El Gobierno avisa a Almeida sobre su plan para hacer un cantón sobre un posible enterramiento común: “Destruir una fosa es ilegal”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este jueves el Consejo Territorial de Memoria, al que han asistido representantes de todas las comunidades autónomas, incluidas las que han derogado recientemente las leyes de memoria regionales o planean sustituirlas por otras llamadas “de concordia”. Durante el encuentro se ha aprobado, con la abstención de las comunidades gobernadas ...

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este jueves el Consejo Territorial de Memoria, al que han asistido representantes de todas las comunidades autónomas, incluidas las que han derogado recientemente las leyes de memoria regionales o planean sustituirlas por otras llamadas “de concordia”. Durante el encuentro se ha aprobado, con la abstención de las comunidades gobernadas por el PP, el reparto de tres millones de euros este año para que las autonomías continúen con las exhumaciones de restos de represaliados del franquismo, así como para tareas de divulgación de la represión y de dignificación de las víctimas, al estar los presupuestos generales del Estado prorrogados. Por otro lado, el ministerio ha recordado al Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el alcalde del PP José Luis Martínez-Almeida, que deberá paralizar su proyecto de construcción de un centro de residuos en el barrio de Montecarmelo si se confirma que bajo ese suelo hay una fosa común.

Andalucía, donde gobierna con mayoría absoluta el PP, es la comunidad que más dinero recibe (521.198 euros) de la partida aprobada hoy, debido al elevado número de fosas y restos ya exhumados o pendientes de exhumar en esa región. Le siguen Cataluña (419.856 euros), Castilla-La Mancha (307.874 euros) y la Comunidad Valenciana (289.327 euros). Esta última es una de las tres comunidades cuyos gobiernos bipartitos de PP y Vox han decidido derogar las leyes regionales de memoria. Aragón, la primera a la que el Ejecutivo central ha llevado al Tribunal Constitucional por ese motivo, recibirá 89.827 euros del Ministerio. Durante el encuentro de esta mañana no se ha abordado ese conflicto en el tribunal de garantías.

Tampoco se trató en el consejo territorial otra controversia surgida entre la Administración central y la municipal —esta vez, el Ayuntamiento de Madrid (PP)— por un asunto relacionado con la memoria democrática: la posibilidad de que haya una fosa común con los restos de cerca de 400 brigadistas internacionales de la guerra civil en un lugar donde el Consistorio madrileño pretende construir un megacantón para camiones de basura. Preguntado al respecto tras la reunión, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha relatado así las negociaciones, hasta ahora infructuosas, con el Ayuntamiento presidido por Martínez-Almeida: “Hemos vuelto a pedir que se nos autorice a realizar catas arqueológicas [ya habían contratado por 17.000 euros a una empresa especializada] para saber con seguridad si existen o no restos cadavéricos en los aledaños del cementerio de Fuencarral. La primera petición fue desestimada”.

El secretario de Estado ha explicado que el Ayuntamiento tampoco les ha entregado el informe que la corporación local encargó, por su cuenta, a otra empresa, pese a que le consta que está listo “desde abril”. “Los estudios nos dicen que los brigadistas pueden estar en ese lugar donde el Ayuntamiento pretende construir un cantón de residuos, pero evidentemente, si allí hay una fosa, no podrán tocar esa zona”, ha remarcado Martínez. Preguntado por qué opciones tiene el Gobierno en ese sentido, el secretario de Estado ha respondido: “Destruir una fosa es ilegal. Y quien tiene competencias sobre este tema es la secretaría de Estado de Memoria Democrática”. Respecto a lo que describió como maniobras de “dilación” por parte del Ayuntamiento para denegar a los especialistas contratados por el Gobierno el acceso a la zona, el alto cargo del Gobierno central insistió: “Antes o después, vamos a hacerlo. En el momento en el que salga un hueso y se certifique que allí hay cadáveres, hay que exhumarlos”.

Los consejeros autonómicos también han sido informados este jueves de la inminente puesta en marcha del banco de ADN de restos exhumados, tras la adquisición del programa informático Bonaparte, desarrollado por el Instituto Forense Holandés y utilizado habitualmente por Interpol. El sistema permitirá almacenar perfiles genéticos para realizar búsquedas sistemáticas a partir de los restos humanos procedentes de las exhumaciones de fosas comunes, y cotejarlos con los de los familiares que llevan años buscando a los desaparecidos de la guerra civil y la dictadura.