Cantabria inicia los trámites para derogar su ley de memoria histórica
El PP y Vox sostienen que la norma actual no defiende a “las víctimas de ambos bandos”. La portavoz de la extrema derecha justifica el “alzamiento nacional” de 1936
El Parlamento de Cantabria, con los votos del PP y Vox, ha iniciado este lunes los trámites para derogar la ley autonómica de Memoria Histórica y Democrática. Cantabria está gobernada en solitario por los populares, con apoyos puntuales de los regionalistas o de la extrema derecha, y en esta última se han apoyado en esta ocasión para impulsar la supresión de la anterior legislación, aprobada por el PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en 2021. Si la derogación prospera, Cantabria será la tercera comunidad —tras ...
El Parlamento de Cantabria, con los votos del PP y Vox, ha iniciado este lunes los trámites para derogar la ley autonómica de Memoria Histórica y Democrática. Cantabria está gobernada en solitario por los populares, con apoyos puntuales de los regionalistas o de la extrema derecha, y en esta última se han apoyado en esta ocasión para impulsar la supresión de la anterior legislación, aprobada por el PSOE y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en 2021. Si la derogación prospera, Cantabria será la tercera comunidad —tras Aragón y Comunidad Valenciana— en eliminar su ley autonómica de memoria, aunque la ley nacional seguirá vigente en estas comunidades como en todas.
La alianza de derechas ha reivindicado su iniciativa con el argumento de que la ley autonómica de memoria de 2021 “nació con el pecado original de establecer víctimas de primera y de segunda”, en palabras del portavoz del PP, Iñigo Fernández. “¿Por qué [defender sólo a] las víctimas de un bando cuando hay situaciones terribles en ambos bandos?”, ha preguntado. Leticia Díaz, de Vox, ha equiparado a la II República con la dictadura de Franco y ha justificado el “alzamiento nacional” —el golpe de Estado de 1936— por la “violencia insoportable” que se vivía en España en los años previos. El PSOE ha criticado el “negacionismo” de ambos partidos y el PRC ha lamentado el “revisionismo histórico” del Gobierno cántabro.
La toma en consideración de la proposición de ley para derogar la normativa de memoria ha salido adelante con 19 votos a favor y 16 en contra. El popular Iñigo Fernández ha afirmado que la ley de 2021 fue un “atropello” y una “imposición”, “un avasallamiento sin respetar sensibilidades”. Ha asegurado que se fraguó “sin disposición a aceptar un diálogo sincero” y rechazando las enmiendas del PP. “Derogando esta ley damos un paso en defensa de la convivencia y las libertades frente al atropello de aprobar esta norma a las bravas”, ha insistido el parlamentario.
Su aliada en la votación, Leticia Díaz, de Vox, ha catalogado el golpe de Estado como “alzamiento nacional”, término utilizado por los sublevados franquistas para definir lo ocurrido en 1936: “¿Usted cree que se produce un alzamiento nacional porque aquello era un mar de convivencia o porque allí había una violencia insoportable?”, ha preguntado a la oposición. Díaz ha definido la ley de memoria como “normas que provocan el rencor entre los españoles”, ha asegurado que su derogación “busca preservar la reconciliación” y ha cargado contra una supuesta sociedad “despótica” que “no permite otro discurso que el oficial”. “Las [sociedades] democráticas deben abstenerse de fijar como correcta una determinada visión histórica”, ha señalado. Tanto ella como Fernández han sacado a colación a ETA y al régimen de Venezuela en sus discursos.
La votación de este lunes significa que se inician los trámites para eliminar la ley. La iniciativa pasa ahora a la fase de comisión parlamentaria y presentación de enmiendas. Fuentes de la Cámara afirman que es difícil calcular un plazo para la derogación definitiva, aunque la mayoría parlamentaria con la que cuentan el PP y Vox permite vaticinar que la medida prosperará. Aragón y Comunidad Valenciana han dado ya ese paso, aunque el Tribunal Constitucional dejó en suspenso el pasado junio la decisión del Parlamento aragonés a la espera de decidir sobre el recurso planteado por el Gobierno central.
“Una España en blanco y negro”
El portavoz socialista en el debate de este lunes en Cantabria, Mario Iglesias, ha respondido a la acusación de que la ley de 2021 fue “impuesta” por el anterior Gobierno recordando que aquella fue aprobada con 20 votos y la iniciativa de hoy ha recabado 19. “¿Quién impone a quién?”, ha preguntado, antes de arremeter contra el “negacionismo” de las derechas. “La ley de Memoria no tiene que ver con resentimiento o venganzas sino con dignificación y justicia para las víctimas. La derecha tiene problemas con la memoria, les cuesta llamar dictadura al franquismo”, ha sostenido Iglesias, recordando la alianza del PP con Vox: “Es un compañero de viaje que bebe de esa España en blanco y negro”. El portavoz del PSOE ha destacado la falta de apoyos a las exhumaciones o acciones de restauración democrática, algo que ha negado el PP, y se ha despedido con un aviso: “La memoria no se borra por mucho que lo intenten”.
El PRC se ha comprometido con los socialistas a impulsar de nuevo una ley similar a la de 2021 si vuelven a gobernar. Pedro Hernando, el portavoz de los regionalistas, ha definido la fecha de hoy como “día triste para la democracia” y ha reprobado las justificaciones del PP: “Dicen que [la ley de memoria] la impuso el tercer partido en votos [el PSOE] pero ahora se deroga por exigencia del cuarto [Vox]”. Hernando ha rememorado los bombardeos sobre barrios obreros de Santander en 1936 y ha criticado que “nadie ha rendido homenaje” a sus víctimas. “Esta es la diferencia entre los bandos, eso pretendía cambiar esta ley”, ha dicho.
“La Ley de Memoria representa una justicia histórica, no es una amenaza para la convivencia sino recuperar la memoria, la dignidad, la justicia de todos, sin bandos, sin vencedores ni vencidos”, ha reivindicado el regionalista. “Si hoy derogan esta norma estarán rompiendo la máxima del apoyo a la Constitución”. Hernando ha reprochado ese “revisionismo histórico del PP y Vox” y ha lanzado invitaciones a dialogar, algo ofrecido por todas las partes pero sin visos de cuajar.
El PP y Vox, al contrario que en otras comunidades donde gobernaban juntos antes de la ruptura del pasado julio, no han anunciado una ley alternativa a la de memoria, como la de Concordia en Aragón, Castilla y León o Comunidad Valenciana. El PSOE ha recordado que el Gobierno recurriría esas nuevas normativas ante el Tribunal Constitucional.