha preguntado el ministro después de explicar todos los antecedentes de este caso. Bolaños ha mostrado respeto por el Tribunal Supremo y ha evitado criticar su auto, pero parece convencido de que todo quedará en nada porque lo único que hizo García Ortiz, según él, fue “desmentir un bulo surgido de la Comunidad de Madrid”, en referencia a que el ministerio público le había ofrecido un pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando era lo contrario.

El PP, por su parte, no ha tardado en reaccionar al anuncio del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, sobre el que se abrirá una investigación por presunta revelación de secretos en relación a la causa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto Rodríguez Amador. “No puede seguir ni un minuto más en el cargo, dirige la institución encargada de la defensa de la legalidad. Hoy [Alberto Núñez] Feijoó ha pedido al número uno de la trama que se vaya. Yo añadiría, váyanse los dos. No pueden seguir manchando las instituciones”, ha aseverado Cuca Gamarra, que ha aprovechado la coyuntura para erigirse como alternativa de Gobierno, mientras en privado dirigentes como Elías Bendodo ven legislatura para rato. “El daño que Sánchez y que todo el Gobierno están infringiendo, no tengan dudas que será reparado”, ha sentenciado la secretaria del PP en los pasillos del Congreso. Pese a las presiones, García Ortiz ha anunciado que seguirá en el cargo porque considera que su continuidad “es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”, según un comunicado.

Varios ministros han salido en defensa del jefe del ministerio público. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la labor de Álvaro García Ortiz por la investigación en la causa que se cierne sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Me gustaría que no tapen lo principal y más importante que subyace; hay un señor [Rodríguez Amador] que ha reconocido dos delitos fiscales, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ustedes [PP] a ese respecto no dicen nada”, ha contestado Marlaska al portavoz del PP, Miguel Tellado. La ministra de Hacienda se ha sumado en los pasillos del Congreso de los Diputados ―donde hoy hay sesión de control― a las palabras de apoyo hacia el fiscal general: “Defiendo no solamente la honorabilidad y la profesionalidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España (...). Lo que ocurre es que a aquellos que no les gustan las resoluciones judiciales, las actuaciones de la Fiscalía, intentan demonizarlo o presentan querellas”, ha remarcado en clara alusión al PP.

En la misma línea que los ministros del PSOE, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mostrado su respaldo al fiscal general. Muy brevemente, en los pasillos del Congreso y tras intervenir en el hemiciclo, la líder de Sumar en el Ejecutivo ha cargado también contra el Partido Popular. “Respeto absoluto a todas las instituciones del Estado, también las jurisdiccionales, y todo el apoyo y el respeto institucional a la labor de la Fiscalía General del Estado”, ha señalado a preguntas de los periodistas. “Me gustaría que la forma de hacer política cambie de una vez por todas. El PP tiene que asumir que va a seguir en la oposición durante mucho tiempo. Sería conveniente que realice políticas públicas que sirvan para mejorar la vida de la gente. Lo contrario es un camino que conduce a la nada”, ha añadido la ministra de Trabajo.

El Gobierno cierra filas así con el fiscal general y está dispuesto a aguantar ese apoyo mientras se investiga la filtración. El Ejecutivo está convencido de que todo quedará en nada porque los periodistas no revelarán sus fuentes y será imposible ver quién filtró esos correos de los que habla el auto.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto este miércoles una investigación por revelación de secretos al jefe del ministerio público por la supuesta filtración de los correos electrónicos entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal. “El Fiscal General también va pa’lante”, ha declarado Diaz Ayuso en la red social X parafraseando a las declaraciones que Miguel Ángel Rodríguez ofreció hace tan solo una semana en las que vaticinaba la investigación que ha abierto este miércoles el Tribunal Supremo. Ante esta noticia, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se ha sumado a la oposición y ha exigido también la dimisión de García Ortiz porque ya no lo considera un jurista de reconocido prestigio adecuado para ocupar su cargo.

La APIF considera que el fiscal general “ha perdido la condición de jurista de reconocido prestigio” que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Público. “En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito”, ha remarcado la asociación en un comunicado recogido por Europa Press en el que dice que García Ortiz no puede estar “ni un minuto más” en el cargo y que mantenerlo en su puesto como fiscal general del Estado en estas condiciones ―como posible responsable de un delito― “es deteriorar gravemente el Estado de derecho”.

También la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), considera que el fiscal general no puede mantenerse en el cargo “si [García Ortiz] valora la dignidad de la carrera fiscal, de la fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos”. “La condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes la representamos, cerca de 3000 hombres y mujeres, diariamente con vocación”, subraya la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en un comunicado enviado a los medios en el que subraya que el reglamento de la carrera aprobado en 2022 prevé la posibilidad de que un fiscal sea separado del cargo “en el caso de que se le incoe una causa penal y ello en beneficio de la apariencia de imparcialidad y de honradez de la institución.”

En cambio, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció García Ortiz hasta acceder a la Fiscalía General, le ha mostrado su apoyo. Esta asociación incide en una nota pública en que la decisión del Supremo “en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia” del fiscal general, y muestra “de forma sosegada pero firme” su discrepancia con los argumentos del tribunal para encausar al jefe del ministerio público.