La Audiencia Nacional ordena al juez Pedraz reabrir el sumario por secuestro y torturas contra el hijo de Obiang

Le reprocha que haya cerrado la causa sin procesar a los investigados pese a dictar su busca y captura internacional

El juez Santiago Pedraz entra a la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, el pasado mes de febrero.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Nuevo varapalo al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la investigación contra la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial por el secuestro y torturas de varios opositores al dictador Teodoro Obiang residentes en España. La Sala de lo Penal ha ordenado al magistrado reabrir el sumario que ...

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Nuevo varapalo al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la investigación contra la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial por el secuestro y torturas de varios opositores al dictador Teodoro Obiang residentes en España. La Sala de lo Penal ha ordenado al magistrado reabrir el sumario que había cerrado sin dictar auto de procesamiento contra los investigados, pese a estar vigentes sus órdenes de búsqueda y captura internacional por delitos de terrorismo y lesa humanidad.

La Sección Tercera de Enjuiciamiento, presidida por Félix Alfonso Guevara, ha acordado revocar el auto de Pedraz en el que dio por concluido el sumario pese a que quedaban numerosas pruebas pendientes de practicar y le reprocha no haber dictado auto de procesamiento contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del sátrapa y secretario de Estado de la Presidencia, Nicolás Obama, ministro del Interior, e Isaac Nguema Endo, director general de Seguridad, los tres presuntos responsables del secuestro de los opositores secuestrados.

El instructor del caso había decretado el cierre de sumario después de que la Sección Segunda de esa Sala le obligara a continuar la investigación iniciada en 2020 y rechazara su decisión de ceder la jurisdicción a los tribunales de la antigua colonia española. Pero el intento de Pedraz de que la Sección de Enjuiciamiento (la que decide la apertura o no de juicio oral) avalara su carpetazo a la causa, ha resultado baldío.

El auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recuerda al magistrado que están pendientes la práctica de diligencias que él mismo acordó y pone el acento en la contradicción de concluir el procedimiento sin procesar a ninguno de los tres investigados cuando hay vigentes órdenes de busca y captura contra todos ellos. Órdenes que el mismo magistrado cursó, aunque lo hizo obligado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, ya que durante todo el procedimiento Pedraz se ha negado reiteradamente a dar ese paso contra los investigados pese a la petición del fiscal Vicente González Mota y la representación de los opositores secuestrados. Junto a Guevara, firman el auto Francisco Javier Vieira y Jesús Eduardo Gutiérrez.

Durante este procedimiento, el juez ha librado una batalla jurídica contra los magistrados de la Sección Segunda que han revocado, una y otra, vez todas sus decisiones. Pero los correctivos de los jueces encargados de fiscalizar la labor del instructor no han frenado la determinación de Pedraz de ceder el caso a una supuesta investigación de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial contra los tres investigados. Una estrategia que ya intentó ese país durante el juicio en Francia contra Teodorín Nguema Obiang, otro hijo del dictador y vicepresidente del país, durante el juicio denominado de los Bienes Mal Adquiridos por el que fue condenado en 2017 por corrupción a tres años de prisión, que no estaba obligado a cumplir, y a pagar una multa de 30 millones. De nuevo, la Sala Segunda revocó su auto de cesión de jurisdicción, señalando que el instructor no era competente para tomar esa decisión.

En su auto de conclusión de sumario, ahora revocado, el instructor insistió en que no se ha acreditado que el inter criminis (de los secuestros y torturas) hubiera comenzado en España. Rechazó, también, cualquier consideración sobre la dictadura de Guinea Ecuatorial, el control del poder Ejecutivo sobre los tribunales y la circunstancia de que los investigados sean un hijo de Obiang, el ministro del Interior y el director general de seguridad.

La defensa de Carmelo Ovono Obiang y de los otros dos investigados, la representa el letrado del despacho Ramón y Cajal Abogados, Javier Gómez Bermúdez, exjuez de la Audiencia Nacional y excompañero de Santiago Pedraz.

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