El Constitucional rechazará la recusación contra Conde-Pumpido sobre la amnistía

El Tribunal Constitucional quiere evitar las tensiones por cuestiones de procedimiento previas al estudio de los recursos contra la ley de amnistía, y para ello va a rechazar en su pleno de este martes la recusación de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, planteada por el PP. Hay un amplio consenso entre los magistrados para evitar las actuaciones que impl...

El Tribunal Constitucional quiere evitar las tensiones por cuestiones de procedimiento previas al estudio de los recursos contra la ley de amnistía, y para ello va a rechazar en su pleno de este martes la recusación de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, planteada por el PP. Hay un amplio consenso entre los magistrados para evitar las actuaciones que impliquen un fuerte desgaste del tribunal antes de entrar a debatir las impugnaciones procedentes del Supremo, del Grupo Parlamentario Popular, y de sus comunidades autónomas contra dicha ley. Conde-Pumpido ha decidido ir por pasos, por lo que en primer lugar en este pleno solo se va a debatir y resolver su recusación. Quedarán para las siguientes convocatorias la presentada contra la magistrada Laura Díez —del sector progresista— y la que afecta al magistrado José Mario Macías, del bloque conservador.

Ninguno de los tres recusados para tomar parte en la deliberación y fallo sobre los recursos contra la ley de amnistía va a intervenir en el pleno que resuelva sobre Conde-Pumpido. El presidente del Constitucional ha aceptado que deban salir de esta primera reunión todos los recusados y, por tanto, el tribunal quedará compuesto por ocho magistrados, cuatro del grupo progresista y otros cuatro del sector conservador. En cualquier caso, fuentes del propio Constitucional descartan que vaya a producirse un empate, lo que obligaría a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán —del primero de dichos grupos—, a utilizar su voto de calidad para decantar la situación.

En un próximo pleno, el órgano de garantías abordará la recusación contra Laura Díez, ya con nueve magistrados, puesto que Conde-Pumpido podrá reincorporarse a las sesiones, una vez rechazada la iniciativa para apartarle de la resolución de la ley de amnistía. No participarán, en cambio, en dicha reunión la propia Díez y Macías, que seguirá recusados. En cambio, en la siguiente convocatoria el pleno contará ya con diez miembros, puesto que en medios del tribunal también se descarta que se acepte la recusación contra dicha magistrada.

Quedará pendiente el caso de Macías, que muy probablemente será apartado de las deliberaciones sobre la ley de amnistía, tras haber sido recusado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En todo caso, la decisión no se tomará antes de que el Constitucional haya admitido a trámite el recurso del PP contra la ley de amnistía. Fuentes del tribunal admiten que la Abogacía ha actuado a título preventivo contra Macías, pero que esta recusación no se tomará en consideración hasta que el recurso del grupo parlamentario popular haya iniciado su tramitación.

En el pleno en que se decida sobre Macías sí tomarán parte Conde-Pumpido y Díez, puesto que sus respectivas recusaciones ya habrán sido rechazadas. Quedarán fuera, en cambio, el propio Macías y el magistrado Juan Carlos Campo, cuya solicitud de abstención ya fue aceptada por el órgano de garantías, por las opiniones contrarias a la constitucionalidad de la ley de amnistía, que manifestó en su etapa como ministro de Justicia. Contra esta organización de los debates se ha manifestado el magistrado Macías, quien ha dirigido un escrito al presidente del tribunal quejándose de la “asimetría” del procedimiento elegido por Conde-Pumpido. En su texto Macías argumenta que el “fraccionamiento” en la revisión de las recusaciones produce como resultado que los otros dos recusados puedan tomar parte en el debate sobre la que le afecta, mientras que él no puede intervenir en la correspondiente al presidente del tribunal ni en la relativa a Laura Díez. A juicio de Macías lo correcto es que se mantenga en todos los casos “una Sala en la que no participa ninguno de los magistrados recusados, de manera que no intervienen en la decisión de su propia recusación ni en la de los demás que también lo hubiesen sido”.

El escrito de Macías expone que “los precedentes más cercanos del tribunal se corresponden con la regla general que acabo de enunciar, previamente expresada en muchas otras resoluciones: todas las recusaciones planteadas en un mismo procedimiento se resuelven simultáneamente, sin la intervención de ninguno de los magistrados recusados”. El magistrado discrepante explica asimismo que el criterio de ordenación seguido “no sólo suscita mi rechazo, sino también una honda preocupación justificada por la intensa relevancia social del asunto en el que se han planteado las recusaciones”. Macías afirma que dicho criterio de ordenación “puede generar la indeseable apariencia de conformación de plenos a la carta para asegurar una determinada composición”, aunque “sé —añade— que (esa percepción) no se corresponde con la realidad”. También subraya “la insólita conducta de la Abogacía General del Estado, de la que no puede presumirse la ignorancia del derecho, para elegir el momento irregular en el que ha presentado su recusación”. Macías se refiere a que la Abogacía le ha recusado en función de un procedimiento que aún no está abierto, ya que el recurso del PP contra la ley de amnistía todavía no ha sido admitido a trámite.