Radiografía de la guerra sucia del PP y su policía política contra Podemos

Las pruebas que investiga ahora la Audiencia Nacional sobre la guerra sucia del Partido Popular contra sus adversarios políticos demuestra que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tejió, con la ayuda de altos cargos policiales, una red de tentáculos que manipularon en la sombra para desacreditar a cualquier precio a Podemos, el nuevo partido de izquierdas que había irrumpido con 69 diputados en las elecciones de 2015 y acabó con la tradición bipartidista española. Esta maquinaria se valió de un grupo de agentes —en el que figuraban hasta 12 mandos de la Policía Nacional— para fabricar pruebas falsas ...

Las pruebas que investiga ahora la Audiencia Nacional sobre la guerra sucia del Partido Popular contra sus adversarios políticos demuestra que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tejió, con la ayuda de altos cargos policiales, una red de tentáculos que manipularon en la sombra para desacreditar a cualquier precio a Podemos, el nuevo partido de izquierdas que había irrumpido con 69 diputados en las elecciones de 2015 y acabó con la tradición bipartidista española. Esta maquinaria se valió de un grupo de agentes —en el que figuraban hasta 12 mandos de la Policía Nacional— para fabricar pruebas falsas contra sus parlamentarios, extorsionar a ex políticos venezolanos para que informasen de la presunta financiación ilegal de la reciente formación morada y, como adelantó EL PAÍS, rastrear masivamente a todos sus diputados entre 2015 y 2016 a través de las bases de datos del Ministerio del Interior. Y todo esto costeado con dinero público.

Todo indica que, de estos túneles excavados por el PP en las cloacas del Estado, solo se conocen algunos destellos. Ahora, el juez Santiago Pedraz que investiga estos hechos deberá unir estos puntos para conocer la verdad de esta constelación de corrupción y espionaje político. Esta es una radiografía la guerra sucia del PP contra Podemos que ahora analiza la Audiencia Nacional:

El rastro del espionaje policial

Las más de 6.900 búsquedas registradas de la policía a los miembros de Podemos entre 2015 y 2016 han revelado las costuras de una operación de guerra sucia que emprendió el Gobierno de Mariano Rajoy contra sus adversarios políticos. Aunque ya se conocían las intenciones de los altos cargos de Interior para ventilar información que dañara la reputación de Podemos, algunas veces con bulos, ha sido esta semana cuando algunas de las pruebas de un espionaje masivo pagado por el erario público han llegado a la Audiencia Nacional. Pedraz, que admitió a trámite una querella de Podemos para investigar actuaciones concretas de Interior contra esta formación, seguía la línea de investigación que se abrió a raíz de una conversación de WhatsApp entre el número dos del ministerio, Francisco Martínez, con un alto cargo de la brigada política, el comisario Enrique García Castaño. En esos mensajes el político le solicitaba al comisario encontrar algo “chungo” de todos los diputados recién electos de Podemos. “Mirar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro”, advertía entonces García Castaño”.

Sobre ese rastreo que quedó guardado en los ficheros de la Policía Nacional debe dilucidar ahora la justicia algunas cuestiones clave como la dimensión de esta estrategia de espionaje, el número de agentes implicados (los datos enviados a la Audiencia mencionan 2.726 usuarios, sin dejar claro si es número de policías), con qué fin se realizaron las más de 6.900 búsquedas de los diputados, qué se obtuvo de ellas, por qué aparecen más de 900 localizaciones de centros operativos de casi todo el territorio español desde donde se hicieron esos rastreos. La información de los ficheros que ha remitido el Cuerpo al juez no parece suficiente para explicar la gravedad de espiar a miembros de la formación cuando desempeñaban cargos públicos elegidos por los ciudadanos.

En los datos se observa el rastro de la búsqueda de los agentes a 55 diputados de este partido. Algunos eran líderes conocidos entonces de la formación, además de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Irene Montero o Pablo Bustinduy y otros que no tenían todavía tanto peso, como Yolanda Díaz o Ione Belarra. Los agentes tecleaban, junto a los nombres de los diputados, “denunciantes por apellidos”, ”consulta por nombre y apellidos”, “detenidos por apellidos”, también otros conceptos como: “hospederías”, “vuelos”, “joyas”. El miembro del partido más buscado en esos dos años fue el responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, Segundo González García. Fue rastreado más de 900 veces entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016. Mucho más buscado que Iglesias, que registra 121 búsquedas.

Extorsiones a ex mandatarios venezolanos

La cúpula policial de Interior no se limitó a rastrear a cada diputado de Podemos, también extorsionó o intentó comprar con promesas a ex altos cargos del Gobierno de Venezuela con el objetivo de obtener documentación de una presunta financiación ilegal de Podemos, presentado desde su nacimiento como un grupo político estrechamente relacionado con el presidente Hugo Chávez. Estos chantajes salieron a la luz con el caso Caranjuez, una investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid sobre una supuesta trama dedicada a estafar a ex políticos venezolanos, a los que se ofrecía supuesta ayuda y protección a cambio de dinero e información.

Al menos ocho personas implicadas en la trama (imputados, confidentes y presuntas víctimas) relataron en 2022 cómo eran estos encuentros entre los ex altos cargos venezolanos y altos mandos de la Policía durante el Gobierno de Rajoy. Por ejemplo, el exviceministro venezolano de Desarrollo Energético, Javier Alvarado Ochoa, relató ante el juez que se reunió en dos ocasiones con Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, en enero y febrero de 2016 en su despacho y le entregó cientos documentos sobre las relaciones de Chávez con empresas españolas y movimientos de dinero, pero que Pino solo se mostró interesado por información contra Podemos. Alvarado no tenía nada contra la formación de Iglesias, pero se comprometió, según su declaración, a “hablar con las agencias de inteligencia” para ver qué tenían.

El abogado José Aliste, uno de los imputados en la trama, confirmó esa reunión ante el mismo juez que tomó declaración a Alvarado. “Bonifacio [Díez Sevillano, un inspector jefe a las órdenes de Pino] dijo [a Alvarado] si tendría alguna información sobre Podemos y la financiación [...] Le preguntaron si tenía o podía tener dada su forma de llegar, información sobre la financiación de Podemos [...] Se lo dijo Bonifacio y también el DAO. Le dijo: “Señor Alvarado, usted que parece muy importante, ¿tiene?” , dijo Aliste.

Días después de la reunión con Pino, detalló en su declaración Aliste, Alvarado “consiguió una nota de cuentas” firmada supuestamente por el presidente Hugo Chávez y Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela, donde figuraba un presunto pago de siete millones de dólares a la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Vestrynge con el objetivo de que impulsaran “la creación de un partido político que fuera más proclive a los principios bolivarianos”. Con el documento en su poder, Pino envió en abril de 2016 al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago a Nueva York para que se encontrase con el exministro Isea en el consulado español y que este le tomase declaración sobre la veracidad de la nota. Fuentes Gago le prometió “protección” y una “vida nueva” en España, según se escucha en una grabación del encuentro que se filtró tres años después a los medios. “Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente... Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos”, se escucha decir a Fuentes Gago.

El exministro Isea, que presuntamente firmaba el documento, afirmó en una entrevista con EL PAÍS que le “manipularon” para que confirmara lo que aparecía en aquel documento, a pesar de que él les insistió en que tenía dudas sobre la autenticidad de la nota.

Fabricación de pruebas falsas

La manipulación para fabricar pruebas falsas contra Podemos, como aparece en el caso del exministro Isea, ha sido otros de los métodos comunes utilizados por la policía del PP, que luego filtraban a sus medios afines para hacer daño a la imagen del partido liderado por Iglesias. Uno de los casos más escandalosos fue la publicación por OKdiario el 4 de mayo de 2017 de una noticia que afirmaba “El Gobierno de Nicolás Maduro pagó 272.325 dólares (unos 256.000 euros) a Pablo Iglesias a través de un banco situado en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas”, dos meses después de la fundación de Podemos. La información resultó falsa, desmentida incluso por el Euro Pacific Bank, donde supuestamente se había hecho el ingreso. Solo dos días después, los máximos responsables de Interior hablaban del fiasco en sus conversaciones telefónicas.

En enero de 2016, Okdiario también difundió un informe sin autor conocido, denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), contra Podemos. El máximo jefe policial, Eugenio Pino, ordenó dos meses después denunciar la supuesta financiación ilegal de Podemos ante el Tribunal de Cuentas aportando ese informe previamente filtrado a varios medios. El informe fue elaborado, según el comisario José Manuel Villarejo, por otros policías de su departamento. Este caso también quedó impune.

Ante la posibilidad de que algún medio de comunicación denunciara estas operaciones sin cobertura judicial, el propio director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, escribía este mensaje a un comisario: “Nosotros estamos investigando la denuncia de que estas personas percibieron unos ingresos que constituyen incrementos patrimoniales por presuntos rendimientos del trabajo (porque el exministro de Economía Isea dijo que no sabía si existían los informes por los que se pagaba, que más bien era por discriminación de propaganda política revolucionaria) que no han sido declarados. Eso es lo delictivo y lo investigado. Y lo que ningún juez puede negarse a investigar para no cometer prevaricación. Eso es lo que alguien debería decir que se investiga a unas personas no por formar parte de un partido político sino por no tributar por lo que no han percibido”.