La Audiencia Nacional invalida todo lo investigado en el ‘caso Tsunami’ desde julio de 2021
El tribunal considera que se prorrogó la instrucción fuera de plazo y que todo lo acordado desde entonces, incluido la petición de imputar a Puigdemont, queda anulado
El caso Tsunami Democràtic experimenta una revolución de enormes dimensiones, que echa por tierra los tres últimos años de la causa judicial. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado el recurso presentado por la defensa de una de las imputadas (Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC) y ha anulado todas las indagaciones encargadas por el magistrado instructor Manuel García-Castellón desde el 29 de julio de 2021. El tribunal considera que el juez ...
El caso Tsunami Democràtic experimenta una revolución de enormes dimensiones, que echa por tierra los tres últimos años de la causa judicial. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado el recurso presentado por la defensa de una de las imputadas (Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC) y ha anulado todas las indagaciones encargadas por el magistrado instructor Manuel García-Castellón desde el 29 de julio de 2021. El tribunal considera que el juez prorrogó la investigación fuera de plazo y, por tanto, no vale ninguna de las averiguaciones recabadas desde ese momento. De hecho, el tribunal ordena a García-Castellón dictar ahora una nueva resolución para manifestar si archiva el procedimiento o sigue adelante con él, sin poder tener en cuenta ninguna de las diligencias practicadas desde el verano de 2021. Según fuentes jurídicas, este dictamen de la Sala de lo Penal deja en el aire, entre otros asuntos, el envío de la causa al Tribunal Supremo para investigar a Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, que propició su imputación.
La Sala de lo Penal ha concluido que se cometió un error durante la tramitación del procedimiento, abierto por delitos de terrorismo para investigar las protestas y disturbios registrados en Cataluña tras la sentencia del procés en octubre de 2019. En concreto, a través de un auto fechado este lunes, el tribunal considera que, hace tres años, García-Castellón prorrogó la causa el 30 de julio de 2021, cuando el plazo para hacerlo había finalizado un día antes. “Aunque ambos hechos sean cercanos, la expiración y su prórroga —están separados por menos de 24 horas—, es palmario que lo primero se había producido cuando se acordó lo segundo”, argumentan los tres magistrados que firman esta resolución (Alfonso Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio).
El caso Tsunami, que queda mermado de manera brutal, ha marcado la actualidad política durante los últimos meses; y ha influido mucho en las negociaciones para la aprobación de la amnistía. El Gobierno y sus socios de investidura tuvieron muy en cuenta esta causa a la hora de elaborar la nueva ley, con el objetivo de poder incluir a los 12 imputados entre los beneficiarios de la norma. Aunque, de momento, los tribunales no se han pronunciado sobre si se les aplica a ellos.
A su vez, la causa se encuentra dividida en dos. El Supremo asumió la parte referida al expresidente Puigdemont y Ruben Wagensberg (ERC), ambos diputados electos del Parlament y aforados. Por su parte, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional mantiene imputadas a otras 10 personas: Marta Rovira, secretaria general de ERC; Josep Lluís Alay, amigo de Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo (Bélgica), adonde el expresident huyó en 2017; los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó; Xavier Vendrell, exdirigente de ERC; Marta Molina, también de ERC; el periodista Jesús Rodríguez; Oleguer Serra, vocal de la junta directiva de Òmnium; Jaume Cabani, considerado como el tesorero de Tsunami; y el banquero italiano Nicola Flavio Giulio Foglia.
Con la resolución de la Sala de lo Penal dictada este lunes, el caso Tsunami entra en un nuevo escenario. Según varias fuentes jurídicas, el magistrado García-Castellón debe ahora evaluar todo los indicios recabados en la causa antes del 29 de julio de 2021 y decidir si, solo con ellos, cuenta con elementos suficientes para procesar a alguno de los imputados, o si debe archivar el sumario contra todos ellos. Además, según fuentes del Supremo, en el caso de querer seguir adelante contra Puigdemont, debería revaluar la exposición remitida al alto tribunal para exponer qué indicios (obtenidos antes del verano de 2021) tiene contra él, sobre la que el alto tribunal tendría que pronunciarse de nuevo.
En esta misma línea, distintas fuentes de la Fiscalía también subrayan que la causa contra Puigdemont debería decaer. De hecho, más allá de este error procesal, el ministerio público ya defendía que no existen indicios suficientes para mantener imputado al expresidente en este procedimiento, además de descartar que los disturbios perpetrados durante las movilizaciones de Tsunami puedan calificarse como terrorismo.
El caso Tsunami no se dirigió formalmente contra la mayoría de imputados, incluido Puigdemont y Rovira, hasta el 6 de noviembre de 2023, cuando el juez García-Castellón dictó un auto para citarlos a todos ellos como investigados. En el caso del expresidente catalán, al encontrarse aforado entonces por ser eurodiputado, le ofreció declarar voluntariamente, aunque a los pocos días elevó una petición al Supremo para que este asumiera la causa y lo imputara directamente —como finalmente ocurrió—. Según consta en esa exposición razonada remitida al alto tribunal, se lo puso bajo sospecha principalmente por una serie de mensajes y datos hallados en el teléfono de Alay, a los que se refiera la Guardia Civil en varios informes emitidos en 2023 —es decir, en el periodo ahora invalidado por la Sala—.
Para insistir en la tesis de que toda la causa contra Puigdemont debe anularse al haberse impulsado en el plazo que no puede tenerse en cuenta, su abogado Gonzalo Boye ha tuiteado este lunes una resolución del juzgado que afirma que no “se comenzó a investigar” a Puigdemont hasta el 6 de noviembre de 2023.
“Primer asalto, ¡ganado!”
Tras conocerse la resolución de la Audiencia Nacional de este lunes, se han sucedido las reacciones dentro del independentismo. Jordi Turull, secretario general de Junts, partido liderado por Puigdemont, ha dicho: “Es el colofón del delirio y la insolvencia de este juez y de esa causa de persecución contra el independentismo por parte de La Toga Nostra”. La imputada Marta Molina ha añadido: “Inicio del primer asalto, ¡ganado! ¡Seguimos, porque ganaremos, y lo ganaremos todo!”.
Esquerra Republicana ha difundido un comunicado para celebrar igualmente la resolución del tribunal, donde denuncia que el error en la prórroga “es solo una de las irregularidades cometidas por García Castellón en este caso, en el cual siempre ha mostrado una clara intencionalidad política”. La formación secesionista ha añadido que la situación de Marta Rovira cambia y que volverá a valorar ahora su posible vuelta a Cataluña. Rovira se encuentra en Suiza desde 2018, cuando se fugó tras ser citada por el Supremo en la causa principal del procés.