Canarias aprueba un nuevo protocolo sobre los menores migrantes: no los aceptará sin identificar

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado este jueves un nuevo protocolo que establece más requisitos para la entrega al Gobierno canario por parte de las Fuerzas de seguridad del Estado de los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas, una medida que agudiza el pulso que mantiene el Ejecutivo autonómico con el central a cuenta de la inmigración. El nuevo texto ...

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado este jueves un nuevo protocolo que establece más requisitos para la entrega al Gobierno canario por parte de las Fuerzas de seguridad del Estado de los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas, una medida que agudiza el pulso que mantiene el Ejecutivo autonómico con el central a cuenta de la inmigración. El nuevo texto obliga a una serie de pasos que, según el Gobierno de Canarias, estaban incluidos en el protocolo de 2014 y que no se estaban cumpliendo hasta ahora, lo que está generando un “desorden”, según el texto legal, y ralentiza la entrada en los dispositivos de acogida de los recién llegados.

Entre otras cuestiones, el Ejecutivo exige a partir de este jueves una reseña previa de identificación y la inscripción en el registro de menores (RMENA). Reclama, a su vez, una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, y que para ello haya habido una audiencia previa al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, y que esta se haya producido con conocimiento de la Fiscalía. Confirmada la disponibilidad de plaza, por último, exige un acto formal de entrega con documentación individualizada y que este se produzca en una comisaría de la Policía Autonómica de Canarias o, “donde no existan, en los lugares habilitados”.

El Ejecutivo canario asegura en el texto que acompaña el nuevo protocolo que existe “desorden” en la entrega de menores por la Policía Nacional al personal de las entidades. Esta entrega se lleva a cabo, asegura, “sin que medie un control directo de la Administración autonómica ni resolución administrativa individualizada de ubicación o asignación del menor por parte del Estado a Canarias, ni tampoco decreto del Ministerio Fiscal de puesta a disposición del menor”. Por ello, aseguran fuentes del Gobierno, “no resulta posible identificar” correctamente a cada menor, puesto que en la entrega grupal no aparece la fotografía de reseña que lo relacione con su nombre, con lo que “su debida identificación y trazabilidad está en riesgo”, con la consiguiente “confusión de identidades entre menores”.

La publicación de este nuevo protocolo coincide con un momento de tensión extrema entre el Gobierno central y el canario a cuenta de la derivación de parte de los aproximadamente 5.600 menores migrantes no acompañados que tutela el archipiélago. Este martes, el presidente canario, Fernando Clavijo, dio la espalda al PSOE (con quien cuenta con un acuerdo de investidura) y oficializó públicamente un pacto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para aunar criterios de cómo debería ejecutarse la derivación de menores migrantes entre comunidades. Esta alianza ha provocado el malestar en La Moncloa.

Anteriormente, el lunes 2 de septiembre, el propio Clavijo había estallado ante los medios en contra del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese día amenazó con llevar al Estado ante los tribunales por la entrega de los menores tras un choque el viernes anterior, según explicó, entre la Policía, la Fiscalía y los responsables de las ONG en un muelle de El Hierro. Este episodio sirvió al líder nacionalista para asegurar que iba a exigir el estricto cumplimiento de los protocolos de admisión, aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, para que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias asuma su tutela. “No vamos a ser cómplices de normalizar una situación de emergencia donde no se pueden garantizar los derechos del menor”, aseguró entonces.

Ese mismo día 2, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó una propuesta de acuerdo que prohibía a las entidades colaboradoras “que no reciban nuevos migrantes con cargo a esta comunidad autónoma, salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”. Esta decisión llevó a la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado a registrar el día 10 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso contencioso-administrativo en contra de este movimiento, que considera “contrario a los derechos fundamentales de los menores y del interés superior del menor”.

Canarias lleva meses declarándose “desbordada” ante la llegada de menores no acompañados. Gobierno central y autonómico elaboraron una propuesta de reforma de la ley de extranjería que debía haber permitido la derivación de menores a otras comunidades autónomas. Sin embargo, PP —socio de Gobierno de Clavijo en Canarias—, Junts y Vox rechazaron su toma en consideración en el Congreso el 23 de julio. PSOE, Partido Popular y Gobierno de Canarias han mantenido diversas reuniones durante el verano para acercar posturas, con las dos partes —Gobierno central, por un lado; Ejecutivo autonómico y PP por el otro— acusándose mutuamente por la falta de acuerdo.

Hasta agosto han llegado a Canarias 25.524 personas en cayucos, 6.267 de ellos durante los meses de julio y agosto, cifra récord para un verano desde que existen registros detallados por meses de los flujos migratorios. En la segunda quincena de agosto, las llegadas a las costas canarias se dispararon con 3.220 nuevos casos, lo que supone que casi la mitad de las entradas de migrantes de este verano se ha registrado en estos últimos quince días, según los datos del balance quincenal hecho público este lunes por el Ministerio del Interior. De este total, según el Gobierno canario, 3.418 son menores.