La despolitización del Constitucional de la que presume el PP se estrella contra la hemeroteca

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cubrir la vacante en el Tribunal Constitucional al que se había negado hasta ahora como un triunfo del partido para “garantizar la independencia y eliminar el control político”. Pero el hombre que, a petición de los populares, cubrirá esa plaza en el tribunal de garantías, ...

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cubrir la vacante en el Tribunal Constitucional al que se había negado hasta ahora como un triunfo del partido para “garantizar la independencia y eliminar el control político”. Pero el hombre que, a petición de los populares, cubrirá esa plaza en el tribunal de garantías, José María Macías, ha dejado claras sus simpatías y opiniones políticas en múltiples ocasiones. Contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez “desde el mismo día de la toma de posesión”, como él mismo aclaró hace un año en una entrevista con el periodista Federico Jiménez Losantos, y a favor de los populares: “Alguien me decía: ‘Dices lo mismo que dice el PP. Efectivamente, la diferencia es que yo lo dije antes y no voy a cambiarlo porque alguien haya tenido la inteligencia de repetirlo”.

Macías era uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que llevaba cinco años y medio con el mandato caducado. Desde ese organismo, que se encarga, entre otras cosas, de sancionar a los jueces que “felicitan” o “censuran” a las autoridades —considerado falta grave en la Ley orgánica del Poder Judicial—, el fichaje del PP para el Constitucional ha lanzado duros ataques contra el Gobierno. De hecho, en una entrevista en La Razón describió a ese órgano pendiente de renovación y con mayoría conservadora como “la aldea gala de Astérix, un rinconcito para resistir”. El propio Jiménez Losantos festejó en su tertulia este miércoles que Macías haya salido “reforzado” con el pacto, ya que es una figura de “metaoposición”.

En septiembre de 2022, el vocal del CGPJ admitía: “A mí me interesa saber qué va a pasar con la plaza del Senado que está pendiente”. Tras el acuerdo entre el PP y el PSOE, ya está dentro, a falta de que el nombramiento sea oficial. Pero antes de entrar en tribunal de garantías, Macías ya ha tachado de “anticonstitucionales” varias leyes del Gobierno, al que ha criticado en tertulias, artículos y entrevistas.

El argumentario del PP sobre el pacto se estrella contra la hemeroteca. Los populares, que suelen criticar al Gobierno por no respetar las instituciones, llevan semanas describiendo al Constitucional como un “tribunal de parte”. Este miércoles, Feijóo aseguró que sus magistrados guardan “obediencia debida” al Ejecutivo y, en línea con el discurso habitual de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP afirmó que España está en “riesgo democrático” y en “un contexto muy cercano” al de Venezuela por las políticas de Pedro Sánchez y su intento de “controlar la Justicia”. Pero su fichaje para el Constitucional, al que ha accedido el PSOE, ha replicado públicamente el argumentario del PP. En una entrevista hace un año en Esradio con “don Federico”, ambos compartían su preocupación por “la deriva” del Gobierno. En un texto publicado en La razón cinco días antes de las elecciones generales de julio del año pasado, quien será magistrado del Constitucional compartía su esperanza en que el Gobierno de coalición fuera desalojado del poder y siete días después del paso por las urnas, al no sumar PP y Vox una mayoría suficiente para que hubiese ese cambio político que anhelaba, Macías recordaba en el mismo diario que “tener expectativas puede ser doloroso” para recitar, a continuación, el estribillo del PP contra los acuerdos de investidura, citando a Frankenstein: “El personaje de la novela de Mary Shelley era un ser de apariencia espantosa y alma podrida, rencoroso y vengativo”.

El magistrado acudió la misma noche del acuerdo en Bruselas a Esradio para una entrevista en la que se reafirmó en sus críticas a la ley de amnistía, que a su juicio, es “anticonstiticional” y de “irremediables consecuencias”, al tiempo que añadía que, ahora que formará parte del tribunal, debe ser “exquisitamente prudente”. Mientras, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, presumía de que las mismas siglas que han catapultado a Macías al Constitucional han sido “el dique de contención” contra “las ansias colonizadoras de Sánchez, preservando la independencia judicial”. Y unas horas antes, en Bruselas, el negociador del PP, Esteban González Pons, se felicitaba por haber logrado un periodo de “enfriamiento” en los vasos comunicantes de la política y la justicia.

La idea fuerza con la que el PP defiende su cambio de postura tras cinco años y medio de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es que en ese acuerdo firmado el martes logran despolitizar la Justicia. La elección de Macías evidencia una doble vara de medir, dependiendo de quién elige. Los socialistas también han colocado en puestos sensibles de la justicia a figuras con fuertes vínculos políticos, como los exministros de Justicia Juan Carlos Campo (en el Constitucional) o Dolores Delgado (como fiscal general del Estado antes de Álvaro García Ortiz). Feijóo calificó esos nombramientos de “obscenamente partidistas”. Pero, en 2010, su partido colocó como presidente del tribunal de garantías a Francisco Pérez de los Cobos, en el listado de donantes y afiliados del PP y habitual colaborador de la fundación de José María Aznar; en 2012, también a propuesta de los populares, ingresó en el Constitucional Andrés Ollero, diputado del partido durante cinco legislaturas; en 2013, tras varios intentos, logró que entrara en el tribunal Enrique López, también colaborador de FAES -tras dimitir por conducir ebrio, fue elegido, en 2019, consejero de Justicia del Gobierno de Ayuso-. Y en 2018, el acuerdo para renovar el Consejo se frustró al filtrarse unos wasaps del portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de controlar el Supremo “por la puerta de atrás”.

El cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea muestra que España es uno de los países donde esta se percibe como menos independiente y más politizada. Y los dos principales partidos tienen ejemplos que explican esa percepción. La ponente de los recursos contra las sentencias por el caso ERE en Andalucía, Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Constitucional propuesta por el PSOE, recibió en 2012, tras un acuerdo del consejo de gobierno de la Junta andaluza, la medalla de Andalucía. El presidente autonómico era José Antonio Griñán, condenado por los ERE. Moltalbán era entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ.

El Constitucional acaba de amparar a la exministra socialista Magdalena Álvarez al considerar que el Supremo se “extralimitó” en la sentencia. Cuatro magistrados del tribunal se oponen al fallo y tres de ellos han hecho un voto particular conjunto: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez. El primero, propuesto por los populares, prestó sus servicios durante años a numerosas administraciones, mayoritariamente del PP, y mantuvo un fluido contacto con exdirigentes del partido señalados por la corrupción, como Jaume Matas. Espejel, también propuesta por el PP, fue recusada en el caso Gürtel [al igual que López] por amistad manifiesta con el partido afectado.