Interior estudia si retira subvenciones al sindicato policial SUP por el acuerdo con Desokupa

Investigación en marcha. El Ministerio del Interior ha anunciado este martes la apertura, por parte de la Dirección General de la Policía, de “un expediente informativo [investigación interna] para analizar el acuerdo alcanzado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Club Desokupa” por el que esta empresa ―propiedad del polémico Daniel Esteve, dueño de otra sociedad de nombre similar dedicada a los desalojos extrajudiciales― impartirá formación en defensa personal a miles de agentes a partir de septiembre. En este expediente, el departamento de Fernando Grande-Marlaska analizará si los miembros de las fuerzas de seguridad en activo que —según han destacado tanto Esteve como el sindicato en los últimos días— impartirán las enseñanzas incumplirían con esta actividad el régimen de incompatibilidades al que están sometidos los funcionarios públicos.

Interior ha solicitado también un informe a la Abogacía del Estado para conocer si el convenio entre el SUP y Desokupa “afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse”. Interior reparte cada año 237.300 euros entre las organizaciones de la Policía Nacional que han obtenido representación en el Consejo de la Policía, el órgano de negociación entre los agentes y el ministerio, en función del número de consejeros y de votos obtenidos en las elecciones sindicales. El SUP recibió el año pasado 51.454 euros por este concepto.

El sindicato se ha apresurado este miércoles a señalar que el convenio firmado con Desokupa “no implica la utilización de fondos públicos ni subvenciones de ningún tipo” y que, de hecho, estos cursos no supondrán “coste alguno” para sus arcas. El importe del mismo será abonado por los afiliados que lo realicen, que pagarán un precio reducido gracias al acuerdo firmado entre su secretaria general, Mónica Gracia, y Esteve. El SUP, que en el comunicado evita mencionar a Desokupa y se refiere a ella como “empresa privada”, está sumida en una crisis interna a raíz del acuerdo con Esteve, criticado por parte de su militancia por el perfil del empresario, que el pasado otoño alentó a través de las redes los actos de hostigamiento ante la sede federal del PSOE en Madrid que derivaron en graves altercados con decenas de agentes heridos.

La apertura del expediente por parte de Interior se produce después de que el pasado domingo, tras hacerse público a través de las redes sociales el acuerdo entre el SUP y el Club Desokupa, el ministerio anunciara que iba a “analizar la posible impugnación del convenio y estudiar si conculca los valores democráticos”. En aquel comunicado, el departamento de Grande-Marlaska recalcaba que la formación que recibirían los agentes en ese curso carecía “de valor alguno de cara a evaluaciones profesionales” de los agentes y, por tanto, no sería tenida en cuenta para ascensos y destinos. Ese mismo día, Interior solicitó sendos informes a la Abogacía del Estado y la Secretaría General Técnica del ministerio que son los que han dado pie a las medidas anunciadas este miércoles. Según fuentes conocedoras de su contenido, estos documentos ponen el acento en la supuesta irregularidad que supone la participación como instructores de policías y guardias civiles contratados por Desokupa.

En concreto, Interior va a indagar si estos agentes han obtenido las autorizaciones pertinentes. Los policías están sometidos al régimen general de incompatibilidades de los funcionarios, que en su artículo 19 contempla que sí pueden participar en “la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine”.

Interior quiere concretar ahora si este artículo ampara o no a estos agentes y, en el primer caso, si para participar como instructores en el curso deben solicitar una autorización previa de la Dirección General. En caso de que concluya que no es compatible con su trabajo o que es necesaria esa autorización y que no lo han solicitado, el reglamento interno contempla la aplicación a los policías del régimen disciplinario, que cataloga como falta grave (hasta tres meses de suspensión de funciones) o muy grave (hasta seis años o la separación de servicio) el tener un segundo trabajo sin la debida autorización previa cuando esta es necesaria.

En la página web en la que el Club Desokupa promociona el curso, se destaca precisamente que entre los “expertos en defensa personal” que lo impartirán hay “miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Esteve aseguró a este diario tras el estallido de la polémica que el 85% de los 60 instructores que los impartirán son, de hecho, policías, guardias civiles o ertzainas en activo. El propio sindicato también ha destacado en sus redes sociales que las enseñanzas serán impartidas “en su mayoría” por agentes de las fuerzas de seguridad y no por “matones”.

Los cursos constan de una parte online y otra presencial, Estas últimas, que está previsto que se desarrollen en una nave industrial, comprenden seis horas de entrenamiento intensivo en las que se recrearán lo que la web de Desokupa describe como “situaciones reales”. Se trata, en concreto, de enseñanzas que van desde nociones básicas de primeros auxilios y de iniciación para ser guía canino al denominado “grappling policial”, una técnica que combina diferentes tipos de lucha para inmovilizar a una persona. También se apunta que se adiestrará a los agentes en el uso de las porras extensibles de acero, un equipamiento que Interior ha facilitado recientemente a los agentes tras instruirles en su uso. En la página de promoción del curso, la empresa de Esteve habla “enseñar habilidades de combate”.