El acuerdo del SUP y Desokupa revela lagunas legales en la formación externa de los policías

El acuerdo firmado por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y el empresario Daniel Esteve, dueño de la firma dedicada a los desalojos extrajudiciales Desokupa, para ...

El acuerdo firmado por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y el empresario Daniel Esteve, dueño de la firma dedicada a los desalojos extrajudiciales Desokupa, para adiestrar en técnicas de defensa personal a miles de agentes ha provocado una ola de críticas desde los ámbitos sindical y político, pero también el anuncio por parte del Ministerio del Interior de una investigación interna. La polémica ha sacado a la luz la posible existencia de una laguna legal en la formación externa que reciben los policías, ya que mientras el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha insistido en los últimos días en que no avala ningún curso que se imparta fuera del ministerio, estos sí puntúan para ascensos y destinos en los concursos de méritos, según se recoge en una orden interna de hace 30 años. La participación en los mismos como instructores de agentes en activo también plantea dudas.

En un comunicado difundido el domingo 4, el mismo día en que se hacía público el acuerdo entre el SUP y Desokupa, Interior aseguraba que la formación externa de los agentes, realizada en muchas ocasiones a través de convenios firmados por los sindicatos policiales con entidades públicas o privadas, “carece de valor alguno de cara a evaluaciones profesionales” para ascender o conseguir otro destino en la Policía Nacional. El ministerio recalcaba que la única respaldada oficialmente era la que imparte la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, tanto en la Escuela Nacional de Policía, con sede en Ávila, como en el Centro de Actualización y Especialización y en el Centro de Altos Estudios Policiales, ambos en Madrid.

Esta afirmación es rebatida por sindicatos y agentes que participan, precisamente, en actividades de formación ajenas a la institución. Es el caso de César Alvarado, policía en activo desde hace 15 años y presidente de Adbellum Formación, una asociación que colabora con el SUP en la organización de cursos de “seguridad y emergencias” para agentes. Para él, tanto las enseñanzas que su asociación imparte como la de Desokupa que ha provocado la polémica son válidas para obtener puntos en los concursos de méritos de Interior.

Alvarado se remite a una orden interna de junio de 1995 que establece los criterios aplicables en la promoción interna de los policías y, en concreto, al punto 2, que detalla los “méritos académicos y otras actividades de formación y estudio”. El apartado 3 del mismo señala que cualquier agente podrá solicitar hasta dos puntos por haber realizado “cursos relacionados con la función policial” ajenos a los que organiza la dirección general, sin más concreción. “Los policías que los hacen obtienen un diploma que acredita que lo han cursado y se incorpora a su currículum y barema [da puntos]. Es cierto que puntúa un poco menos que uno oficial, pero se tiene en cuenta”, insiste Alvarado.

Su opinión es corroborada por otro agente con amplia experiencia en impartir formación y que pide mantener el anonimato: “Los cursos que se dan a través de los sindicatos se incluyen en el expediente del funcionario y cuentan de cara a ascensos y traslados”. Alvarado y su compañero coinciden en que, por ello, Interior no puede invalidar el acuerdo del SUP con la empresa de Esteve, ya que es idéntico a otros que los sindicatos llevan años firmando con todo tipo de entidades públicas y privadas y que nunca se han cuestionado. “En esta ocasión se cuestiona simplemente porque está Desokupa”, añade el primero.

Agentes en activo dando cursos

La crítica de Alvarado al convenio entre el SUP y Desokupa no es por su contenido, sino por el protagonismo del dueño de esta empresa, al que acusa de haber puesto “a los pies de los caballos” a los policías el pasado noviembre, cuando alentó las protestas ante la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, que terminaron con graves altercados y agentes heridos. Es su único pero, porque este agente asegura que “la mayoría de formadores que tiene Desokupa son policías, guardias civiles, ertzainas y policías locales [Esteve asegura que el 85% de sus instructores son agentes en activo]”. Y añade: “Sus profesores son miembros de las fuerzas de seguridad con mucha experiencia, tanto en el trabajo de calle como en formación, y son mil veces mejores que los que imparten la formación oficial de la Administración, que en muchos casos tienen contenidos absurdos y anacrónicos”.

Es, precisamente, la anunciada presencia de agentes en activo impartiendo el curso de Desokupa lo que analiza Interior en el expediente informativo (investigación interna) que abrió el miércoles. Lo hizo tras recibir sendos informes de la Abogacía del Estado y la Secretaría General Técnica del ministerio, que ponían el acento en la supuesta irregularidad que podía suponer este hecho. En la página web con la que el Club Desokupa ya promociona el curso que podrán seguir los afiliados del SUP se destaca que, entre los “expertos en defensa personal” que lo impartirán, hay “miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Interior pretender determinar si los policías y guardias civiles que darán estas clases incumplen con ello el régimen de incompatibilidades al que está sometido todo funcionario, también los miembros de las fuerzas de seguridad. Este, en su artículo 19, contempla que los trabajadores públicos sí pueden participar en “la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine”.

El ministerio quiere determinar si este artículo ampara o no a los agentes que ejercerán de instructores para Desokupa y si para hacerlo deben solicitar una autorización previa de la Dirección General. Fuentes policiales aseguran que esta solicitud no es necesaria y que, de hecho, muchos no la piden nunca porque se consideran amparados por ese artículo. No obstante, también admiten que, en ocasiones, los agentes que imparten formación extraoficial de manera retribuida no lo hacen porque superan el máximo de las 75 horas anuales autorizadas. “Reconozco que a veces trampeamos en ese sentido para que nos salga rentable económicamente”, señala un agente que imparte formación en una academia y que pide el anonimato.

Fuentes de la Dirección General de la Policía insisten en que los policías que aspiren a realizar cualquier actividad laboral en el ámbito privado, entre ellas dar clases, están obligados a presentar una solicitud a la Oficina de Conflicto de Intereses, que es la que debe determinar si ese trabajo privado es compatible con su función policial. En caso de que concluya que no lo es y lo realice, al agente se le aplicaría el régimen disciplinario, que considera “el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades” como falta grave (hasta tres meses de suspensión de funciones) o muy grave (el traslado forzoso de destino, hasta seis años de suspensión o, incluso, la separación de servicio).