El PP esquiva otra imputación por las maniobras de Interior en la época de Rajoy

La etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, con el Gobierno de Mariano Rajoy, se encuentra bajo sospecha. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha iniciado una investigación por las maniobras urdidas en dicho departamento contra Podemos, que se suma a otras pesquisas también impulsadas en este tribunal por el caso Kitchen, la operación de espionaje ideada en 2013 contra el extesorero popula...

La etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, con el Gobierno de Mariano Rajoy, se encuentra bajo sospecha. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha iniciado una investigación por las maniobras urdidas en dicho departamento contra Podemos, que se suma a otras pesquisas también impulsadas en este tribunal por el caso Kitchen, la operación de espionaje ideada en 2013 contra el extesorero popular Luis Bárcenas para robarle documentación sensible sobre altos cargos del PP, que entonces estaban cercados por el sumario judicial sobre la trama Gürtel. Sin embargo, pese a que se señala al partido como el beneficiario de todas estas artimañas, la formación ha esquivado hasta ahora todas las peticiones de que sea imputada como persona jurídica.

El PP acaba de evitar, precisamente, el último intento. El juez Santiago Pedraz —que ha aceptado esta semana la personación como acusaciones del PSOE y de Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos, en la causa sobre la guerra sucia contra esta última fuerza política— ha descartado, sin embargo, imputar a los populares como persona jurídica, como había pedido el exvicepresidente del Gobierno. El magistrado argumenta que, de momento, no cuenta con indicios suficientes para actuar contra el principal partido de la oposición: “[No cabe extender la investigación al Partido Popular, vista la solicitud de recibirle declaración en calidad de investigado, pues no basta decir que ‘las actividades presuntamente delictivas pretendían conllevar un correlativo beneficio para dicha formación política, participando en los hechos objeto de la querella altos cargos institucionales del mismo”, subraya el instructor de la Audiencia Nacional.

Los socialistas ya intentaron sentar en el banquillo al PP por el caso Kitchen, que se encuentra pendiente de juicio. Pero tampoco tuvieron éxito. El PSOE, personado igualmente en ese sumario como acusación popular, plantearon que, además de a los 11 procesados, se abriera juicio oral a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo para que respondiese, entre otros aspectos, por todo el dinero de los fondos reservados que se gastó en la operación de espionaje contra Bárcenas, urdida desde Interior en época de Fernández Díaz. “No es posible entender, y mucho menos explicar aisladamente, las razones de la frenética actividad parapolicial que se pone en marcha en Kitchen sin ponerla en relación con una operativa mucho más amplia, puesta en marcha por la dirección nacional del PP para defenderse de la acción de la justicia que investigaba Gürtel y sus diferentes ramificaciones territoriales”, esgrimía la fuerza política encabezada por Pedro Sánchez.

Sin embargo, al dictar el auto de apertura de juicio oral, el magistrado Manuel García-Castellón rechazó esa posibilidad. El juez de Kitchen descartó esta exigencia al considerar que se introducía “ex novo”. Según argumentó el instructor de la Audiencia Nacional en su resolución, “hasta” ese “momento”, no se había “dirigido pretensión alguna en este sentido” contra el partido y, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, “resultaba extemporánea”, teniendo en cuenta que se realizaba además “sin concretar la cuantía, ni los hechos y acciones concretas de los que emana dicha responsabilidad”.

Posteriormente, el propio exministro y su antigua mano derecha y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se sumaron a la iniciativa del PSOE para sentar al PP en el banquillo, y señalaron a su partido como el gran beneficiario de la trama contra el extesorero. Así lo pedía la defensa de Fernández Díaz: “Del propio relato fáctico de los escritos de acusación, se desprende que el origen y epicentro de los hechos presuntamente delictivos fue el espionaje y la sustracción a la familia Bárcenas de información supuestamente perjudicial para los intereses del PP, siempre en su beneficio y utilizando para tales fines fondos reservados”, rezaba un escrito enviado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que añadía: “Siendo así y solicitándose una condena en vía de responsabilidad civil, que se acoge y refleja en el propio auto de apertura, resulta obvio, coherente y necesario incluir al PP como partícipe a título lucrativo”.

Frente a la posición adoptada en estos dos sumarios, la Audiencia Nacional sí ha condenado ya tres veces al PP en los juicios sobre la trama Gürtel, al haberse beneficiado de los tejemanejes del empresario corrupto Francisco Correa, que anidó en el corazón del partido conservador.